El CEO de Glovo , Óscar Pierre , ha declarado este martes en los juzgados de Barcelona como investigado por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores . Una declaración que llega un día después del anuncio de la compañía de contratar a sus repartidores que, según la acusación de la Fiscalía, que formalizó la denuncia en su contra, operan como falsos autónomos. Por este motivo, Pierre ha negado ante la juez que la decisión sea una estrategia de defensa, aunque sí ha admitido que con la contratación pretende evitar «tensiones» y «conflictos» legales, entre estos, con Inspección de Trabajo -que sancionó a la empresa por primera vez el pasado enero -. Eso sí, tras defender en todo momento que su modelo es lícito. Pierre, cuya declaración ante Instrucción 31 ha durado unos 15 minutos, y sólo ha contestado a preguntas del Ministerio público y de su abogado, Cristóbal Martell -no así a la CGT, personada como acusación-, ha defendido que la contratación de los 'riders' ha sido la correcta , y que se ha ido adaptando a las sucesivas sentencias del Tribunal Supremo al respecto, según han apuntando fuentes jurídicas presentes en la sala. En cambio, la Fiscalía sostiene que Glovo exige a sus empleados darse de alta como autónomos, «estableciendo con ellos una relación en apariencia mercantil que le permite reducir sus costes empresariales , al no garantizar un salario profesional conforme a la jornada de trabajo realizada, y al poder dejar de ingresar a la Seguridad Social las cantidades correspondientes a las cotizaciones laborales de tales personas». A pesar de las diferentes sentencias que así lo avalan, recuerda el Ministerio público en su denuncia presentada el pasado junio, la compañía de Pierre « continúa manteniendo la misma relación de con sus trabajadores » que «se siguen viendo obligados a darse de alta como autónomos y a abonar sus propias cotizaciones si quieren continuar prestando los servicios para la empresa, lo cual constituye una práctica que no autoriza la legislación laboral y que menoscaba y suprime los derechos que aquella reconoce a los trabajadores por cuenta ajena, tales como los relativos a salario, jornada, descansos, permisos, vacaciones o protección de la Seguridad Social». Precisamente ayer, en vísperas de la declaración del CEO de Glovo en los juzgados, la compañía anunció con un comunicado que cambiaría su relación laboral con los empleados, pasando a contratarlos, dejando así de ser autónomos. El texto apuntó que la decisión pretende «evitar más incertidumbres legales que deriven en un aumento de contingencias». Esta mañana, abogados del sindicato CGT , personados como acusación en representación de los repartidores, han apuntado que Pierre, durante su declaración, ha defendido que Glovo , con su modelo, cumple con la «legalidad», tras haber «evolucionado», tras las primeras sentencias en su contra. Así lo corrobora su defensa, que apunta que el jefe de la compañía de reparto explicó en sede judicial «cómo jamás ha desatendido requerimientos y resoluciones judiciales referidas a su relación» con los 'riders'. De hecho, ha recordado ante la juez que su relación con éstos cambió tras la sentencia del Supremo de 2020 y también desde la denominada ley 'rider', de diciembre de 2021. También que no fue hasta 2018, cuatro años después de fundar Glovo, cuando la Inspección reprochó que los repartidores fuesen autónomos, cambiando así de criterio al considerar la relación como laboral.
