La lucha contra la corrupción se ralentizó este año, según Participación Ciudadana
SANTO DOMINGO.- Al pasar balance al 2024, Participación Ciudadana afirmó que la lucha contra la corrupción se ralentizó en este año, lo que se evidencia en la poca acción de los organismos llamados a ejercer la función de control, como la Cámara de Cuentas, Dirección de Ética, Congreso Nacional y la Contraloría General.
En su evaluación, que aborda temas como el desempeño de la economía dominicana, elecciones municipales, congresuales y presidenciales, el movimiento cívico indicó que uno de los temas más preocupantes en el 2024 ha sido la lentitud en el conocimiento de los casos de corrupción pública por parte de los tribunales apoderados, tanto las audiencias preliminares como los juicios de fondo se ven obstaculizados por estrategias dilatorias, aplazando por meses las audiencias por causas injustificables.
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Participación cita el caso Camaleón- del cual dijo-sorprendió que a un imputado se le variara la prisión preventiva, a pesar de que en su vehículo se encontró un listado de jueces
y auxiliares en un claro propósito de incidir sobre los casos, poniendo en peligro las pruebas y la integridad de los miembros y auxiliares del poder judicial.
Agregó que el panorama preocupante del sector justicia se acrecentó recientemente cuando fue anunciada una normativa que contribuye a socavar la transparencia mediante una política de protección de datos que prioriza la privacidad y disociación de datos que impedirían identificar a imputados en casos de corrupción y otros infractores de la ley, cuando en la Constitución la regla en materia judicial es el carácter público de los juicios, salvo en casos o condiciones excepcionales y especificadas que pudiera comprometer el proceso en algún aspecto.
«La sociedad dominicana ha experimentado cambios desde el 2017. Un mayor nivel de participación social viene produciéndose en el cuerpo social dominicano. La vigilancia social se expresa con impugnaciones a todo aquello que se considera contrario al orden institucional, el respeto a las normas y a las leyes vigentes», señaló.
En esa perspectiva-añadió- se produjo el rechazo generalizado a la Ley del DNI, así como al decreto del presidente designando al director de compras y contrataciones en la presidencia
de la Alianza Público- Privada, para que desempeñara los dos cargos a la vez.
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