70.000 hectáreas en revisión, despidos y más inversión privada: los planes para el organismo

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) auditará las más de 70.000 hectáreas que no están siendo utilizadas para evaluar si son vendidas o utilizadas de otra manera en el futuro; tratándose de una parte del paquete de medidas que impulsan desde la dirección del organismo, a cargo de Nicolás Bronzovich, y que prevé más despidos de su dotación y mayor participación de privados en proyectos de investigación.

Son cuestiones que fueron abarcadas ayer por el vocero presidencial Manuel Adorni cuando anunció en conferencia un "plan de modernización del INTA" que se pondrá a votación en el Consejo Directivo del ente, el cual incluye la venta de edificios y tierras subutilizadas, además de la baja de 227 ingresos que se dieron bajo el último año de la administración de Alberto Fernández.

A diferencia de lo que pareció haber dejado ese anuncio, fuentes del ente agropecuario aclararon a El Cronista que no hay hectáreas productivas que se vayan a poner a la venta. De las 116.000 hectáreas con las que cuenta el INTA, hay 45.000 que están en uso y otras 71.000 que no. Es sobre ese último grupo es donde puede haber novedades.

La política de venta de terrenos del INTA

Entre ese número de hectáreas hay tierras pasibles de ser utilizadas para investigaciones científicas. A priori, marcan que se analizará caso por caso y que hay terrenos que no cumplen con los criterios que exige INTA para desarrollar experimentaciones: algunas tierras fueron donadas décadas atrás y quedaron rodeadas en el medio de ciudades que fueron creciendo, otras están en lugares de difícil acceso, no son productivas o están tomadas.

Sí está en desarrollo la venta del edificio de INTA de las calles Cerviño y Ortiz de Cambio, ubicado en el barrio porteño de Palermo que cuenta con una superficie total cubierta de 3143 m2 en tres plantas distintas sobre un terreno de 919 m2. Su subasta será el 23 de diciembre y tendrá un precio base de venta de u$s 6.378.968.

Allí funcionaba la Fundación ArgenINTA, INTeA y las Direcciones de Vinculación Tecnológica y de Relaciones Internacionales. También, según comunicó Adorni, "se va a poner a disposición el predio del ente estatal en Cerrillos, en la provincia de Salta".

El proceso de auditoría sobre las 71.000 hectáreas podría finalizar en febrero y en abril podrían tenerse las primeras decisiones sobre qué podría ponerse a la venta y qué puede preverse como insumo estratégico a posteriori.

El objetivo de atraer inversiones privadas al INTA

Y es que desde la dirección del Instituto impulsan como principal objetivo de gestión el incremento de la participación privada en las investigaciones del organismo. Tal y como comunicó Adorni, en la actualidad este número es menor al 10%. Para el mediano plazo se busca llegar al 20%, para después pasar al 2027 con un 30% de participación.

"Lo que se busca es que el INTA esté más integrado al privado, generando modelos más interactivos para proponer y disponer de proyectos", afirman fuentes gubernamentales.

Una de las intenciones de Bronzovich y compañía es que se descentralice el poder decisorio sobre las investigaciones y que las decenas delegaciones del INTA en todo el país puedan coordinar más fácilmente con los privados locales interesados en invertir en proyectos. "Para eso deben cambiarse normativas y procedimientos de selección", afirman.

Actualmente hay más de 1500 investigaciones en curso: todas ellas se están relevando para que después se decida si continúan o no por decisión del Consejo Directivo del Instituto, el órgano clave que tiene (y seguirá teniendo) incidencia en las decisiones de reforma al interior del INTA.

El Consejo está integrado Bronzovich, y su vice, María Beatriz Giraudo, ambos en representación del Poder Ejecutivo; representantes de universidades públicas nacionales, y de cinco entidades agropecuarias privadas: la Sociedad Rural Argentina, Coninagro, Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Federación Agraria Argentina (FAA).

La nueva política del INTA y los futuros despidos

Además de las investigaciones que continuarán, la Dirección tiene que decidir cuáles lotes pueden ponerse a la venta y qué programas serán discontinuados. Ayer, el vocero presidencial comunicó que se dejará de darle prioridad a los programas y políticas "desvirtuadas por la gestión anterior" con temas como "las cuestiones de género, los falsos mapuches y la agricultura familiar".

En cambio, afirman que la nueva impronta de la dirección del INTA deberá ser la orientada a "integrar al sector privado". Según afirman desde el Gobierno, ya hubo audiencias con empresas del sector agropecuario para promover las primeras líneas de inversión. "Hay sectores como los semilleros que están dispuestos a que se genere esa sinergia", indican.

El presupuesto actual del INTA es de aproximadamente de u$s 250 millones. Si se hace una estimación con fondos constantes, los privados deberán pasar a invertir de u$s 25 millones a u$s 75 millones. ¿Cómo prevén hacerlo? Altas fuentes solo se limitan a decir que deberían producirse por el rol que le van a querer dar a las empresas. "Si participan más, van a crecer más. Es algo que se va a dar en algún momento", afirman.

En el plan de recorte del gasto que está ejecutando la actual administración está contemplada una reducción de una parte de la dotación actual, que consta de 6831 personas según cifras de INDEC. "Desde el 2003 al 2015 la planta del INTA se pasó de 3400 a 7500 empleados", esgrimen desde la conducción del Instituto, sin justificar concretamente por qué la ampliación de la dotación sería un elemento negativo, si constan pruebas de cuantos fueron nombramientos políticos y si consideran entonces que 3400 debería ser el número óptimo. "No hay tal cifra, está en evaluación", responden.

Para esta jornada se va a terminar de firmar la no renovación de 227 personas que entraron al INTA en el último año de la administración de Alberto Fernández, en línea con el decreto publicado el año pasado por Javier Milei para que esa decisión se replique en toda la administración pública.

Se espera que con la racionalización de investigaciones y la baja de inmuebles para el mediano-largo plazo, la disminución de la planta sea mayor. "Dentro de los más de 6000 trabajadores que hay en el INTA tenés gente muy capacidad y de alto valor, y otros que no se justifica que sigan", concluyen al respecto desde el Gobierno.