Atención, inmigrante en USA 2024: entró en vigor la nueva ley ‘antiinmigrantes’ en Carolina del Norte
El último 1 de diciembre, Carolina del Norte implementó una nueva ley que generó gran polémica: la HB-10. Esta normativa obliga a los sheriffs locales a colaborar con ICE (Servicios de Inmigración y Control de Aduanas), hecho que ha sembrado incertidumbre y temor en miles de inmigrantes. A continuación, desglosamos cómo esta ley afecta directamente a la comunidad inmigrante del estado.
Ley HB-10: ¿Cómo afecta a los inmigrantes en Carolina del Norte?
La nueva legislación de Carolina del Norte exige que los sheriffs locales verifiquen el estatus migratorio de todas las personas arrestadas por delitos graves, como conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, entre otros. En caso de que no puedan determinar el estatus migratorio, deben informar a ICE. Esta medida no solo cambia la dinámica de las detenciones locales, sino que introduce un nivel de control adicional sobre las personas en el estado.
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La ley obliga a las autoridades locales a cumplir con solicitudes de detención de ICE, que pueden extender la permanencia en prisión hasta 48 horas después de la fecha de liberación prevista. Esta medida ha sido criticada por organizaciones como la ACLU, que aseguran que, con esta ley, muchos inmigrantes podrían ser detenidos injustamente y enfrentarse a procesos de deportación sin tener en cuenta el tipo de delito por el cual fueron arrestados.
Datos relevantes sobre la comunidad inmigrante en Carolina del Norte
Según estudios de Pew Research, en Carolina del Norte residen aproximadamente 325.000 inmigrantes indocumentados, quienes ahora se verán sometidos a una presión adicional. Bajo la HB-10, la cooperación obligatoria con ICE aumenta el riesgo de que las autoridades locales actúen como puntos de control para detectar inmigrantes indocumentados. Además, la ley establece que ciertas infracciones, como delitos graves y violencia doméstica, deberán ser reportadas a ICE, lo que podría llevar a que personas con antecedentes menores sean procesadas y deportadas.
¿Qué consecuencias tendrá la HB-10 para las autoridades locales?
La ley establece que los sheriffs locales no pueden rechazar las solicitudes de ICE. Si bien antes muchos sheriffs tenían discreción sobre si cooperaban con ICE, ahora no acatarla podría traer sanciones legales. En este sentido, Carolina del Norte se convierte en uno de los estados donde la cooperación local con ICE no solo es una opción, sino una obligación.
Entre los delitos que los alguaciles deben reportar están:
- Delitos graves relacionados con sustancias controladas.
- Delitos graves bajo el Capítulo 14 de los Estatutos Generales, incluyendo violencia doméstica, uso ilegal de armas y delitos sexuales.
- Delitos menores de Clase A1, como agresión sexual y abuso infantil.
- Violaciones a órdenes de protección.
A diferencia de los delitos graves, las infracciones menores de tránsito no obligan a verificar el estatus migratorio, a menos que el arresto esté relacionado con otros cargos más serios. No obstante, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) señaló que, en el pasado, bajo programas como el 287(g), ICE llevó a cabo deportaciones incluso por infracciones menores.
Procedimiento ante solicitudes de detención de ICE
La HB 10 establece procedimientos específicos que deben seguir las autoridades locales al recibir una solicitud de detención de ICE. Según la ley:
- Antes de liberar al detenido, un juez estatal debe revisar la solicitud de detención y confirmar que la persona coincide con la descripción de ICE.
- Si el juez valida la solicitud, debe emitir una orden para mantener al detenido bajo custodia.
- Las autoridades locales deben liberar al detenido si: pasaron más de 48 horas desde la emisión de la solicitud de detención; ICE tomó la custodia del detenido; la agencia canceló la solicitud.