El juez del Supremo pide el suplicatorio al Congreso para investigar a Ábalos por cuatro delitos
El instructor cree que hay indicios de que el exministro se prevalió de su puesto para amañar contratos a cambio de mordidas y pone en marcha el mecanismo para levantar su inmunidad parlamentaria
Koldo niega las acusaciones de Aldama y asegura que ni él ni Ábalos cobraron mordidas
El Tribunal Supremo pone en marcha la maquinaria para investigar formalmente al exministro José Luis Ábalos. El instructor del 'caso Koldo' en el alto tribunal, Leopoldo Puente, ha dictado este miércoles un auto en el que acuerda elevar suplicatorio al Congreso de los Diputados para suspender su inmunidad y poder así proceder penalmente contra él. El magistrado considera que tras las diligencias practicadas hasta el momento existen “indicios bastantes” de la posible comisión de, al menos, cuatro delitos: integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación.
Puente considera que existen “elementos bastantes” para considerar que Ábalos pudo prevalerse de su condición de ministro para determinar “la adjudicación de varios contratos de la Administración pública o el sector público institucional con empresas privadas” a cambio de “determinados beneficios económicos”. Se basa, para ello, en la declaración que el exministro prestó de forma voluntaria la semana pasada, así como los interrogatorios a su exasesor Koldo García y al supuesto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama; los documentos aportados por éstos y el resultado de los registros y pinchazos telefónicos autorizados durante la investigación iniciada en la Audiencia Nacional.
El magistrado sostiene que gracias a su “relación personal” con Ábalos y Koldo García, el empresario Aldama pudo tener “información previa” de las necesidades derivadas de la urgencia en la adquisición de material sanitario en lo peor de la pandemia y que eso le permitió hacer una oferta que le asegurara la adjudicación, que fue el hecho que dio origen a estas pesquisas. No obstante, el juez afirma que ese “procedimiento” también podría haberse utilizado “antes y después” para lograr otros contratos de empresas y particulares con la Administración pública y/o institucional, lo que da cierto pábulo a las acusaciones lanzadas por Aldama sobre los amaños de obra pública.
El magistrado no otorga credibilidad a lo declarado por Ábalos, que negó haber declarado mordidas. Así, Puente entiende que las respuestas que dio el exministro en sede judicial “no se avienen” con los indicios que constan en la causa y que “se concretan en diferentes documentos y declaraciones”.
En este sentido, el juez identifica tres prebendas de las que “aparece indiciariamente justificado” que Ábalos se habría beneficiado: el pago de los alquileres del apartamento en el que residía quien fuera su pareja; la concertación de un alquiler con opción a compra de un chalet en la costa de Cádiz y otro contrato de alquiler con opción a compra de un piso situado en el Paseo de la Castellana por un precio de venta de 750.000 euros que el magistrado considera “aparentemente muy inferior al de mercado”.