Vox estira el órdago presupuestario contra el PP por la acogida de menores migrantes

Las últimas encuestas publicadas y que dan a Vox una subida considerable en intención de voto a nivel nacional han sido recibidas como un bálsamo en la sede del partido de Santiago Abascal, que no acaba de levantar cabeza tras sufrir un goteo de bajas y abandonos por diferentes motivos estos últimos meses. La última, la de Rocío Monasterio en Madrid. El órdago contra el PP por el hipotético pacto para reformar la ley de extranjería y la gestión de la DANA en Valencia pueden ser algunas de las explicaciones del auge del partido de extrema derecha.

La formación de Abascal intentó este lunes disimular la euforia sobre todo al comprobar el desplome generalizado del PP por la gestión de la DANA que ha hecho en la Comunitat Valenciana el president de la Generalitat Carlos Mazón.

Tras los últimos sondeos, la formación de extrema derecha ve afianzada su doble estrategia. Contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que intentan acorralar con las denuncias de corrupción que aseguran que les invade, además de por la “criminal negligencia” en la gestión de la catástrofe de Valencia que le achacan. Y contra el PP, después de romper el pasado mes de julio los pactos de Gobierno en cinco comunidades autónomas tras acusar a los de Feijóo de aceptar el “trágala” del Gobierno con el acogimiento de menores migrantes desde Canarias.

En esas autonomías (Comunitat Valenciana, Aragón, Extremadura, Castilla y León y Balears) el PP no tiene mayoría absoluta, por lo que los de Abascal tienen mucha influencia en la aprobación de los presupuestos de 2025, aunque no en todas son imprescindibles. En Aragón, Jorge Azcón ya ha utilizado una mayoría alternativa a la de Vox para aprobar medidas desde que la dirección nacional impuso la salida de los ejecutivos autonómicos.

Vox no ha sufrido desgaste notable tras salir de esos gobiernos, lo que ha llevado al partido a redoblar la presión por la cuestión migratoria. La semana pasada, su secretario general, Ignacio Garriga, anunció la suspensión de las negociaciones presupuestarias y acusó al PP de perpetrar una “nueva estafa a los españoles” por acudir a una reunión multilateral con el Gobierno, el de Canarias y el de Ceuta.

La cita acabó con un nuevo bloqueo del PP, que exige al Gobierno que asuma toda su política migratoria para acceder a pactar una reforma de la ley de extranjería. El negociador en jefe de Feijóo, Miguel Tellado, delegó en sus barones pese a decir que representaba a las doce comunidades gobernadas por el PP.

En Vox no se fían de Feijóo y creen que al final claudicarán y asumirán fijar en una ley un sistema estable de acogida de menores. “Nosotros no vamos a participar en el reparto de inmigración ilegal y de inseguridad que pretenden Feijóo y Sánchez. Si el PP quiere seguir impulsando las políticas del PSOE, que negocie los presupuestos con ellos”, dijo Garriga en declaraciones a los medios en una visita que pretendía denunciar el crecimiento de la inseguridad en el barrio barcelonés de Besòs-Maresme. 

El órdago no causó aparentemente impresión en Génova, cuartel general del PP. El vicesecretario económico del partido, Juan Bravo, se apresuró a replicar: “Nuestra posición no va a cambiar. Es una posición de solidaridad y de trabajo conjunto para intentar ayudar al territorio de Canarias, Ceuta y Melilla”.

Bravo abrió además la posibilidad a recibir el apoyo de otros grupos en los parlamentos autonómicos si Vox cumple con su amenaza. “Nuestra vocación es intentar sacar los presupuestos”, dejó dicho. El propio Núñez Feijóo también se refirió de forma indirecta al órdago lanzado por Vox. En un acto sobre la Constitución, sentenció: “El PP va a seguir defendiendo sus principios y sus convicciones sin someterse, sin someterse a chantajes de ningún tipo, ni de un lado ni del otro”.

En el PP no ven peligrar las cuentas autonómicas para 2025 en sus comunidades, salvo quizá con la excepción de Extremadura. En la Comunitat Valenciana la DANA ha retrasado los debates. En Extremadura los de Vox sospechan que la presidenta de la Junta, María Guardiola, prepara un adelanto electoral aprovechando la imputación del secretario general del PSOE regional en el caso que afecta al hermano de Pedro Sánchez. En Aragón, el Gobierno liderado por Jorge Azcón ha desdeñado el anuncio de Vox y ha asegurado que las negociaciones sobre los Presupuestos regionales “ni siquiera han empezado”. Y en Castilla y León el portavoz de la formación en las Cortes, y exvicepresidente del Gobierno de Mañueco, Juan García-Gallardo, lleva advirtiéndole de ese rechazo desde el mes de septiembre por respeto “al legado de Vox” en el gobierno autonómico. La extrema derecha y el PP ya rompieron en Burgos, y amenaza con hacerlo también en Valladolid. García-Gallardo avisa: “Vox nunca va de farol”.

Este lunes, el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, aseguró que su partido va a esperar a la celebración este viernes de la Conferencia de Presidentes que ha convocado Pedro Sánchez en Santander y a la que acudirán todos los máximos representantes autonómicos. Además de debatir sobre vivienda, como quería el Gobierno, el PP ha introducido en el orden del día precisamente la cuestión migratoria.

“En las próximas semanas vamos a escuchar lo que quiera decirnos el PP en estas regiones y vamos a observar qué es lo que hacen los presidentes en cada una de ellas”, dijo Fúster. Luego aseguró que el asunto va “por mal camino” porque los de Feijóo no solo no han cumplido los pactos que suscribieron con ellos, sino que en algunas autonomías “están haciendo seguidismo de las políticas del PSOE en temas como la memoria histórica, volver a subvencionar a los sindicatos, o la inmersión lingüística”.

“De momento, ese apoyo está en suspenso”, concluyó Fúster. Un suspenso que, de momento, no preocupa al PP.