Una acusación del "caso Koldo" alerta de que el PSOE intenta personarse "para obtener información privilegiada" de la investigación
Iustitia Europa, una de las acusaciones populares del "caso Koldo", ha enviado un escrito a la Audiencia Nacional para interesar que se interrogue en calidad de testigo a la empresaria que asegura haber entregado en octubre de 2020 90.000 euros como comisiones ilegales en la sede central del PSOE de la madrileña calle de Ferraz.
A fin de esclarecer la veracidad de estas afirmaciones de la empresaria solicita al instructor que le requiera la aportación de una copia de la declaración jurada ante notario -en la que explica las entregas de dinero- que dijo haber realizado en una entrevista en prensa. El objetivo de la diligencia que reclama es "contrastar su contenido con las alegaciones formuladas" por los varios imputados por la trama de cobro de comisiones ilegales en las adjudicaciones públicas para el suministro de las mascarillas.
Insta, por ello, al magistrado Ismael Moreno a que proceda a citar a Carmen Pano y a su hija, Leonor María González Pano, por su papel como propietarias de la empresa de distribución de hidrocarburos Have Got Time SL, la mercantil que -según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil- pago una parte (526.500 euros) del chalé de la urbanización de La Alcaidesa de la Línea de la Concepción. La vivienda que fue luego usada y disfrutada por José Luis Ábalos, entonces ministro de Transportes y, ahora, diputado del Grupo Mixto imputado ante el Tribunal Supremo por su papel en el entramado.
Remite el partido político que lidera el letrado Luis María Pardo los fragmentos del informe de la UCO en que se les señala a madre e hija por su relación con la compañía Villafuel, propiedad de Víctor de Aldama y su socio Claudio Rivas y a la que investiga, paralelamente, el juez Santiago Pedraz en otro Juzgado de la Audiencia por el fraude millonario al IVA. De hecho, Rivas sería la persona que controlaba de manera real Have Got Time.
Por un lado, los agentes de la UCO evidenciaron que entre los días 24 y 28 de diciembre de 2020, mientras se acababa de decidir qué chalé era el escogido para el exministro -de hecho, se considera que fue el propio Ábalos el que tuvo la última palabra en la decisión-, se gestó una entrevista entre Carmen Pano, Rivas y tres personas más con el director de gabinete de la entonces ministra de Industria, Reyes Maroto.
Esta reunión tuvo lugar finalmente, tal y como indagó la UCO, el 14 de enero de 2021 tras haber sido promovida y orquestada por Aldama, quien, a su vez, "les puso en manos de" Koldo García, la mano derecha de Ábalos en aquella época, para que fueran recibidos por el jefe de gabinete de Maroto.
Por otro, expone esta acusación, de nuevo echando mano de los informes de esta Unidad de la Guardia Civil, que Leonor, tiutlar formalmente de esta empresa, "fue una de las personas que fue introducida por Aldama, a través de Koldo, al director del gabinete del Ministerio de Industria para poder obtener la autorización para que Villafuel pudiese operar en el sector de los hidrocarburos.
En este sentido, la UCO, como recogen, explicitó que de una conversación de Whatsapp en diciembre de 2020 entre el comisionista y esta empresaria se puede extraer que en ese momento el primero (Aldama) "se encontraría realizando las gestiones oportunas para iniciar un negocio en el sector de los hidrocarburos con Rivas y Carmen Pano", para lo que era fundamental obtener la condición de operadora y con la vista puesta "en poner así en marcha el presunto fraude". ç
Precisamente, esos casi 100.000 euros que esta empresaria asegura haber entregado, por orden expresa de Aldama, en la sede nacional del PSOE procederían de Villafuel, que en septiembre de 2022 se convirtió en operadora de hidrocarburos, tras habérsele denegado inicialmente en septiembre de 2021.
Motivado por la necesidad de conseguir este título habilitante, el día 24 de diciembre de 2020, Leonor le requería a Aldama que intermediara para poder mantener un encuentro con el Ministerio de Industria, de quien dependía el otorgamiento del título de operador, y, por tanto "no es de extrañar que fuera ella" ya que en ese momento Aldama y Leonor tenían un "trato cercano".
Esta relación que ha tenido con el conseguidor de la "trama Koldo" es uno de los motivos que aduce Iustitia para hacerle ver al juez la necesidad de que "dicha persona tenga que venir a declarar como testigo".
No se olvida la formación política parte del procedimiento de que Aldama en su declaración voluntaria del pasado 22 de noviembre mencionó estas "gestiones" que habría realizado con Industria por "el asunto de los hidrocarburos y las licencias para los mismos", y "así viene motivado por la UCO en su informe debido a la necesidad de conseguir este título".
Se opone a la personación del PSOE en la causa
Iustitia reclama, asimismo, al instructor que rechace la personación del PSOE en la causa "al existir indicios de su posible relación los hechos investigados".
Alerta esta acusación de que detrás de intención de los socialistas de ser parte del procedimiento judicial podría haber un intento de "obtener acceso privilegiado a información procesal sensible para desviar la atención sobre su supuesta implicación en los hechos investigados", en relación a las propias acusaciones en las que Pano aseguró haber entrado dinero en metálico como "mordidas" en Ferraz.
Para el partido de Pardo "las entregas de dinero refuerzan la hipótesis de que ciertos miembros del partido (PSOE) habrían tenido supuestamente conocimiento o participación en operaciones ilícitas".
La relación entre las Pano, las transferencias de dinero y bienes entre las sociedades de ambas, constituye para esta acusación "un nexo de interés procesal que debe ser investigado sin interferencias que puedan surgir de la personación del PSOE en calidad de perjudicado o interesado".