El Gobierno pasa la motosierra por el 85% de los contratos de una "caja negra judicial"

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció la finalización de más de 2400 contrataciones irregulares realizadas a través del Ente Cooperador Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), a partir del 31 de diciembre de 2024.

Junto a ese anuncio, desde la cartera judicial indicaron que se eliminará el pago de "incentivos" discrecionales, que representaban una erogación anual de $ 15.600 millones.

Al respecto, Cúneo Libarona afirmó que "este mecanismo, utilizado durante décadas por administraciones anteriores, permitió esquivar controles, contratar personal de manera irregular y otorgar incentivos arbitrarios, evadiendo el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)".

Manifestó que "esto recién empieza, vamos a seguir ajustando cada privilegio y cerrando las cajas de la política. Se terminó la joda". En ese sentido, remarcó que "el Presidente Javier Milei tiene un mandato claro: eliminar las cajas de la política y terminar con los negocios espurios que beneficiaron a unos pocos en detrimento de la mayoría".

Asimismo, el titular de la cartera de Justicia subrayó que "estas decisiones son parte de un proceso para ajustar cada privilegio, cerrar las cajas de la política y garantizar transparencia en la Administración Pública". Por último, concluyó: "En esta nueva Argentina no hay lugar para los privilegios ni para las estructuras que saquearon al país".

Los números de la caja negra judicial

Según el último informe de Dotación que publicó el INDEC, el Ministerio de Justicia tiene un total de 1572 empleados. A esto se le suman las dos entidades que están bajo su órbita, el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), con 29, 250 y 169 empleados, respectivamente.

Aun así, el número de empleados que tiene Justicia asciende de manera considerable si se tiene en cuenta que el Gobierno terceriza la mayoría de los contratos del Ministerio en la Asociación de Concesionarios de Automotores. Según había revelado Clarín meses atrás, casi la mitad de los empleados de la cartera judicial estaban bajo el ala de ACARA.

El Ente Cooperador que gestiona ACARA se financia mediante una amplia gama de ingresos, como los formularios para la compra y venta de autos, sellos, cédulas para conducir y chapas patentes. Las rendiciones de cuentas que tiene que hacer a la administración central son prácticamente nulas y configura una caja negra que ha servido como financiamiento político en diversas administraciones.

Justamente por eso, una de las propuestas que más difundidas están entre quienes buscan reformar la ACARA es su anexión al Presupuesto, para que se tenga una trazabilidad y una rendición de cuentas mayor del gasto; para así terminar la tercerización de la administración de fondos públicos. Una de esas propuestas había sido hecha por la diputada nacional del PRO, Patricia Vázquez.

Según informó Infobae semanas atrás a través de fuentes ministeriales, el número de trabajadores contratados por ACARA superaban los 2800. Así, con la no renovación de 2400 contratos, el número aproximado de bajas sobre el total de empleados es de 85%.

En octubre, Cúneo Libarona había firmado la Resolución 331/2024, que instruía al Ente Cooperador de ACARA a disponer un plan de retiros voluntarios para prácticamente todo el personal. "Esto tiene por objeto ahorrarse miles de pesos en indemnizaciones y vaciar todas las áreas del Ministerio", indicó en ese entonces el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano. Según esgrimían diferentes fuentes, la oferta era "mala" y no otorgaba mayores incentivos a aplicar a ese esquema. Menos aún entre quienes tenían antigüedad en esa entidad.