La Audiencia de Valladolid ha anunciado que la sentencia sobre supuestas irregularidades en el proceso de alquiler y compra del E dificio de Soluciones Empresariales ('La Perla Negra') en Arroyo de la Encomienda y la adquisición de parcelas para la ejecución de un polígono industrial en Portillo que nunca llegó a materializarse será notificada el próximo día 8 de enero de 2025. Tras veinte sesiones de juicio entre los pasados días 26 de febrero y 8 de mayo y siete meses después de que quedara visto para sentencia, la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial ha dado a conocer, a través de una providencia recogida por Europa Press, que «visto el estado de las presentes actuaciones, estando la causa en la fase de redacción final de la sentencia, se pone en conocimiento de las partes que la fecha prevista para su notificación será el 8 de enero de 2025«. Las acusaciones entendían probado que tanto la compra de 'La Perla Negra', a fin de concentrar en un único edificio administrativ o todos los servicios de apoyo a las empresas, como la iniciativa para desarrollar un polígono industrial en Portillo fueron orquestadas por los entonces altos cargos de la Junta Rafael Delgado, Begoña Hernández y Juan Carlos Sacristán con la intención de «facilitar las ilícitas» pretensiones de los distintos empresarios que ocuparon el banquillo junto a ellos. Las penas más duras las había pedido el PSCyL -de responsabilidad civil pedía 50 millones - centrada en Rafael Delgado y Begoña Hernández, con trece años de cárce l y treinta y cuatro de inhabilitación para el primero y once años e idéntica inhabilitación para la segunda, mientras que la Fiscalía solicitó once años de prisión para los dos anteriormente citados y Juan Carlos Sacristán, exconsejero delegado de Gesturcal. Además, para Delgado interesó su inhabilitación durante 29 años y por espacio de 20 para los otros dos. En el caso de Salvador Molina y Francisco Armero, el primero exdirector gerente de Gesturcal y director general de Proyectos de Polígonos industriales y el segundo director financiero de ADE Parques y Gesturcal, la acusación pública les había pedido cuatro años de cárcel y diez de inhabilitación por delito continuado de malversación. Además, solicitó seis años de prisión por delito continuado de revelación de secretos en concurso con otro de tráfico de influencias para los empresarios Francisco Esgueva, Germán José Martín Giraldo, Ángel Román Montes, Luis Antonio Recio, Luis Ángel Rodríguez y Carlos González. Y en el capítulo de responsabilidad civil, interesaba que, de forma conjunta y solidaria, los acusados indemnizasen a la Administración Autonómica en la suma que, según entendía, fue desviada a favor de las mercantiles citadas y que fijaba en 16.138.911,47 euros, con responsabilidad civil subsidiaria de Urban Proyecta, Parque Empresarial de Portillo y Cementos La Bureba. La Junta, como acusación particular, solicitaba la condena de ocho de los encausados -no acusaba a Juan Carlos Sacristán, Salvador Molina y Francisco Armero-, que en el caso de Rafael Delgado y Begoña Hernández se elevaba a once y cuatro años , respectivamente, junto con multas de 22.500.000 euros y el pago entre todos de indemnizaciones por importe de 16.300.000 euros.
