La Fiscalía de Madrid explica que 500 personas tenían acceso a la causa contra la pareja de Ayuso

La Fiscalía de Madrid ha comunicado al Tribunal Supremo que la documentación sobre el fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, estuvo en determinados buzones y carpetas del Ministerio Público al que tenían acceso casi 500 personas. El teniente fiscal reconoce que no puede especificar “el número concreto” de personas que accedieron al expediente, y explica también que uno de los emails de la Fiscalía a los que su abogado pudo enviar la confesión en febrero era accesible a la fiscal jefe provincial, el teniente fiscal y hasta cuatro funcionarias del departamento.

Un escrito del teniente fiscal José Luis García-Juanes explica, a petición de la Abogacía del Estado, que se desconoce qué personas concretas accedieron a las actuaciones que se desarrollaban contra él por un fraude fiscal de más de 350.000 euros. Una de las cosas que ha pedido investigar la defensa de Alberto González Amador: de dónde salió la información que publicó elDiario.es en primicia sobre la denuncia que la Fiscalía había presentado contra él en marzo. La Guardia Civil dedujo que el origen era la propia Fiscalía.

Según los datos recabados por el Ministerio Público y remitidos al Supremo, la Fiscalía abrió un expediente gubernativo y comprobó que esas diligencias preprocesales contra Alberto González fueron cargadas en una carpeta a la que tenían acceso 12 fiscales y cuatro funcionarios. Más adelante, añade que cuando fueron escaneadas, por su “excesivo volumen”, fueron subidas a una carpeta compartida de la Fiscalía de Madrid “a la que tenían acceso 499 personas entre fiscales y funcionarios”. También en una tercera carpeta a la que tienen acceso “alrededor de 30 personas”.

Sobre la dirección de correo a la que el abogado de Alberto González Amador envió su confesión en febrero, el teniente fiscal se ciñe al email “jefatura.fiscalia@madrid.org”, que no es la única a la que se pudo enviar o rebotar. En cuanto a esa dirección, explica que tienen acceso tanto la fiscal jefe provincial, Pilar Rodríguez, como también el teniente fiscal que suscribe el informe y otras cuatro funcionarias más del Ministerio Público.

Se trata de un documento aportado a la causa, remitido por el teniente fiscal del Ministerio Público en Madrid a petición de la Abogacía del Estado, que en este proceso representa tanto al fiscal general como a la fiscal provincial de Madrid, ambos imputados. El juez indaga en si más gente tuvo acceso a esos correos antes de que llegaran a manos del fiscal general en la noche del 13 de marzo. Esta afirmación de la Fiscalía revela que, para entonces y desde hacía un mes, más trabajadores de la Fiscalía habían tenido acceso.

El Supremo avala la apertura de la causa

En paralelo, el juez Hurtado ha decidido enviar a los juzgados de Madrid las quejas del fiscal general y la fiscal provincial de Madrid sobre que el informe de la Guardia Civil en torno a sus mensajes se filtró a la prensa cuando el magistrado lo había prohibido expresamente. El instructor de la causa contra Álvaro García Ortiz por la filtración de los correos de Alberto González Amador deja en manos del decanato de la capital estas acusaciones de los dos imputados aunque rechaza hacer precisiones a la Unidad Central Operativa para que no analicen los mensajes privados del fiscal general: “No cabe formular reproche alguno al trabajo realizado por una unidad tan especializada y reconocida como es la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil”.

En otro auto, la Sala de lo Penal rechaza el recurso que Pilar Rodríguez, la fiscal provincial, presentó contra la apertura de las diligencias en el Supremo. Los jueces recuerdan a Rodríguez que la Sala se limitó a certificar que el fiscal general está aforado y que también debía asumirse la causa contra ella.