Lo que quedó patente en las últimas sesiones de la comisión de investigación sobre la contratación pública de la Xunta, lo confirmó este jueves el representante de la firma Garrigues, encargada de realizar el informe de viabilidad para construir el Hospital Álvaro Cunqueiro durante el bipartito. La colaboración público-privada era la única opción viable para materializar la infraestructura en plena crisis del ladrillo, constató, en la gallega igual que en cualquier otra administración de España. Todo en una jornada en la que la que el objeto de la comisión, el sobrecoste, pasó a un segundo plano, después de que la oposición admitiese que no existió «en sentido estricto». Según explicó el representante de Garrigues Abogados, Alfredo Fernández Rancaño, en 2008 participó en la elaboración del informe de viabilidad para financiar, construir y explotar una serie de centros hospitalarios –entre ellos el Cunqueiro– a través de una sociedad mixta –un 90% privada y un 10% pública–, encargado por el gobierno de Emilio Pérez Touriño. En ese momento, indicó, uno de los criterios para desarrollar esta infraestructura era que no tuviese incidencia en la consolidación presupuestaria«, puesto que »ninguna administración pública de España tenía capacidad de endeudamiento« y era »imposible« generar infraestructuras sin incrementar el déficit. Una situación que, dijo, solo dejaba dos alternativas: la colaboración público-privada contractual o institucionalizada. Con todo, en la réplica, la oposición se mantuvo en la posición que había defendido María José Caride, conselleira de Política Territorial durante el bipartito– el día anterior. Sí, se encargó el informe, pero finalmente la Xunta «decidió otra fórmula muy distinta», defendió el nacionalista Óscar Ínsua: sería a través «de un encargo a la Sociedade Pública de Investimentos de Galicia». Cuestionó, a renglón seguido, «dónde está» el informe que avale que esa opción era «inviable», pregunta que no tardó en ser respondida. Reiterando lo que ya dijeron otros comparecientes, Fernández explicó que si «cualquier unidad institucional pública no de mercado», como el SPI, licitase un contrato de obra, «impactaría en el endeudamiento público» yendo en contra de las reglas fiscales europeas instauradas por la crisis. Más contundente fue el siguiente compareciente, el conselleiro de Facenda Miguel Corgos, que tachó la insistencia de la oposición en la existencia de irregularidades de «cínico ejercicio de manipulación». Defendió que en aquel momento «no había financiación» para acometer las obras y que, finalmente, el sistema que se empleó para construir el Cunqueiro «fue el mismo» que se le planteó a Garrigues. Y citó el informe de Contas, que indica que «la Administración no estaría en condiciones de formalizar el contrato de obra y cumplir con los objetivos de déficit». Asimismo, sobre la diferencia de 133 millones –en base al valor neto anual «que es como se deben comparar los proyectos que suponen un pago anual», y no con los 470 millones– se mostró escéptico sobre el cálculo realizado, «cuestionable» por emplear una tasa de reposición del 6% y también porque «no recoge determinados costes en la comparación del procedimiento de licitación tradicional». En todo caso, del sobrecoste se habló poco en la jornada, pese a ser uno de los objetos de la comisión impulsada por el Bloque. Ya el miércoles, los socialistas reconocieron que no hablan de sobrecoste «en el sentido estricto». Esto se debe a que Contas refleja una diferencia de coste en base a una situación hipotética no realista, porque de haber escogido otra opción de licitación se hubiese incumplido el objetivo de déficit. Este jueves, por su parte, la socialista Patricia Iglesias optó por emplear el término de «exceso», porque «evidentemente no es un sobrecoste en términos jurídicos»; mientras que los nacionalistas optaron por empezar a usar también «sobreprecio». En cambio, fueron otras las cuestiones las que coparon el protagonismo de la jornada, además de la ausencia de Alberto Núñez Feijóo entre los comparecientes y la denuncia de «veto» impuestos por el grupo popular, recurrentes en todas las sesiones. Entre estos asuntos, cuestionaron la sustitución del estudio de viabilidad completo por un estudio de viabilidad económico-financiera, así como la legalidad de la ampliación del perímetro de la concesión para servicios no sanitarios –como son la limpieza o la lavandería– a los hospitales Meixoeiro y Nicolás Peña. A la primera cuestión, le respondió Corgos, pese a que se trata de una «opción legal», como recoge el informe de Contas. Al respecto, el conselleiro aseveró que el mismo documento explica que «se respetaron todos los procedimientos administrativos y las normas» en la adjudicación del contrato, por lo que, evidentemente, «el procedimiento tuvo toda la documentación» necesaria. A la segunda, contestó el diputado popular Roberto Rodríguez, que se remitió a la respuesta que dio a la misma pregunta el conselleiro mayor de Contas. La modificación del perímetro «tiene difícil encaje legal en la legislación vigente», recordó, pero «tiene una explicación», que es que la lavandería y la cocina del área sanitaria están en el Cunqueiro. «Es facilísimo de entender si hay voluntad», dijo, asegurando que se trata de una cuestión de «organización para mejorar la eficiencia de los recursos» y arremetiendo, a la vez, contra la «paranoia corrupta» que «invade» a una oposición que, aseveró, «se esfuerza por mantener viva con respiración asistida» la polémica sobre el hospital.
