Si tu pareja revisa tu celular sin permiso, ¿puedes denunciarlo? Esto dice la ley en Perú: "Es un delito penado con cárcel"
La revisión no autorizada de un celular plantea un dilema sobre la privacidad en un contexto donde los dispositivos móviles almacenan información personal, íntima y financiera. El acceso a este contenido sin permiso puede tener implicaciones legales dependiendo de la naturaleza de la intrusión y el uso que se haga de la información obtenida.
El Código Penal peruano y las leyes de privacidad protegen las comunicaciones electrónicas, por lo que establecen penas de prisión para quienes accedan sin autorización a un celular. Sin embargo, ¿qué sucede cuando esta invasión proviene de una pareja o alguien cercano? Aunque la relación sea de confianza, esta acción podría tener consecuencias legales, y quienes se vean afectados pueden recurrir a la justicia. La República entrevistó al abogado Mario Amoretti para responder esta pregunta y más.
¿Por qué la revisión no autorizada de un celular puede ser considerada un delito?
La revisión no autorizada de un celular puede ser considerada un delito porque vulnera el derecho a la privacidad, un principio fundamental en la legislación peruana. Según el Dr. Mario Amoretti, "mi celular no puede ser interceptado, no puede ser intervenido por nadie si no es con una autorización judicial". Esta intervención, realizada sin el consentimiento del dueño del dispositivo, constituye una violación directa de la intimidad personal, ya que un celular puede almacenar no solo comunicaciones, sino también imágenes, información financiera y otros datos sensibles. La ley protege este derecho y establece que cualquier acceso no autorizado a un sistema informático, como un teléfono móvil, es ilegal.
Expertos en derecho digital advierten que la intrusión en el celular de otra persona, incluso si esta proviene de un cónyuge o una pareja, es igualmente ilegal. "Cometer este delito contra la intimidad basta con descubrir información personal del dueño del teléfono, además de existir dolo, que es la conciencia del acto ilegal", explica el especialista Erick Iriarte. Esta definición resalta la gravedad de la acción, incluso cuando la relación entre las partes podría hacer pensar que no existe intención maliciosa. Así, la ley establece que la sustracción o apropiación de información de un aparato electrónico sin consentimiento es un delito, y debe ser tratado como tal, independientemente de la cercanía entre las personas involucradas.
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¿Qué dice la ley peruana sobre la invasión a la privacidad en las relaciones de pareja?
La legislación peruana establece claras protecciones sobre la privacidad personal, especialmente en lo que respecta a la información contenida en los dispositivos móviles. El artículo 2 de la Constitución resalta que "la intimidad y el secreto de las comunicaciones y telecomunicaciones, incluido el celular, son derechos que están contemplados en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado peruano". Esta norma otorga una base sólida para rechazar cualquier intervención no autorizada en los teléfonos móviles, considerando dicha acción como una invasión a la privacidad.
Por otro lado, el Código Penal impone sanciones específicas para quienes violen la intimidad de una persona, ya sea a través de observación, escucha o registro sin consentimiento. La pena prevista es de hasta dos años de prisión, aunque esta puede incrementarse si la información íntima es divulgada en medios de comunicación. En cuanto a la relación entre las partes, Iriarte explica que "dependerá de cada ilícito y si tiene atenuantes o agravantes precisamente por la condición de cónyuge o pareja". Esto sugiere que, aunque la relación de pareja podría influir en la aplicación de la pena, la ley considera la invasión a la privacidad como un acto serio, sin importar los lazos personales.
¿Cuáles son las consecuencias legales para quien accede sin permiso al celular de otra persona?
El proceso de denuncia por la intervención no autorizada de un celular debe iniciarse ante las autoridades correspondientes, quienes evaluarán el caso, según los hechos específicos. En primer lugar, la persona afectada debe acudir a un juez, tal como explica el Dr. Mario Amoretti. Este procedimiento formal debe ser respaldado por evidencia que demuestre la intervención, ya sea de forma física o digital, del dispositivo sin el consentimiento del propietario.
En cuanto al tiempo que puede durar el proceso judicial, la pena por este delito puede oscilar entre uno y dos años de prisión, dependiendo de las circunstancias del caso. "El tiempo máximo es de dos años, pero esto igual va a depender de investigaciones", señala Amoretti. Las investigaciones determinarán si existen atenuantes o agravantes, lo que podría modificar la duración de la pena. Además, la denuncia debe especificar el daño causado, pues, como menciona el especialista Iriarte, "dependerá de cada ilícito y si tiene atenuantes o agravantes precisamente por la condición de cónyuge o pareja", las sanciones podrían ser ajustadas.