El PSOE pide tramitar de urgencia la "ley Otegi" mientras retrasa a febrero la de la jubilación anticipada de policías y guardias civiles
Lo ha vuelto a hacer. El PSOE ha bloqueado de nuevo la tramitación en el Congreso de la proposición de ley que permitiría la jubilación anticipada para policías nacionales y guardias civiles, así como su reconocimiento como profesión de riesgo. Ya son 18 las ocasiones en las que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha solicitado ampliar el plazo de enmiendas a esta norma para bloquear y retrasar su aprobación. En esta ocasión hasta el 4 de febrero de 2025.
Una decisión que si bien no es nueva contrasta con las prisas del Ejecutivo por sacar adelante otra norma, la denominada "ley Otegui" o "ley mordaza". Y es que los socialistas han pedido formalmente tramitar por el "procedimiento de urgencia" la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana pactada con EH Bildu, que tanta indignación y malestar ha provocado entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Un nuevo varapalo a los agentes, tras darse a conocer el informe oficial en el que el Gobierno asegura que "no existe la profesión de riesgo".
Hay que recordar que el hecho de pertenecer a una profesión de riesgo afecta de forma directa a la jubilación. ¿En qué sentido? Los profesionales agrupados en las denominadas profesiones de riesgo tienen la opción de solicitar la jubilación anticipada cobrando el 100% de la prestación. De este modo, el simple hecho de no reconocer a los miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil como profesionales de riesgo complica en gran medida su equiparación con el resto de Policías autonómicas y locales que sí están en esa lista.
Prisas con la "ley mordaza"
Polémica es también la nueva Ley de Seguridad Ciudadana y que deja a los agentes "a los pies de los caballos", en un momento en el que las agresiones a los agentes se ha disparado. Desde los distintos sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil han subrayado que esta derogación se produce en un momento muy negativo, con "efectivos desmoralizados y debilitados, en un escenario de violencia agravada y con una fragante pérdida del principio de autoridad". Y todo ello, ante la mirada impasible del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Además, critican que se derogue esta ley mientras se da la espalda a las reivindicaciones históricas de policías y guardias civiles en materia salarial, la equiparación con las policías autonómicas, las jubilaciones y las dietas; la jornada laboral o el derecho a huelga entre otras. A su juicio, las modificaciones que se pretenden hacer en la Ley de Seguridad Ciudadana "perjudicarán directamente la eficacia policial, con la consiguiente desprotección de la sociedad".
Choque entre el PNV y EH Bildu
Tras no salir adelante las enmiendas presentadas por PP y Vox contra la derogación de la "ley mordaza", llega el turno de PNV y Junts. En concreto, los de Andoni Ortúzar han presentado 28 enmiendas a la Ley de Seguridad Ciudadana y algunas de ellas que amenazan con generar un choque con el acuerdo entre el PSOE y Bildu.
Los nacionalistas vascos apuestan por tocar parte del corazón de la iniciativa de los socialistas y la izquierda abertzale al abogar por mantener como infracción grave la desobediencia y la resistencia a la autoridad y la negativa manifiesta y clara a identificarse. Y si bien es cierto que su enmienda respeta casi íntegramente el texto acordado por PSOE y EH Bildu, rechaza que esa infracción pueda considerarse leve, ya que supone menoscabar "el principio de autoridad en la labor policial".
Además, la formación vasca también enmienda el nuevo redactado propuesto por PSOE y EH Bildu para las faltas de respeto a la autoridad. En concreto, el texto que plantea el PNV rechaza que las sanciones por faltas de respeto queden sin efecto si el autor se retracta ya que "si se aprobara esta herramienta de absolución, se podrían realizar actos sancionables de forma recurrente e impune".
Por su parte, Junts presentó 17 enmiendas, muchas de ellas dirigidas a blindar las competencias de los Mossos d'Esquadra en materia de seguridad ciudadana. En este sentido, por ejemplo, en el artículo 23, sobre la disolución de reuniones y manifestaciones, Junts plantea especificar la "autoridad gubernativa" competente en materia de seguridad, que en Cataluña es la Generalitat, una forma de evitar que puedan entrar a actuar los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.