Estudiar, aprobar el examen de oposición, incorporarse a Muface y elegir si mantenerse en la sanidad pública o bien pasar a una aseguradora de salud privada. Estos son los pasos que, por norma general, siguen todos los funcionarios civiles del Estado, aunque buena parte de ellos desconocen esta última decisión hasta que obtienen su plaza.

«Yo no tenía ni idea, me sorprendió muchísimo. Decidí irme a la sanidad privada porque entonces había muchísimas menos listas de espera», declara Sandra Nombela, una maestra de primaria de 45 años que obtuvo su plaza de funcionaria hace 15. En este tiempo, su aseguradora atendió el nacimiento de su hija, que también es beneficiaria.

Hace dos años, le diagnosticaron un cáncer, que se está tratando en un ensayo clínico con una empresa estadounidense, pero cuyo seguimiento está realizando con sus médicos de la aseguradora privada. «Esta semana vengo a hacerme un PET-TAC, ahora me voy al médico rehabilitador, mañana me hacen tres pruebas de urología, el miércoles tengo ginecólogo y el jueves me hacen una resonancia», relata por teléfono la maestra. «Por desgracia, estoy teniendo que utilizar mucho el seguro».

Un millón y medio de funcionarios como Nombela llevan un mes angustiados por el futuro de su sistema sanitario, que podría desaparecer tras cinco décadas de funcionamiento, ante la falta de acuerdo entre el Estado y las empresas aseguradoras privadas que lo prestan.

El pasado 5 de noviembre, la propuesta realizada por el Gobierno central para renovar el concierto con las aseguradas quedó desierta, es decir, ninguna de las empresas consideró suficiente el dinero que ofrecía el Estado a cambio de que ellas asumieran los servicios sanitarios de los funcionarios. La licitación mejoraba en un 17% lo que Estado pagaba hasta entonces, pero se quedaba lejos del 40% de subida exigido por las aseguradoras.

Después de un mes y medio de negociaciones en las sombras, el Gobierno anunció una segunda licitación el pasado martes que incluye una subida de las primas para las aseguradoras de hasta el 33,5%. Ahora serán las aseguradoras las que deberán presentarse para continuar con el proceso y el límite sigue siendo el 31 de enero. La inédita situación ha abierto un periodo de incertidumbre entre los funcionarios que ven cómo se acerca esa fecha sin acuerdo, lo que supondría la desaparición de Muface y su regreso al sistema de sanidad público.

«Mi malestar y mi queja es la poca información que nosotros tenemos», declara Nombela. «La noticia que tenemos a día de hoy, los mutualistas, es que el 31 de enero, en casos como el mío, pasaríamos a la sanidad pública. ¿Yo, qué tengo que hacer a partir del 31 de enero? ¿Me voy y solicito un médico de cabecera, que no sé ni dónde tendría que hacerlo? ¿Me asignarán un hematólogo, me revisará, me volverá a hacer las pruebas otra vez? ¿Cómo va a funcionar esto ahora? Estamos en un limbo en el que nadie nos dice nada».

«Estamos en un limbo en el que nadie nos dice nada»

Funcionarios con tratamientos activos en su aseguradora u otros que están a la espera de operaciones son los más preocupados por la situación. Miguel Ángel García, un profesor de instituto de 50 años, padece una enfermedad intestinal que requerirá pronto una operación quirúrgica.

«Ahora mismo sigo con ciclos de antibióticos para controlar un poco las infecciones que me salen en el intestino, pero la solución es quitarme 15 centímetros de intestino», explica García. «Si me llega un momento que en una crisis tengo que operarme y esa cirugía se podría llevar a cabo en una entidad colaboradora, pero a lo mejor en la Seguridad Social, te ponen en lista de espera y a saber».

Tanto él como su mujer, que también es funcionaria, como su hijo de 16 años, beneficiario también de su seguro privado -como el 30% de los adscritos a Muface-, se verían directamente afectados por la desaparición de Muface, una posibilidad que, por el momento, prefiere ni plantearse. «No hemos pensado plan B. El plan A es que salga el convenio adelante. Si no, por supuesto que pasaríamos a la pública, no te vas a quedar descubierto, pero no he pensado nada como invertir en un seguro privado. En principio, el plan es el A y no hay plan B».

Una población mutualista cada vez más envejecida

Creada en julio de 1975, Muface (acrónimo de Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado) es una de las tres grandes mutualidades de adscripción obligatoria para los funcionarios junto con la Mutualidad General Judicial (MUGEJU) y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS). El sistema no difiere del de cualquier otra mutua, en el que cada mutualista -en este caso, el Estado- contribuye con cuotas a un fondo común para financiar los gastos, en este caso, sanitarios. Esa caja común es la que sirve para pagar posteriormente a las aseguradoras privadas mediante licitaciones que se van aprobando normalmente cada tres años.

Las aseguradoras que se presentaron a la última licitación, Asisa, Adeslas y DKV, defienden que los gastos que les supone cubrir al millón y medio de mutualistas de Muface están aumentando a medida que los funcionarios adscritos cumplen años y, por tanto, aumentan sus necesidades médicas. Los mutualistas titulares tienen una edad media de 57,2 años y el 38,3% de los mutualistas están jubilados, un porcentaje que se ha incrementado en 9,2 puntos porcentuales en los últimos 10 años y que lo seguirá haciendo en el futuro.

El gasto sanitario estimado del Estado por persona en la sanidad pública para 2023 es de 1.608 euros, mientras que la prima media ponderada de Muface es de 1.014 euros, según datos de un informe elaborado por la Universidad Complutense de Madrid y Aspe, la patronal de la sanidad privada. Es a esa diferencia de 594 euros entre lo que el Estado gasta en un paciente de la sanidad pública y lo que aporta a las aseguradoras por cada mutualista a lo que estas se agarran para defender que la aportación debe subir más allá de la primera oferta realizada por el Gobierno en noviembre.

«Jamás he tenido problemas con la aseguradora, pero claro, jamás he tenido 62 años. Quiero decirte, que como todo hijo de vecino, pues con 30 años tiras los talonarios de recetas enteros, nuevos, no das problemas a la compañía hasta que los empiezas a tener», declara Miguel Rodríguez, un funcionario de prisiones de 62 años, que lleva 33 años en Muface y que ahora ve cómo podría tener que volver al sanidad pública arrastrando problemas de próstata. «No tengo queja de la sanidad pública. El único problema de la sanidad pública es que me puedo haber muerto antes de que me intervengan».

«El único problema de la sanidad pública es que me puedo haber muerto antes de que me intervengan»

Con todo, Rodríguez no se considera un privilegiado frente a los trabajadores del sector privado y defiende su derecho a permanecer en el sistema actual. «¡Pero si me están quitando todos los meses de mi sueldo desde hace 33 años para cubrirme la sanidad, que no me lo paga Pedro Sánchez, que me lo están quitando del sueldo, cojones!», defiende, vehementemente, el funcionario de prisiones. «No soy un privilegiado. A un obrero o un empleado se lo quita su pagador de su nómina para pagar su Seguridad Social, pero a mí me lo está quitando el propio Estado».

Divergencias dentro del Gobierno

La crisis ha generado una divergencia dentro del propio Ejecutivo. El Ministerio de Sanidad dirigido por Mónica García, una de los cinco ministros de Sumar en el Gobierno de coalición, ha visto la oportunidad de llevar a cabo la vieja aspiración de este espacio político de desmontar el sistema mutualista en la Administración y devolver a los funcionarios al sistema sanitario público. En un informe publicado pocos días después del inicio de la crisis, Sanidad defendió que «la posibilidad de incorporar a la población mutualista a la asistencia sanitaria pública” era “una opción tanto viable como razonable».

La parte socialista del Gobierno, representada en el conflicto por Óscar López, ministro de Transformación Digital y Función Pública, se ha mostrado más conciliadora y ha terminado por proponer una segunda licitación para tres años con un incremento de la prima para las aseguradoras del 33,5%, que se acerca a lo exigido por las empresas.

En esta decisión ha podido influir claramente la presión del sector funcionarial, con todos los sindicatos mayoritarios alineados en la defensa de la renovación del convenio con las aseguradoras y con la mayoritaria Central Sindical Independiente y de Funcionarios (Csif) organizando movilizaciones y amenazando con huelgas si no se llegaba a un acuerdo.

«Es un derecho que tenemos los trabajadores del sector público, desde el momento en que tú apruebas la posición es una característica más de tu contrato», declara Rocio Díaz Conde, vocal de Csif en el Consejo General de Muface. «Lo que realmente hace es liberar a la sanidad pública de un millón y medio de usuarios más, eso es una forma de gestión que está ahí que está siendo útil y que está siendo mucho más económica que la sanidad pública».

Salga adelante o no esta licitación, el debate seguirá sin duda en los próximos años a medida que el coste sanitario de las aseguradoras siga subiendo con una población mutualista cada vez más envejecida. ¿Sería viable que una sanidad pública cada vez más al límite asumiera a ese nuevo millón y medio de usuarios?

«Si se hace relativamente bien y aumentan los recursos de la Seguridad Social, estamos hablando de un aumento del 3 o 4 porciento. Muchos de ellos son mayores, pero no especialmente más que la población en general. Si se hace de forma progresiva y aumentan los recursos de manera suficiente no tendría porqué haber problema», opina Sergi Jimenez, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra. «El problema es que en este país las cosas se suelen hacer de forma un poco chapuza. Lo más probable es que haya tensiones durante algunos años, más colas, tensiones en los servicios… pero si los recursos que se están destinando a Muface se destinaran adecuadamente al Sistema Nacional de Salud, no debería haber problemas».

Seguir en la privada, pero pagando

Este importante trasvase de pacientes de la privada a la pública podría verse amortiguado, según defienden sus partidarios, por un importante número de funcionarios optando por mantenerse con un seguro privado, aunque tuvieran que desembolsar un dinero extra al mes.

El hecho de que la inmensa mayoría de los adscritos a Muface sean funcionarios de categoría A1 o A2 -las que tienen una mayor remuneración- puede llevar a pensar que, buena parte de los mutualistas tendrían la capacidad económica de afrontar un seguro privado de necesitarlo. No obstante, hay que considerar también que los precios de las aseguradoras aumentan notablemente o incluso el acceso queda vetado para jubilados o personas con patologías muy graves, como un cáncer.

«Lo he considerado siempre un privilegio y la posibilidad de que (Muface) deje de existir no me parece mal»

Concha Martínez es una profesora de secundaria que, a sus 60 años, está a pocos días de poder jubilarse. Tras 36 años como funcionaria, ve ahora como, de no haber acuerdo entre Gobierno y aseguradoras, podría perder su seguro sanitario privado cuando más lo necesita. «Tengo de vez en cuando alguna lesión de piel que es cancerosa y me la tienen que quitar, entonces voy cada año al dermatólogo a revisión. Y también voy a la reumatóloga porque tengo osteoporosis grave para mi edad», explica la funcionaria casi jubilada, que optaría por pagar el seguro privado si desapareciera Muface.

«Estos dos profesionales iría pagándoles la consulta o bien me asociaría a alguna aseguradora, el problema es que ya, a partir de cierta edad, será carísimo», se lamenta Martínez que, a pesar de todo, no vería injusto que tuviera que hacerse cargo de la sanidad privada después de tantos años. «Lo he considerado siempre un privilegio y la posibilidad de que (Muface) deje de existir no me parece mal en cuanto a igualar a todo el mundo.La Seguridad Social debería gestionarse de otra forma, pero que cambie el sistema yo lo vería bien porque es un privilegio que hemos tenido toda la vida».

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