Las comunidades tendrán seis meses más para abrir los centros de crisis de violencia sexual

Las comunidades autónomas tendrán seis meses más para abrir los centros de crisis para víctimas de violencia sexual a los que obliga la ley del 'solo sí es sí'. El plazo para poner en marcha estos recursos –al menos uno por provincia– culminaba este 31 de diciembre tras haber aprobado una ampliación más, pero ahora se alarga hasta el 2 de junio, según ha informado el Ministerio de Igualdad, que ha negociado con la Comisión Europea la prórroga ya que el dinero para abrir los centros procede de los fondos europeos de recuperación.

El departamento dirigido por Ana Redondo explica que “se ha logrado una flexibilización de los plazos” con la intención de que las comunidades “dispongan de más margen para justificar los créditos”. “El objetivo final es que los centros cuenten con la estructura y con los servicios mínimos exigidos por la legislación en vigor”, añade el ministerio, que aún así alude a que “el grueso” de estos recursos 24 horas “estarán abiertos antes de que finalice el año”.

Hasta este martes, solo una veintena de centros estaban abiertos y faltaban todavía más de la mitad a dos semanas de que se cumpliera el plazo. Eso a pesar de que el Ministerio de Igualdad repartió 83 millones de euros entre 2021, 2022 y 2023 para ello. Esta es la segunda prórroga que se solicita: el objetivo inicial era que los centros estuvieran operativos el 1 de enero de 2024, pero un mes antes solo había cuatro y acabó pidiéndose a la Comisión Europea una prórroga de un año más.

La ampliación del plazo se concretará en una Conferencia Sectorial extraordinaria que se celebrará el próximo 23 de diciembre, en la que Igualdad “formalizará” el acuerdo con las comunidades, que han pisado el acelerador y están poniendo en marcha los centros estos días 'in extremis' para intentar llegar a tiempo el 31 de diciembre.

Galicia abrirá los cinco que tiene previstos “en los próximos días”, al igual que el de Logroño en La Rioja o los cuatro planificados en Extremadura, donde “se están ultimando pequeños detalles de las obras”. El gobierno de Castilla-La Mancha también ha advertido de que el de Toledo empezará a funcionar “a finales de esta semana o como mucho la que viene”, al igual que el de Zaragoza o los centros de Andalucía.

Sin embargo, no es solo cuestión de que los centros abran sus puertas, sino que deben cumplir con los estándares exigidos, algo que no se está cumpliendo en todos los casos. Es la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual la que incluye la medida con el objetivo de crear una red de atención de emergencia a las víctimas de violencia sexual. Están pensados para atender de forma urgente y permanente a las víctimas de violencia sexual: deben abrir presencial y telefónicamente 24 horas 365 días y contar con equipos multidisciplinares que presten atención psicológica, jurídica y social de forma coordinada.

Sin embargo, en algunos casos como el de Murcia o Logroño la atención presencial no se extiende durante todo el día. Además, una cosa es que los centros abran y otra que entren en funcionamiento: En Castilla y León, por ejemplo, se prevé que todos abran en plazo, y de hecho el de Valladolid ya se ha inaugurado, pero la asociación que va a encargarse de su gestión tiene que trasladarse y todavía no está activo. En Canarias la licitación para la compra de cinco inmuebles para alojar los centros quedó desierta y hace un mes se anunció su adquisición directa, pero no ha trascendido nada más.