Escritores al servicio del poder
Los intelectuales no son testigos de la realidad. Su función es analizar y criticar la realidad existente. Quien decide callar, normalizar y justificar los actos abusivos del gobierno no son intelectuales, sino escritores oficialistas, plumas al servicio del gobierno.
La tradición en México de escritores gobiernistas tiene su origen en la etapa de la posrevolución. Los generales que se hicieron del poder, hombres fuertes con poca instrucción, pagaban a intelectuales para que les escribieran sus discursos y para justificar en la prensa sus acciones. La necesidad se volvió costumbre. El largo gobierno del PRI contó siempre con una abundante nómina de escritores a su servicio. Los gobiernos priistas pagaban para justificar sus actos de gobierno y también, paradójicamente, para criticarlos y dar así la apariencia de que en México había libertad de expresión. Según Carlos Monsiváis, México era el único país cuyo gobierno pagaba a sus intelectuales para que lo criticaran.
En el sexenio anterior no fueron muchos los escritores que se pusieron abiertamente al servicio del gobierno. López Obrador decía que podía contar con los dedos de sus manos a los intelectuales que lo apoyaban. Tan flaca era la caballada que tuvo que incluir en su lista de “intelectuales” a los moneros de La Jornada y a actores como los hermanos Bichir y a Damián Alcázar. Más tarde amplió la lista para incluir en ella al multiplagiario Fabrizio Mejía y a Lorenzo Meyer, cuyo hijo era funcionario del gobierno.
La razón de esto es sencilla de explicar: muchos escritores de izquierda no sabían cómo justificar que un gobierno supuestamente de izquierda pusiera en marcha acciones identificadas como neoliberales, como el adelgazamiento del Estado a través del recorte presupuestal y el reparto de dinero en efectivo, y otras francamente reaccionarias como la militarización del gobierno y la constante adulación de Donald Trump.
Poco a poco los intelectuales de izquierda fueron perdiendo la vergüenza. Todo lo que antes habían juzgado aberrante, ahora lo consideraban positivo si lo ejecutaba López Obrador. Periodistas y escritores como Jorge Zepeda y Sabina Berman se entregaron sin pudor a la tarea de justificar las acciones del gobierno. Comenzaron también a aparecer nuevos y jóvenes comentaristas académicos dedicados a normalizar los excesos, a elogiar lo que antes era inaceptable. Nunca criticaron –al contrario: elogiaron– la creciente inseguridad, la desastrosa estrategia contra el Covid, la falta de medicamentos, la militarización y la corrupción creciente.
Los nuevos jilgueros de Morena pronto comenzaron a ocupar los lugares que los críticos del gobierno fueron obligados a dejar, en televisión, radio y prensa. En general, denotan un bajo nivel intelectual y moral. Han rechazado el pensamiento crítico y se han dedicado abiertamente a alabar al poder. No parecen entender que la función del intelectual no es servir al funcionario poderoso, sino al público.
Una de estas normalizadoras, pluma al servicio del gobierno, con una presencia cada vez mayor en los medios de comunicación, es Viri Ríos.
Recientemente, Ríos publicó un artículo “Otra forma de democracia” (Milenio, 25.Nov.24) dedicado a justificar la eliminación de los órganos autónomos (Cofece, IFT, CRE, CNH, INAI, Coneval y Mejoredu). Según la autora, la desaparición de estos órganos se justifica porque fueron creados por gobiernos “carentes de legitimidad” que “desconfiaban de las masas”. Ríos omite en su artículo explicar por qué carecen de legitimidad gobiernos que, como el de López Obrador, llegaron al poder mediante elecciones limpias y competidas. También soslaya el hecho de que un gran número de legisladores del PRD (ahora militantes de Morena) votaron a favor de la creación de los órganos autónomos y celebraron su creación como una forma de limitar el poder presidencial.
De acuerdo a Ríos, Morena representa al pueblo y cualquier cosa que obstaculice sus acciones de gobierno debe de considerarse “antidemocrática”. No explica Ríos por qué, por ejemplo, solicitar información al gobierno, a través del INAI, sobre cómo se ejercen los recursos públicos o se otorgan contratos pueda considerarse un “obstáculo para el gobierno”. Tampoco se toma la molestia de explicar cómo la medición de la eficacia de las acciones del gobierno para reducir la pobreza (labor que desempeñaba el Coneval) pueda considerarse un estorbo, y no una herramienta para mejorar el ejercicio gubernamental.
Al dedicar sus esfuerzos a justificar los abusos del gobierno, al mantenerse callados frente a los gravísimos problemas que atraviesa el país, los nuevos intelectuales orgánicos de Morena hacen un flaco favor a la convivencia democrática. La democracia se fortalece con el pensamiento crítico, plural e independiente. Al poner sus conocimientos a favor del poder, atentan contra los intereses de la sociedad y contribuyen al fortalecimiento del autoritarismo en detrimento de la democracia.