Fedea advierte de que «el cupo catalán no es compatible con las reglas del juego»
El cupo catalán tiene un «difícil encaje en el marco constitucional vigente y en el Derecho de la Unión Europea porque pretende avanzar «hacia una hacienda federal a través de la singularidad de la financiación territorial», pero puede conculcar la legislación vigente por el propio «concepto del cupo y por la delimitación de la solidaridad en términos de ordinalidad y esfuerzo fiscal», así como por «las propuestas de cesión completa de los impuestos del sistema estatal y por la descentralización de la gestión tributaria mediante la Agència Tributària de Catalunya (ATC)».
Así lo ha vuelto a advertir la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que ha publicado un nuevo trabajo analizando el acuerdo entre PSC y ERC para una financiación singular para Cataluña, en el que pone de manifiesto la inconstitucionalidad de un acuerdo que «es difícilmente compatible con las reglas del juego» porque «da la espalda» a la evolución de la fiscalidad internacional –que «camina hacia un mayor y mejor intercambio de información en materia tributaria, no hacia la segmentación de los sistemas y rechaza la «federalización» que propone el concierto porque «no desartrolla mecanismos de solidaridad interterritorial», como sí hacen, por ejemplo, sistemas federales como el «Finanzausgleich», en Alemania, o el «Equalization», en Canadá.
El estudio, publicado por la economista Violeta Ruiz Almendral y que analiza el acuerdo desde una perspectiva jurídica, destaca que la financiación singular para Cataluña «parte de premisas no contrastadas», como la infrafinanciación crónica de esta comunidad o la visión de lo que implican los sistemas forales, «a los que parece querer acercarse sin mencionarlos».
La investigadora de Fedea advierte de que el acuerdo «da la espalda» a la transformación que ha supuesto la entrada de España a la Unión Europea y la propia evolución de la discusión de fiscalidad internacional, que se enfoca hacia «un mayor y mejor intercambio de información en materia tributaria, no hacia la segmentación de los sistemas». Por eso, advierte de que la propuesta de descentralización de la administración tributaria va en sentido contrario del contexto internacional, que apuesta por la necesidad de contar «con una administración tributaria única en todo el territorio nacional, participada por las administraciones autonómicas».
Como conclusión, Ruiz Almendral insiste en que, más allá de la posible inconstitucionalidad -porque las propuestas de sistema separado, gestión separada y financiación singular que se recogen en el acuerdo no encuentran fácil acomodo en el sistema constitucional-, el acuerdo "se basa en un mundo que ya no existe" y reitera que "es necesario un examen con mayor rigor jurídico del federalismo fiscal".