Fraude de subvenciones en Andalucía: así saltó el caso de las facturas de UGT que coincidió con la explosión de los ERE

A Fernández Sevilla le tocó salir “políticamente” de UGT Andalucía el 29 de noviembre de 2013, hace ahora once años. Así se lo confesó a este periódico el sustituto de Manuel Pastrana mientras escribía su carta de dimisión al histórico Cándido Méndez. La presión, apenas seis meses después de llegar al cargo, pudo más que su intención de ser “el último bastión” para las personas trabajadoras con Rajoy instalado en La Moncloa. Por entonces se empezaba a hablar de posibles fraudes y de las facturas falsas con cargo a la Junta, un caso que le acaba de condenar a tres años de cárcel y multas de 50 millones junto a otros tres antiguos dirigentes sindicales, a expensas de los recursos ante el Tribunal Supremo. El primero ya ha sido anunciado por UGT, a quien los jueces le hacen responsable subsidiario de una indemnización de más de 40 millones de euros porque, según zanjan, su 'competencia' “se deriva en este caso de forma más evidente por ser la beneficiaria de las subvenciones y de las cantidades defraudadas”.

Solo veinte días después de la marcha de Fernández Sevilla, por orden de la jueza Mercedes Alaya medio centenar de agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil registraron la sede regional de UGT que, de acuerdo a la Audiencia de Sevilla, sostuvo durante años “una vía de financiación para sufragar gastos de estructura propios del sindicato a costa de fondos públicos”. El pasado siempre vuelve pese a que la que tendría que lidiar con ese toro, Carmen Castilla, pedía dejarlo “atrás” nada más tomar las riendas del sindicato, que este miércoles defendía no haber sido condenado por “ningún delito”.

En la segunda mitad de aquel año 2013, el caso de los ERE ya había cuajado judicialmente. Apenas un par de meses antes de aquella dimisión del máximo dirigente de UGT en Andalucía, Alaya pidió la imputación de los expresidentes Chaves y Griñán en una decisión difundida a la prensa por el PP andaluz en el mismo momento de la toma de posesión del nuevo Gobierno de Susana Díaz (luego anulada por la Audiencia). La sombra de la corrupción, con la administración socialista y UGT en el disparadero judicial (ambos en manos de la jueza), animaba las filas de la oposición del PP. “Una foto más de la época pasada de gobiernos del PSOE”, ha sido el resumen del consejero de la Presidencia este mismo miércoles al ser preguntado por el fallo de la Audiencia.

Alaya, apartada

Meses más tarde, en marzo de 2014, la Audiencia ordenó que Alaya dejara de investigar las facturas de UGT al no guardar relación con el caso de los ERE. La entonces titular del Juzgado de Instrucción número 6 se encargaba de investigar las subvenciones concedidas por la Junta a través de la Dirección General de Empleo, si bien era el Juzgado de Instrucción número 9 el que estaba realmente encargado de las pesquisas sobre el fraude sindical, de acuerdo a la sentencia conocida ahora.

La Junta de Susana Díaz, paralelamente y con los ERE encima, empezó una ardua tarea de revisar todas las subvenciones concedidas para cursos de empleo desde 2007 y que fueron concluyendo que hubo errores de justificación en la mayoría de las subvenciones concedidas a UGT-A entre 2008 y 2011, pidiendo el reingreso de un porcentaje de cada una al sindicato. A ello hace mención la sentencia: “No cabe la condena en costas de la Junta de Andalucía como solicita la defensa de UGT-A, por cuanto su declaración de responsabilidad debe ser declarada en este procedimiento sin perjuicio de que haya alcanzado un acuerdo para el pago de los posibles reintegros a los que puede ser condenada en la jurisdicción contenciosa”, dicen los jueces.

Los proveedores, detenidos y absueltos

Ya en junio de 2014 tuvo lugar una segunda operación que se saldó con 14 detenidos (cinco en Madrid, uno en Jaén, siete en Sevilla y uno en Gran Canaria), la mayoría administradores de empresas, acusados de cooperadores necesarios por haber confeccionado una contabilidad 'b' para recibir las subvenciones de los cursos de formación en connivencia con empleados de UGT y que han quedado ahora absueltos.

Aquella operación policial partió de la documentación incautada y de los interrogatorios practicados una semana antes de las elecciones europeas por orden de la jueza Mercedes Alaya. Los abogados del sindicato han expuesto en más de una ocasión que Alaya trató de acaparar las grandes causas y que lo hizo, en el caso de UGT-A, bajo un secreto de sumario “injustificado”, acompañado de un “juicio paralelo” en determinados medios de comunicación.

Entre aquellos arrestados estaba el que fuera tesorero de UGT-A, Federico Fresneda, ahora condenado y a quien la Federación de Servicios Públicos del propio sindicato señalaba como responsable de las cuentas cuando se destapó el caso, el pasado otoño. “No es justo que Paco y Manolo (Fernández Sevilla y Pastrana) paguen por la responsabilidad de otros, y que se lleven por delante el trabajo de los últimos 10 ó 12 años de este sindicato”, lamentó el día de la dimisión de Fernández Sevilla el histórico Antonio Tirado a elDiario.es Andalucía.

“Respecto a los antiguos dirigentes del sindicato que han sido condenados, a nivel particular, consideramos que serán sus abogados quienes deberán determinar la presentación de los correspondientes recursos”, ha dicho UGT Andalucía en un escueto comunicado de reacción a la sentencia de la Audiencia que el sindicato, tirando del clásico dicho, “respeta pero no comparte” en cuanto a “sus argumentos y conclusiones”.

Otros casos con mejores noticias para UGT

No ha sido el único vaivén judicial relacionado con UGT en los últimos años. En abril de 2023, el Juzgado de lo Penal número 15 de Sevilla resolvió la firmeza de la sentencia dictada también por la Audiencia contra el extrabajador de UGT Andalucía Roberto Macías, condenado en noviembre de 2022 a un año de cárcel por un delito de descubrimiento y revelación de secretos por filtrar a medios de comunicación “información reservada y sensible” de la trama de las presuntas “facturas simuladas” de la organización sindical, y que testificó en el juicio que ha derivado en la sentencia conocida ahora.

Ese juzgado había condenado a Macías a dos años de prisión, si bien la Audiencia le rebajó la condena a la mitad al apreciar las dilaciones indebidas en el proceso judicial iniciado en 2013. Precisamente ese marco temporal era el que provocó que, según los tres magistrados de la Sección Séptima, entre ellos Mercedes Alaya, que ordenó aquellas primeras diligencias como ya se ha dicho, no cupiera recurso de casación, puesto que la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, permite ese tipo de recursos contra sentencias dictadas en apelación pero de aplicación a procedimientos incoados con posterioridad a su entrada en vigor.

En octubre de 2021, el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla (que dirigió el caso de las facturas) dio carpetazo a la denuncia de la Fiscalía de Sevilla contra las antiguas cúpulas de los sindicatos CCOO y UGT en Andalucía, a las que atribuían un presunto delito de malversación por no devolver a la Junta de Andalucía 6,7 millones de euros recaudados con la gestión de las residencias de tiempo libre.