La política del chapulín sin ideología
En México estamos viviendo un momento histórico en materia política y, lamentablemente, no es un halago a la administración actual porque no se debe a mejoras en nuestro gobierno, instituciones o sistema de justicia.
Lo que vemos es un gran retroceso frente a los avances democráticos de décadas pasadas, y un camino directo hacia un sistema de gobierno centralizado. En particular, se está construyendo un Poder Ejecutivo absoluto y todopoderoso. Tristemente, hemos perdido la autonomía de los poderes de la Unión. Se inició con un Poder Legislativo cooptado por una mayoría absoluta del partido en el poder, y ahora se atenta hasta contra la autonomía del Poder Judicial.
Todo esto ocurre en un entorno de decadencia en el quehacer político, lo que nos lleva a hacernos varias preguntas para este Debate Puntual. La primera es si nuestro sistema democrático no evolucionó lo suficiente para tener controles que eviten que el poder se concentre nuevamente en una sola figura, o si, por el contrario, los ciudadanos no hemos cuidado ni procurado nuestra democracia.
Si hablamos del proceso electoral, nadie pone en duda que tuvimos un árbitro preparado y con ciertos niveles de control que hoy nos permiten legitimar una contienda. Nadie pone en duda el aplastante número de votos que logró Morena, ni la legitimidad de la elección, ni que nuestro sistema cuidó, según sus lineamientos, el proceso. No obstante, creo que tanto los ciudadanos como el INE debimos haber evolucionado para proteger los avances que habíamos logrado en esta materia.
Quiero utilizar esta referencia sobre la falta de evolución, ya que hoy somos testigos de un proceso de compra de voluntades legislativas por parte del oficialismo que nos gobierna. Ya sea por la buena o, en otros casos, por la mala.
Tenemos varios ejemplos. Uno de los más sonados fue el de Miguel Ángel Yunes, senador de la República por la bancada del PAN, quien enfrentaba diversos procesos judiciales, pero aun así fue considerado por Marko Cortés como un elemento para representar al blanquiazul en el Senado en un momento en que urgía la unidad de la oposición para frenar la maquinaria oficialista que buscaba la aprobación de la reforma al Poder Judicial. Como todos sabemos, Miguel Ángel Yunes votó a favor de la reforma, y con su voto se logró la mayoría necesaria para su aprobación. Casualidad o no, en días pasados fue cancelada una orden de aprehensión en su contra, emitida por la Fiscalía General del Estado de Veracruz, con una fuerte influencia del partido en el poder.
Otro caso es el de la senadora Cynthia López Castro, quien llegó abanderada por la coalición PRI-PAN-PRD en la Ciudad de México. Ella había representado al PRI en diversos foros, primero en la Asamblea Constituyente de la CDMX, luego en la Cámara de Diputados, y finalmente llegó al Senado. Todo esto aprovechando la plataforma política que le dio las oportunidades, el presupuesto y los espacios como miembro de esa estructura.
En el caso de estos dos personajes, que llegaron a un puesto abanderados por un partido, que usaron recursos públicos para llegar a ese puesto y que se han beneficiado de las condiciones y circunstancias políticas de sus partidos, cuyos votos representaban un puñado de esperanza de la oposición para frenar a la maquinaria absoluta del gobierno, ¿no deberían estar inhabilitados o imposibilitados para cambiarse a un partido al que claramente eran opositores y, por motivos meramente personales, decidieron traicionar a las plataformas y a los ciudadanos que los llevaron a ese puesto?
¿Por qué nuestro sistema democrático nunca contempló estos escenarios para poder tener alguna reglamentación? ¿Es justo para los ciudadanos? ¿Es justo para nuestra democracia? La respuesta es simple: NO. Estos personajes, al renunciar a sus partidos, deberían perder el puesto que representaban. Claramente, no se ponen en juicio las ideologías, las convicciones o las maneras de pensar, sino el chapulineo descarado. Si quieren cambiar de partido, que lo hagan, pero desde cero, que se pasen al partido que deseen, pero que no lo hagan cuando llegaron a sus posiciones gracias al espacio que, en este caso, les dio la oposición y los ciudadanos que no estaban de acuerdo con el régimen que hoy nos gobierna.
Creo firmemente que la ciudadanía debe despertar, retomar su deber democrático frente las imposiciones de pensamientos únicos. Los ciudadanos no debemos dejar de insistir y exigir a nuestros gobiernos, gobernantes y representantes legislativos, comulguemos o no con ellos, que la construcción de una nación se logra fortaleciendo las instituciones y sus reglamentaciones, no eliminándolas como los siete órganos autónomos que desaparecieron en días recientes. Espero que la ciudadanía y los verdaderos servidores públicos ayuden a detener acciones poco democráticas como el chapulineo, que lastiman a la política y la democracia de México.