El control agrario del Mar Menor que el PP privatizó en 2022 recae en la empresa de una exconsejera de Agricultura

El 15 de julio de 2022, el Gobierno murciano de López Miras publicó en el BORM un decreto, el 129/2022, que se antojaba, en apariencia, vital para mantener a raya la contaminación del Mar Menor. El texto regulaba un organismo nuevo, desconocido hasta entonces, aunque ya ligeramente esbozado en la ley de protección de la laguna de 2020: las Entidades Colaboradoras de la Administración Agraria de la Región de Murcia (ECARM).

Las ECARM serían, para sorpresa de muchos actores del sector, una serie de empresas privadas que, mediante una preceptiva certificación, se dedicarían a hacer valer ante los agricultores del Campo de Cartagena el cumplimiento de la normativa y a proponer sanciones en caso contrario. Estas empresas realizarían, desde aquel 15 de julio en adelante, las inspecciones oficiales de las explotaciones que operan en torno a la laguna salada. Se había creado una suerte de policía agraria en la cuenca vertiente de la albufera. Una policía privada.

“Según la ley del Mar Menor, la comunidad autónoma tiene la responsabilidad de inspeccionar las fincas y de ver que el trabajo se está haciendo bien por parte de los agricultores, que no se contamina, que el nivel de nitratos es el adecuado. Es como un control administrativo oficial. En teoría deberían hacerlo los funcionarios, los propios técnicos de la Consejería de Agricultura. Pero se han inventado el ente de las ECARM con empresas particulares. Es algo que no existe en ninguna otra autonomía de España”, detalla a elDiario.es una fuente experimentada en el ámbito de la inspección agroalimentaria. 

Según ha podido saber este periódico, salvo en la Región de Murcia, en ninguna comunidad del país se externaliza a entidades privadas las tareas de inspección agraria salvo ocasiones puntuales. En todas ellas, dichas labores son desarrolladas por técnicos de las diversas consejerías competentes, sean éstas de Agricultura o de Medio Ambiente. En algunas regiones, como Castilla-La Mancha o el Archipiélago canario, el trabajo de los funcionarios es apoyado puntualmente por empresas públicas. En Catalunya, del control de explotaciones agrícolas se encargan los funcionarios públicos, pero en algunos casos concretos se recurre a empresas acreditadas por la Generalitat.

En Murcia, dos empresas privadas desempeñan en la actualidad su papel de ECARM. En su momento llegaron a ser tres. Una de ellas es Certifood S.L., una certificadora agrícola con décadas de experiencia y con un estrecho vínculo con la Federación de Cooperativas Agrarias, que consta como ECARM desde diciembre de 2023. La otra es SAU Consultoría Estratégica S.L., empresa en la que figura como fundadora y administradora única la exconsejera de Agricultura (2015-2017) y Educación (2017-2019) del Gobierno popular en Murcia, Adela Martínez-Cachá.

“La protección del Mar Menor se ha convertido en un negocio privado”

La empresa de la exdirigente de Agricultura en la Región fue la primera en obtener el certificado de ECARM y en comenzar a facturar por inspeccionar fincas en el Campo de Cartagena. Se registró como tal para realizar “pruebas piloto” el 3 de agosto de 2022, poco más de dos semanas después de la aprobación del decreto. En aquel momento la sociedad tenía apenas dos meses de vida: se había constituido en el Registro Mercantil el 3 de junio de 2022. Ocho semanas después de su nacimiento, SAU Consultoría Estratégica S.L. ya tenía permiso provisional para auditar explotaciones agrarias gracias a la figura administrativa configurada por la misma cartera que Martínez-Cachá presidió durante dos años.

El decreto estipula que los titulares de las explotaciones agrícolas y ganaderas “tendrán la obligación de contratar a una ECARM para el adecuado cumplimiento de las medidas” previstas en la ley de protección del ecosistema. Las empresas, a tenor de lo expuesto en el texto de la norma, deben realizar una inspección documental y física de los terrenos ubicados en las dos zonas más vulnerables de la cuenca vertiente: las tipificadas como Zona 2 y como Zona 1, esta última circunscrita en el rango de 1.500 metros de proximidad a la línea de costa. Según datos facilitados por la Consejería de Agricultura, en ambos territorios hay registradas un total de 2.525 explotaciones.

“Las ECARM fueron creadas por el PP al hilo del problema del Mar Menor. Su protección ambiental se ha convertido ahora en un negocio privado”, destaca en este sentido otra fuente solvente del sector, cercana a la administración autonómica.

ECARM tras dos meses de vida

“El Gobierno (de Murcia) sacó adelante el decreto inventándose unos niveles de inspección exagerados en frecuencia. Y obligando al agricultor a pagar a empresas privadas el trabajo que debería hacer la propia Consejería”, insiste la misma fuente cercana a la administración. El Decreto 129/2022, por el que se regula el funcionamiento de las ECARM, divide la “periodicidad de los controles” según la zona del campo cartagenero en que se encuentre la explotación, y en función de si ésta realiza una agricultura de secano, de regadío o una actividad ganadera. La mayor parte de las inspecciones son de carácter anual.

Hay otras bienales, trienales o, las mínimas, cuatrienales. Las dos únicas empresas privadas que tienen el permiso para actuar como ECARM se encargan de detectar fallos en el cumplimiento de la ley del Mar Menor, de elaborar informes al respecto y de proponer, llegado el caso, sanciones económicas si hay infracción.

Todas las fuentes especialistas del sector consultadas por esta redacción coinciden. Tachan de “sospechoso” que, en lugar de que las inspecciones las realicen los funcionarios públicos, éstas se lleven a cabo mediante sociedades privadas. Y consideran “sorprendente” que, a las dos semanas de publicarse el decreto de las ECARM, la empresa de la exconsejera popular, Martínez-Cachá, ya hubiese presentado la documentación necesaria, figurase como inscrita y pudiese comenzar a trabajar.

El texto del reglamento añade un requisito indispensable a las empresas, que no les impide en ningún caso poner en marcha sus labores de inspección: certificarse con la norma ENAC UNE-EN-ISO/IEC17020. SAU obtuvo dicha certificación en enero de 2023. “Adela Martínez-Cachá comenzó a generar un volumen alto de trabajo sin esfuerzo porque la obligación de su contratación viene impuesta por el propio decreto. Al principio, su empresa fue la única registrada como ECARM”, apunta la misma fuente cercana a la administración.

Las 2.525 explotaciones ubicadas en la zona del Mar Menor debían los ocho primeros meses ser inspeccionadas únicamente por SAU. Durante ese intervalo fue la única empresa que figuraba en el listado de entidades colaboradoras. El 3 de agosto de 2022, tal y como figura en el registro de la propia web de la Comunidad murciana, SAU Consultoría Estratégica S.L. recibió el reconocimiento provisional de la Consejería de Agricultura para realizar pruebas piloto mientras se acreditaba con la norma ENAC. Solo habían pasado 18 días desde la aprobación del decreto y dos meses desde la constitución de la empresa. Ya en abril de 2023, llegó el visto bueno para la empresa Sygma Inspección Agroalimentaria S.L. En diciembre de 2023, Certifood S.L. entró en el negocio. Actualmente solo figuran en la base de datos, de forma oficial, SAU y Certifood.

Fuentes consultadas de Sygma y Certifood coinciden al unísono en la exhaustividad del proceso de certificación que es necesario superar para poder trabajar como ECARM. “Es un proceso en que tienes que mandar muchísima documentación, tener un manual de calidad, una plantilla bien acreditada, establecer todos los procesos de inspección pertinentes y conocer muy bien la ley del Mar Menor, que es una norma compleja. Tardamos unos nueve meses en completarlo”, enumera una fuente de Sygma, que cuenta con casi tres décadas de trayectoria en el sector de la auditoría de buenas prácticas agrícolas en cadenas de supermercados.

Desde Certifood, por su parte, detallan que llevan “25 años certificando productos agrícolas y fincas de cultivos”. Inciden en la importancia de contar “con una sólida experiencia para conseguir la certificación”. “Si no llevas muchos años haciendo este trabajo, resulta difícil”, explican.

Las fuentes expertas preguntadas por este periódico ahondan en la cuestión: “Se trata de empresas que deben tener procesos muy avalados, y que tienen que cumplir con normas de calidad bastante precisas. Pero fue SAU la primera ECARM, tan poco tiempo después de que el decreto saliese a la luz. De la noche a la mañana ya tenía las capacidades”, evidencia un operador agroambiental del ámbito del Mar Menor.

Cachá afirma que lo lograron trabajando “mañana, tarde y noche”

La propia Adela Martínez-Cachá, que es ingeniera agrónoma, argumenta a preguntas de este diario que el corto espacio temporal que transcurrió entre la creación de su empresa y la obtención del permiso para realizar inspecciones agrarias en el Campo de Cartagena se debe a que tanto ella como su equipo “estuvieron trabajando mañana, tarde y noche para terminar el proceso de ENAC, que es durísimo”.

La exconsejera asegura que su “objetivo” cuando constituyó la empresa era acreditarse como ECARM “lo antes posible”, sin entrar a valorar que la registró oficialmente solo un mes y medio antes de la publicación del decreto. “Nosotros solo hacíamos este trabajo, no hacíamos ningún otro”, incide. Martínez-Cachá, además, afirma no conocer “el motivo” por el que la misma cartera que ella dirigió durante dos años creó “esta figura” privada de control agrario.

Fuentes de la Consejería de Agricultura de la Región de Murcia consultadas al respecto confirman que SAU Consultoría Estratégica S.L. se inscribió para realizar pruebas piloto dos semanas después de la publicación de la norma que las regulaba. Según las mismas fuentes, son las empresas las que se inscriben en el registro y las que, sin necesidad de obtener el visto bueno de la Administración regional, comienzan a trabajar en las fincas para obtener la certificación ENAC. Agricultura insiste en que todas las empresas que han entrado en el registro ECARM han seguido el mismo proceso. 

No resulta extraño, además, para la propia Consejería murciana de Agricultura, que la inspección agraria en el Campo de Cartagena la lleven a cabo empresas privadas, entre ellas la de Martínez-Cachá, a pesar de que se trate de una figura n España en materia agrícola. La Consejería pone como ejemplo el caso de “los coches”. “Quien los revisa e inspecciona son las ITV, que son privadas. Están certificadas y desarrollan esa labor. Hay un elevado número de vehículos y una administración no es capaz de atender a eso”, detallan. 

Martínez-Cachá estuvo durante años imputada por la construcción de una tubería, en plena crisis de la laguna tras la sopa verde de 2016, en el paraje protegido de El Carmolí para derivar aguas cargadas de nitratos desde la rambla del Albujón a la Red Arco Sur Mar Menor. La Fiscalía la acusaba de ejecutar los trabajos sin la obligatoria evaluación ambiental previa y de un delito de prevaricación administrativa. La exconsejera fue finalmente absuelta en febrero de 2024.

Una reforma atascada

La ley de protección del Mar Menor aprobada tras un consenso entre PP, PSOE y Ciudadanos en el Parlamento murciano en julio de 2020 siempre ha estado, desde entonces, salpicada por evidencias que apuntan a la delicada situación ambiental de la laguna salada. Algunos puntos trascendentales de la norma, como los referidos a la ordenación del territorio o al control en el vertido de nitratos, acumulan años y años de retraso en su cumplimiento. Más de tres toneladas de nitratos químicos procedentes del Campo de Cartagena siguen entrando a diario a la albufera por las ramblas. Otros tantos se infiltran directamente desde el campo al acuífero del Cuaternario, que ya acumula, según las estimaciones de la Confederación Hidrográfica del Segura, más de 300.000 toneladas de químicos.

En este contexto, y en plena campaña de los comicios autonómicos de mayo de 2023, el Mar Menor se convirtió en tema central del debate político y en un arma arrojadiza que esgrimir ante los rivales. El PP se comprometió entonces a revisar una posible modificación de la ley “sin dar un paso atrás” en la protección.

Aquella consigna tan gráfica fue repetida una y otra vez en el seno popular cuando reeditaron su mandato en San Esteban. Tenían a su lado, como socios, a los ultraderechistas de Vox, que abogaban como punto central de su programa por una modificación de la ley a la medida del lobby agrario y negacionista de la Fundación Ingenio, con todas las propuestas volcadas en eximir de responsabilidades al agro. En febrero de 2024, y durante semanas, las organizaciones agrarias salieron a la calle. Se congregaron delante del Parlamento en Cartagena exigiendo un cambio.

Detrás de aquellas protestas estaba, en mayor medida, la propia Fundación Ingenio. Pero también había pequeños agricultores que vieron cómo la norma de protección de la laguna los arrojaba ante un precipicio de burocracia y de gastos económicos extra. Especialmente en el caso de las inspecciones de las ECARM. “Al final, se trata de remover mucha documentación, de estar constantemente con la incertidumbre de no saber si las empresas que hacen los controles te van a sancionar por una cosa u otra. Económicamente, todo lo asume el propio agricultor. Y ese dinero, en las ECARM, ya sabemos a quién va”, relata el mismo operador agroambiental consultado.

Las ECARM, según ha extraído esta redacción tras preguntar a varios agricultores del Campo de Cartagena y a la patronal de mayor peso en la zona, COAG, cobran por sus servicios de inspección y control, de media, unos 500 euros al año por cada explotación. Certifood S.L. ofrece unas tarifas ligeramente más baratas que SAU Consultoría Estratégica S.L. Entre las 2.525 explotaciones del Campo de Cartagena, las hay pequeñas y familiares, que pueden tener un gasto en ECARM de en torno a los 300 euros anuales. Las empresas con terrenos más grandes pueden superar los mil.

A pesar de su compromiso de mejorar la protección a la laguna sin “dar un paso atrás”, el PP no parece tener prisa por modificar la ley. El pasado mes de julio se iniciaron, a instancias de PP y Vox, una serie de comparecencias en la Asamblea de cara a una posible reforma en las que, hasta ahora, han tenido protagonismo los mismos sectores negacionistas de Ingenio y las patronales del agro cartagenero, Asaja, COAG y UPA. Aún quedan más de 60 personas por desfilar por el Hemiciclo murciano, entre científicos, representantes públicos y más actores vinculados al campo. La presumible modificación que se extraiga de dichas comparecencias no suprimirá en ningún caso a las ECARM.

El Mar Menor no mejora pese a las inspecciones

Sin embargo, y a pesar de páginas y páginas de normativas, decretos, burocracia y control de los agricultores, el problema ambiental de la laguna, cuatro años después, persiste. No ha habido signos evidentes de mejoría. Cada verano el ecosistema parece al borde del colapso: los niveles de oxígeno en el agua decaen y se teme que en cualquier momento pueda producirse un nuevo episodio de anoxia. La mancha blanca que apareció de repente en la desembocadura de la rambla del Albujón no se disipa, sino que se extiende, y ya ocupa una parte importante de la superficie del mar, hasta abarcar por completo las islas volcánicas de su extremo este. La luz solar no consigue penetrar la densidad del agua en la mancha y las praderas naturales están en riesgo de sucumbir.

Mientras, el control aparente de los agricultores por parte de las ECARM sigue funcionando. Y solo es efectuado por dos empresas privadas, una de ellas de la exconsejera popular, Martínez-Cachá, que tiene permiso para facturar a los agricultores prácticamente desde que se publicó el decreto en julio de 2022. 

Un ingeniero agrónomo consultado por esta redacción explica que “las ECARM únicamente añaden burocracia, costes adicionales y dan apariencia de que cambia algo”. “Pero en realidad no cambia nada”, asegura. “Lo que contamina, y sigue contaminando, son los nitratos”.

Este ingeniero, que efectúa con cierta periodicidad análisis del estado de la laguna y del acuífero, denuncia que los “niveles de nitratos” siguen siendo “escandalosos”. “Nadie controla que se eche un saco más de nitratos por hectárea”, prosigue. “La única manera de controlarlo de verdad sería prohibir su uso”. “La Comunidad Autónoma”, subraya, “en vez de inspeccionar todo por medio de sus propios técnicos, crea estas entidades de la nada. No es que huela: es que apesta”, concluye.