La irrenunciable e imparable apuesta por la sostenibilidad entró en 2024 en una nueva etapa, por parte de la Unión Europea, con la aprobación de la Directiva de Informes sobre Sostenibilidad Corporativa (CSDR) y por la Directiva sobre Debida Diligencia en Sostenibilidad Corporativa (CSDDD). Nuevos pasos a la hora de informar sobre la 'vida' de los negocios en línea con el Pacto Verde Europeo, la Agenda de Finanzas Sostenibles y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. En el caso de 2025, las grandes empresas cotizadas o no con más de 250 empleados y/o facturación de 40 millones de euros y/o 20 millones en activos, deberán entregar sus informes en 2026 (año en el que deberán hacerlo las pymes cotizadas, excepto las microempresas). Entretanto, la inversión responsable, la de impacto, continúan vigilantes para financiar proyectos y empresas que demuestren su fidelidad a los criterios ASG, al medioambiente, a los aspectos sociales, a la gobernanza. Un contexto sobre el que Ana Ruiz, socia de la consultora estratégica de sostenibilidad e impacto Transcendent y miembro de la Junta Directiva del SpainNAB, diferencia entre inversión de impacto e inversión sostenible. «La inversión de impacto (señala) es aquella con la intención explícita de generar un impacto social y ambiental positivo, adicional y medible. Su enfoque principal es financiar proyectos y empresas con soluciones directas a desafíos sociales y/o medioambientales, buscando una transformación adicional inviable sin esta inversión. La inversión sostenible busca integrar factores ESG para apoyar empresas con prácticas responsables y fomentar resultados sostenibles a largo plazo, sin necesariamente enfocarse en crear un impacto adicional». En este entorno, Trascendent acaba de presentar su informe 'Las 7 Tendencias en Sostenibilidad e Impacto'. Entre ellas (como la capitalización de la oportunidad de la adaptación al cambio climático, la necesidad de duplicar el 'talento verde' , la biodiversidad o la valoración del impacto), la sexta es 'la inversión de impacto se centrará en generar un cambio sistémico', como vía de «financiar proyectos que combinan rentabilidad económica con beneficios sociales y ambientales». Un flujo que, de acuerdo a datos de SpainNAB, alcanzó 1.517 millones de euros en 2023 (incremento interanual del 26%), que se espera aumentar a 5.000 en 2025, según estimaciones de la Asociación Española de Fondos de Impacto (AEFI). Desempeño en el que jugará un papel fundamental el FIS de Cofides (Fondo de Inversión Social), dotado con 400 millones de euros para financiar entidades de impacto social positivo. «La inversión responsable de impacto (destaca Angel Pérez Agenjo, socio director de Transcendent) va a seguir acelerando porque cada vez hay más elementos objetivos de medición, como se percibe en los congresos y en los eventos de grandes fondos, con un creciente interés desde el punto de vista de los riesgos y las oportunidades, con herramientas muy avanzadas para evaluar riesgos climáticos, físico, de transición, de adaptación… aspectos que influyen en la inversión». Un escenario en el que el especialista destaca la importancia de la normativa para guiar este decisivo cumplimiento: «La regulación avanza cada vez más, y es cada vez más rigurosa, definiendo mejor qué tipo de inversión es sostenible y de qué forma. A ello se suma que los fondos, en general, van a seguir contando con sus propios análisis e información, más allá del 'reporting' de las compañías». El socio director de Transcendent señala, además, la importancia del Fondo de Impacto Social «que posiciona a España como el cuarto país del mundo en iniciativas públicas y público-privadas de inversión de impacto y el segundo de la UE. El FIS espera tener un efecto catalítico y movilizar dos o tres euros de capital privado por cada euro invertido, algo que el Reino Unido ha conseguido con éxito». Un esfuerzo necesario para no desentonar en la transición en marcha hacia una economía más respetuosa con la naturaleza: de acuerdo a datos del informe 'State of Finance for Nature 2023' del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, las inversiones en SbN ( Soluciones Basadas en la Naturaleza ) se espera que se tripliquen para 2030 y se cuadripliquen en 2050, hasta los 700.000 millones de euros anuales (con estimaciones de 5.000 en cinco años para las empresas cotizadas españolas en el mercado de los 'créditos de naturaleza'). Como 'cuaderno de bitácora' nacional, el Libro Verde sobre Finanzas Sostenibles en España (aprobado en noviembre) es una iniciativa del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa para impulsar la transición hacia una economía sostenible (alineada con los objetivos UE de cero emisiones netas en 2050). Un corpus de encuentro para la colaboración público-privada en el que se complementan la creación vectores como un 'sandbox' de sostenibilidad, guías para pymes, divulgación sobre el Reglamento de Taxonomía, Consejo de Finanzas Sostenibles, Líneas ICO Verde, etc. En el caso de Spainsif, plataforma de encuentro y referencia en materia de finanzas e inversión sostenibles en España, publica desde 2009 los estudios sobre el mercado de la Inversión Sostenible y Responsable (ISR) en España que, en el caso de la última edición, se ha basado en las respuestas de 27 entidades nacionales y 15 internacionales. «Atendiendo al nuevo contexto de medición del mercado (señalan), las nacionales gestionan 236.894 millones de euros en activos con criterios ASG, el 49% del total del mercado nacional. De este patrimonio gestionado con criterios ASG, el 88% se corresponde con inversiones ASG, el 7% ASG avanzadas, el 5% alineadas con el impacto y el 0,16% generadoras de impacto». Un escenario en el que destacan «el uso de políticas de gestión activas, dedicadas especialmente a abordar temas relacionados con el cambio climático y los Derechos Humanos». Spainsif también ha realizado el informe 'Debida Diligencia y Derechos Humanos en las Finanzas Sostenibles', en colaboración con la Fundación ONCE También sobre la 'ese' de los criterios ASG, destacan iniciativas como la impulsadas por Fundación Seres, cuyo Informe de Impacto Social, elaborado con Deloitte, analiza en profundidad la última década de gestión empresarial responsable (han participado dos de cada tres empresas del IBEX en sus ediciones). «Entre los principales resultados (destacan), resalta la inversión de las organizaciones que colaboran con la fundación en proyectos de impacto social en la última década, cerca de 9.718,6 millones de euros». Sobre esta conexión entre inversión y sociedad sobre la que Fernando Ruiz, presidente de Fundación Seres, ha comentado: «Tras una década elaborando este estudio anual, pionero en la evaluación del impacto social agregado de las compañías, somos capaces de ver la evolución de la empresa española en el último decenio y qué cambios ha experimentado en materia social. No cabe duda de que se ha transformado y fortalecido su compromiso social, en momentos complejos como el actual». Respecto al Mapa SERES de Huella Social, una herramienta para poder evaluar el impacto social de las empresas en la sociedad (Foro de Marcas Renombradas Españolas en colaboración con la Fundación Seres), evalúa el impacto social de las compañías en cinco sectores (energía, hoteles, alimentación y bebidas, industria y hábitat, y moda y retail) para cuatro grupos de interés: empleados, clientes, comunidad y proveedores. Todos, parte de los grupos de interés, de la cadena de valor en la que los fondos de inversión se fijan, cada vez más y mejor, para cerrar, en lo posible el círculo de la sostenibilidad.
