El 'macrojuicio' por estafa celebrado en Valladolid, el segundo más voluminoso en cuanto a 'inquilinos' de banquillo en la historia judicial vallisoletana, ha concluido con un fallo absolutorio para la totalidad de los casi sesenta encausados por un problema de nulidad de la providencia del Juzgado de Instrucción número 1 que autorizó inspeccionar las cuentas de los encausados. El fallo de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia de Valladolid, al que ha tenido acceso Ep en fuentes jurídicas, no sólo beneficia a los acusados que fueron a juicio sino también a los otros 33 que al inicio de la vista sellaron con las acusaciones pública y particulares distintas sentencias de conformidad reconociendo la autoría de los hechos. En la causa figuraban inicialmente 63 acusados, de los que dos han fallecido, si bien el juicio , que tuvo por escenario la Feria de Valladolid, se inició con 56 comparecientes, dado que con carácter previo otros dos de los encausados ya se encontraban en busca y captura ante la imposibilidad de localizarlos y otras tres personas más dejaron plantado también este a la Audiencia Provincial, que llegó a declarar en rebeldía a una de ellas. De forma genérica, el proceso judicial investiga a un grupo criminal, encabezado por cuatro de los acusados, que se concertó para llevar a cabo una serie de operaciones consistentes en la solicitud y obtención de préstamos de distintas entidades bancarias -personadas como acusaciones-, a través de terceras personas, justificando la solvencia económica con documentación que no reflejaba la realidad, para, con carácter general, la compraventa de vehículos de segunda mano. Como pago por su intervención, recibían una parte del dinero y el resto se lo embolsaba el grupo integrado por los cabecillas. De inicio, los acusados se enfrentaban en conjunto a casi 470 años por diferentes delitos, entre los que se incluía el de estafa, falsedad documental, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales. Entre las nulidades esgrimidas por los defensores figuran también la relativa al registro efectuado por la policía en las oficinas de un inmueble sito en el número 26 de la calle Claudio Moyano, donde los acusados, presuntamente, falsificaban los documentos, así como la providencia ue autorizó a la Brigada de Delincuencia Económica acceder a cuentas de los encausados, «vulnerando de este modo el derecho a la intimidad bancaria», tal y como anticipaba el mediático abogado Marcos García Montes.
