Bruselas analiza aspectos "financieros y legales" de los centros deportación como los que la justicia ha frenado a Meloni
Ursula von der Leyen reitera la intención de la Comisión Europea de crear los polémicos centros de deportación de migrantes fuera del suelo de la UE y se compromete a impulsar el endurecimiento de las normas de retornos antes de marzo
Los centros de detención de migrantes fuera de la UE abren la primera brecha de Von der Leyen con sus socios
Primero abrió la puerta, luego mostró su apoyo en una 'cumbre paralela' y ahora Ursula von der Leyen confirma que la Comisión Europea está trabajando ya en los polémicos centros de deportación de migrantes fuera de la UE como los que la ultraderechista Giorgia Melonia ha creado en Albania. La justicia italiana ha frenado esas aspiraciones del Gobierno italiano, cuestionadas también por las organizaciones de derechos humanos. Pero la presión de los países europeos para copiar esa iniciativa se ha ido multiplicando y Von der Leyen, que inicialmente sostenía que no tenían encaje legal, analiza ya las fórmulas.
“Hemos profundizado en nuestro análisis de formas innovadoras de luchar contra la inmigración ilegal”, dice Von der Leyen usando el eufemismo que viene siendo habitual en el endurecimiento de la política migratoria. “Se están celebrando debates con los estados miembros, incluso en el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de la semana pasada, sobre el desarrollo del concepto de centros de retorno en terceros países. Estamos estudiando la mejor manera de introducir en el marco jurídico la posibilidad de establecer estos centros. Tenemos que examinar los aspectos jurídicos, operativos y prácticos, así como las implicaciones financieras de dichos centros respetando al mismo tiempo los derechos fundamentales y el principio de no devolución”, señala en una carta remitida a los líderes de los 27 antes de la reunión del Consejo Europeo de este jueves.
En su examen en la Eurocámara, el nuevo comisario de Interior, el austríaco Magnus Brunner, mostró una “actitud receptiva a nuevas ideas” en referencia a los denominados centros de retorno de migrantes, pero los limitó a las personas a las que ya se ha denegado el derecho al asilo a la UE y planteó que la gestión se realizara de acuerdo a organizaciones internacionales, como Acnur.
En el experimento de Meloni, a esos centros en Albania se enviaba a migrantes que habían sido rescatados en el mar, poniendo en entredicho las normas del asilo. Cuando los primeros migrantes fueron deportados a esos centros, la justicia italiana dio el primer varapalo a Meloni y consideró que las detenciones eran ilegales. La primera ministra ultraderechista intentó blindar esos centros con un decreto que ha acabado en el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que tendrá la última palabra. Entre tanto, ha hecho volver a los funcionarios que había destinado en los centros, cuya construcción supuso 65 millones de euros y tenían previstos 120 millones para la gestión anual.
La Comisión Europea abrió la puerta a impulsar centros de ese tipo a raíz de la ofensiva lanzada por 15 países, con gobiernos de distintos colores políticos. Pero no es el único endurecimiento de la política migratoria que planea Bruselas. En la misiva, Von der Leyen se compromete a poner sobre la mesa una nueva legislación sobre retornos de personas sin papeles antes de la próxima reunión de líderes prevista para mediados de marzo. Entre las ideas que sobrevuelan la elaboración de esa directiva está la posibilidad de sancionar a los migrantes que no colaboren en su repatriación.
“El objetivo es simplificar, agilizar y hacer más eficaz el proceso de retorno, para equipararlo al del proceso de asilo simplificado del Pacto [de Migración y Asilo que se acordó el año pasado y que se implementará en 2026]. La nueva legislación abordará los derechos y obligaciones de los retornados, incentivando su cooperación y dejando claras las consecuencias de la falta de cooperación”, advierte Von der Leyen, que reconoce en el texto que este año se han duplicado los regresos de subsaharianos respecto a 2023 y se han cuadruplicado respecto a 2021.
A pesar del endurecimiento generalizado de las posiciones anti-inmigración, que coinciden con el auge de las fuerzas de extrema derecha en el continente, la propia Von der Leyen reconoce que las llegadas se han reducido notablemente en prácticamente todas las rutas y presume de los polémicos acuerdos alcanzados con terceros países, como Túnez o Marruecos, para frenar las salidas hacia Europa.
“La Comisión ha prestado especial atención a las rutas del Mediterráneo occidental y del Atlántico, dado el continuo aumento de las llegadas irregulares. Con Senegal, hemos subrayamos la cooperación en materia de migración como un interés clave de la UE, con una financiación de 30 millones de euros para apoyar la gestión de las fronteras y la migración y la lucha contra el contrabando. Se están haciendo progresos significativos con Mauritania, donde se han contratado todos los componentes del paquete de medidas que anuncié en febrero y se ha efectuado el primer pago del programa de apoyo presupuestario de 100 millones de euros. Con Marruecos mantenemos una estrecha cooperación en materia de migración, respaldada por un programa de apoyo presupuestario de 152 millones de euros que se completará a principios del próximo año”, resume la alemana.