La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López , ha presidido este viernes en Sevilla el pleno del Observatorio Andaluz contra la Violencia de Género , donde ha presentado la revisión del Protocolo Andaluz para la Atención a Mujeres con Discapacidad Víctimas de Violencia de Género , el cual «se ha reforzado y ampliado» para «ofrecer una asistencia más integral y completa». Según ha informado la Consejería en una nota de prensa, antes del pleno se ha guardado un minuto de silencio por el bebé de dos años asesinado en Linares (Jaén) y que se ha confirmado como un presunto caso de violencia vicaria , la consejera ha condenado estos hechos, que son «un sin sentido y un horror», al tiempo que ha calificado de «muy dura» esta semana, la cual comenzó con el asesinato de una mujer en Estepa (Sevilla) presuntamente por su pareja. Asimismo, ha incidido en «la importancia de un foro como éste» donde de manera coordinada, se profundiza en «el análisis de las distintas manifestaciones de la violencia de género». En esta sesión plenaria, se ha abordado «este protocolo centrado en las mujeres con discapacidad, así como se han esbozado las conclusiones de un estudio diagnóstico sobre la ciberviolencia». La consejera ha explicado que el protocolo de atención específica para mujeres con discapacidad se aprobó en 2021. Tras la activación del Observatorio Andaluz contra la Violencia de Género, se puso en marcha el año pasado un grupo de trabajo centrado en las víctimas con discapacidad, el cual ha sido el encargado de «reforzar y mejorar el protocolo». Entre las novedades, ha destacado que se ha abierto a más ámbitos de actuación. Así, mientras el anterior protocolo estaba «centrado en el área de actuación judicial con un modelo de intervención, itinerario y seguimiento dentro del juzgado », éste se ha ampliado a sectores como la salud, los servicios sociales o educación . Además, también se han incorporado «más indicadores de sospecha para intentar que la detección sea más eficaz y se aumenta el ámbito de los profesionales con información al respecto de cara a que se puedan sumar a la red de alianzas y alerta que impulsa el Gobierno andaluz para combatir esta lacra». A este respecto, ha resaltado que el actual protocolo incorpora «más preguntas concretas para ayudar a la detección, así como se agregan indicadores clasificados por el perfil del profesional, teniendo en cuenta a entidades sin formación específica en violencia de género o a personas cuidadoras de personas con discapacidad». El objetivo, como ha enfatizado López, es que «todos seamos parte de esa red de alarma y detección de esta masacre que no termina nunca». Del mismo modo, el protocolo tiene en cuenta hasta diez tipos de discapacidad al incorporar dos tipologías, los trastornos de salud mental y psicosocial ; y la parálisis cerebral . Se busca, como ha remarcado la titular de Inclusión, «una atención lo más integral posible». Asimismo, en el marco de este pleno, se han puesto sobre la mesa las primeras conclusiones del estudio-diagnóstico sobre ciberviolencia , el cual se puso en marcha a raíz del grupo de trabajo sobre este tipo de violencia que surgió el pasado año en el seno del Observatorio. Este estudio lo ha coordinado la Universidad de Málaga en colaboración con las Universidades de Sevilla y Almería . Ha contado con más de 1.800 cuestionarios a adolescentes y juventud andaluza entre trece y 25 años; y 20 entrevistas en profundidad a profesionales, profesorado de Secundaria, padres y madres, y Cuerpos y Fuerzas de seguridad. La consejera ha expresado «su preocupación» por este tipo de violencia, la cual se da desde edades tempranas y, por tanto, ha incidido en «la importancia de la educación en valores para evitar conductas tóxicas y alejadas de una relación saludable». En este contexto, el Observatorio Andaluz contra la Violencia de Género están representadas las distintas consejerías y órganos del Gobierno andaluz, otras administraciones públicas, así como el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía , la Fiscalía Superior de Andalucía , los Colegios Profesionales de abogados, psicólogos, trabajadores sociales, enfermería y médicos, entre otros agentes sociales y económicos. Entre sus funciones, se encuentran la recogida, análisis y difusión de información relativa a la violencia de género, establecer mecanismos de observación y análisis de la evolución de la violencia de género, formular recomendaciones, así como elaborar informes, estudios de investigación específicos y estadísticas con el fin de conseguir un diagnóstico lo más preciso posible sobre esta problemática.
