A través de un decreto, el Gobierno eliminó la protección legal con la que contaban los pueblos indígenas para frenar los desalojos de sus territorios. La resolución contradice el artículo 75 de la Constitución, que reconoce “la preexistencia étnica” de los pueblos originarios y garantiza “la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan”.
