Detectan que Iosper pagaba sueldos de $ 16 millones y que la deuda asciende al doble de lo informado

Sueldos de $ 16 millones, una deuda del doble de la declarada e incrementos de aranceles sin justificación, fueron algunas de las principales irregularidades detectadas en el Iosper en los primeros días de auditoría.

Mariano Gallegos y Marina Alegre, interventor y subinterventora del Iosper respectivamente, ofrecieron este jueves una conferencia de prensa en la que dieron a conocer los primeros resultados de la auditoría de corte en la obra social de los empleados públicos de la provincia

"La situación del Iosper es mucho peor de lo que esperábamos", explicaron los interventores y detallaron que, como dijo el gobernador cuando decidió la intervención, "sólo conocíamos la punta del iceberg. Ahora empezamos a ver qué hay debajo".

Los interventores designados por el Poder Ejecutivo para sanear el Iosper encontraron que la deuda acumulada de la obra social duplica lo que había declarado el ex presidente Fernando Cañete. La deuda total asciende a $ 42.871.884.708, de la cual el 56% correspondiente a medicamentos, por lo que resaltaron la mala gestión financiera.  

También apuntaron que "tiene un déficit operativo de 3000 millones de pesos por mes", y resaltaron que "el Iosper compra, y contrata, mal y caro".

Además aclararon que la intervención trabaja "con una lógica de que el Iosper es de los afiliados, no de los prestadores, y trabajamos para los afiliados".

Por otra parte, subrayaron las maniobras con las que ex miembros del directorio intentaron ocultar el monto de sus propios sueldos que alcanzaban, en el caso del presidente, los $ 16 millones. La metodología utilizada consistía en desdoblar el pago del salario e informar públicamente solo uno de los montos.

Asimismo se detectó el incremento de aranceles sin justificación, y brindaron como ejemplo el aumento del 15 por ciento en los aranceles prestacionales que intentó instrumentar Cañete antes de salir del cargo. Ese aumento hubiera producido un déficit adicional de 1000 millones, que finalmente logró impedir la intervención. En ese sentido, también resaltaron la existencia de actas de ajuste de aranceles que carecían de firmas y fechas, lo que pone en duda su validez.

Por otra parte, los interventores resaltaron que las droguerías habían otorgado un aumento del descuento en la compra de medicamentos del 15 por ciento a partir de los primeros días de diciembre y que, si ese mayor descuento se hubiese aplicado desde el 1° de enero del 2024, la obra social hubiese ahorrado 1700 millones de pesos.

Otro de los datos alarmantes que detectó la intervención en esta primera etapa fue el uso indebido de vehículos de la obra social para beneficio personal de los funcionarios. El caso más llamativo es el del gerente de Prestaciones que se hacía llevar y traer todas las semanas desde la provincia de Corrientes, y que se le pagaba, además del sueldo, los gastos de traslado y el hotel en Paraná, lo que totalizaba un gasto de 10 millones de pesos.

A eso se suman irregularidades en el pago del servicio de lavado de los automóviles oficiales, con precios por encima de los de mercado y el pago de televisión por cable en oficinas en las que no hay televisores.