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El fallo contra México en el panel de maíz

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Hoy estaría por hacerse oficial lo que, preliminarmente, fue anunciado desde noviembre: el fallo contra México en la disputa promovida por Estados Unidos y Canadá en su contra por las medidas regulatorias relacionadas con el maíz biotecnológico.

El reporte final del panel, constituido conforme al T-MEC, favorece a EU y Canadá respecto al decreto del gobierno mexicano por el que se prohíbe el uso de maíz genéticamente modificado para la masa o la tortilla.

El pasado 29 de noviembre se publicó el informe final en inglés del panel internacional sobre maíz transgénico con el fallo contra México.

Hace un mes, el 13 de noviembre, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, reconoció la posibilidad de que la resolución del panel fuera desfavorable para nuestro país.

Esa vez, como lo consignó la nota de ayer en El Financiero de Héctor Usla, el funcionario mexicano dijo que “el 22 de octubre nos compartieron sus conclusiones preliminares, que son las que se dieron a conocer en los medios. El 6 de noviembre contestamos con los argumentos desde nuestro punto de vista para consideración del panel. El 29 de noviembre nos van a responder y el 14 de diciembre (el proceso) termina con la publicación de las conclusiones a las que hubieren llegado” en el panel.

Pues bien, hoy es 14 de diciembre y si no pasa nada extraordinario, se confirmará lo que fue informado hace un mes de manera preliminar: México perdió el panel arbitral que solicitó EU en el marco del T-MEC contra la prohibición a las importaciones mexicanas de maíz genéticamente modificado para su uso en alimentos destinados al consumo humano y animal.

“Todavía no termina el proceso, terminará en diciembre, pero a lo mejor nos ganan”, admitió Ebrard el 13 de noviembre.

El 29 de noviembre se publicó el informe final en inglés del panel sobre maíz transgénico y, de acuerdo con lo que dijo el secretario de Economía, el 14 de diciembre se espera su traducción al español.

A partir de la presentación del informe final del panel, México tendrá 45 días para eliminar el decreto del 13 de febrero de 2023 sobre glifosato y maíz genéticamente modificado o acordar una compensación con la que las contrapartes estén conformes.

La fecha límite para hacerlo sería el 28 de enero, una semana después de que Donald Trump haya tomado posesión como presidente de EU, quien previamente amenazó con imponer un arancel general de 25 por ciento a las importaciones estadounidenses de bienes producidos en territorio mexicano.

El 17 de agosto de 2023, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) solicitó el establecimiento de un panel de solución de controversias bajo el T-MEC sobre las medidas regulatorias mexicanas relacionadas con el maíz biotecnológico.

Esto, tras cumplirse los plazos de las consultas de solución de controversias sobre la prohibición del maíz transgénico, en tortillas o masa, iniciadas el 2 de junio de ese año, en las que no se alcanzó una solución mutuamente satisfactoria.

La disputa se tuvo que dirimir en un panel internacional, al que se unió Canadá como reclamante al ser una tercera parte interesada en el asunto por la canola que le exporta a México y cuyo cultivo también tiene un origen biotecnológico.

EU fundamentó su reclamación en que considera que las medidas de México relacionadas con el maíz genéticamente modificado son incompatibles con las obligaciones del Tratado.

El reclamo al gobierno mexicano no fue por causar un daño comercial, sino por mantener una postura ideológica y no presentar una evidencia científica que justificara la publicación del decreto presidencial sobre maíz transgénico.

La ‘regla no escrita’ es que la parte que solicita un panel es porque está segura de que lo va a ganar, como ocurrió en el panel sobre la aplicación e interpretación de las reglas de origen en la industria automotriz ganado por México y Canadá, cuyo fallo se ha negado a cumplir EU.

En el tema del maíz se pasó de las consultas técnicas a las consultas de solución de controversias para, finalmente, terminar en el panel. La siguiente etapa del proceso es el cumplimiento del informe final.

Si no hay acuerdo dentro de los 45 días posteriores a la publicación del reporte final, EU podría aplicar aranceles o medidas compensatorias de manera unilateral.




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