El Gobierno disolverá una compañía clave del Estado y prioriza otras para 2025

El Gobierno nacional oficializará la disolución de la Administración General de Puertos (AGP), la compañía a cargo de la operatividad del Puerto Buenos Aires y la Vía Navegable Troncal (mejor conocida como Hidrovía). La decisión se produce bajo la premisa de eficientizar las áreas administrativas del Estado y que no haya dos organismos que se choquen con competencias similares.

Es por eso que no solo se disolverá la AGP, sino también la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, área que depende de la Secretaría de Transporte y el Ministerio de Economía. Ambas pasarán a confluir en una nueva esfera, que podría denominarse Agencia Nacional de Puertos y Navegación, según afirmaron a El Cronista altas fuentes del Gobierno.

"Las funciones administrativas y de regulación eran competencias de la Subsecretaría de Puertos, mientras que los recursos los tenía la AGP. El cambio tiene sentido cuando se entiende que ahora ambas cosas van a estar juntas", explicó un funcionario libertario. La decisión saldría mediante un decreto en los primeros días hábiles del año próximo en el Boletín Oficial.

La idea es que la nueva agencia tenga todo el peso del rol regulatorio, de control y planificación de las vías navegables y los puertos. Hasta hace algunos meses, el Gobierno ya había disuelto el Ente Nacional de Control de la Vía Navegable (ECOVINA) y traspasado sus funciones a la subsecretaría que está a cargo de Iñaki Arreseygor.

Según el último informe de Dotación publicado por el INDEC, la AGP englobaba hasta octubre un total de 588 trabajadores. Según comunicaron voceros oficiales, estos serían transferidos en su mayoría a la nueva agencia gubernamental. Aun así, todavía se está ajustando el organigrama y la estimación de personal necesario.

La decisión de disolución terminó por acelerarse cuando, semanas atrás, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), a cargo del abogado Diego Chaher, logró convertir trasformar a la AGP de una Sociedad del Estado (S.E.) a una Sociedad Anónima Unipersonal (S.A.U.), lo que facilitaba su manipulación para una eventual privatización. Se optó, finalmente, por reducir el aparato burocrático en un solo ente.

Los nuevos planes de las empresas públicas de Milei

Son muchas las reformas y los planes pendientes que tiene el Gobierno Nacional para 2025. En la Quinta de Olivos, el presidente Javier Milei se reúne con sus principales funcionarios de confianza y comienza a establecer las diferentes hojas de ruta para cada uno de los puntos clave que quiere ejecutar el año próximo.

Uno de los deseos es que antes de las próximas elecciones se concrete la primera privatización de una empresa pública. Este año ya se concretó la de la metalúrgica IMPSA, aunque se trataba de una que tenía una estructura accionaria junto a la gobernación de Mendoza y no precisó pasar por el Congreso Nacional.

Lo que buscan en los despachos oficiales es obtener la cucarda de la privatización de alguna empresa simbólica para el kirchnerismo. "Nuestra prioridad para el año que viene es Aerolíneas Argentinas", afirmó un altísimo miembro de la mesa política libertaria.

Según datos de Presupuesto Abierto recabados por Clarín, Aerolíneas tuvo una disminución significativa de subsidios desde u$s 136 millones en 2023 a u$s 64,2 millones este año. Esto, alegan en el Gobierno, se debe al profundo programa de recorte de gasto interno que llevó a cabo la empresa (hasta septiembre de este año hubo una baja de 1552 empleados, según informó la Jefatura de Gabinete).

Para 2025, la Secretaría de Transporte planificó un techo de caja asignado en el presupuesto preliminar de $ 73.879 millones, de los cuales el 99% son para gastos corrientes y menos del 1% es para gastos de capital, es decir, inversiones en infraestructura y otras compras de valor para la compañía, lo que da cuenta de los planes del Ejecutivo para el año próximo.

A pesar de la intención oficial, hay un gran desafío que se posa sobre el horizonte: el oficialismo todavía no acumuló las adhesiones para poder pasar la privatización de la aerolínea de bandera por ambas cámaras del Congreso. Sin eso, una eventual venta se hace imposible en términos legales.

"Todo lo que se pueda privatizar lo vamos a privatizar", afirmó un alto colaborador oficial. Para eso, en primera instancia todas las compañías deben pasar a ser Sociedades Anónimas y no Sociedades del Estado. Había compañías que incluso antes de asumir Milei ya lo eran, pero otras muchas no.

Lo cierto es que durante el 2024 se convirtieron la ex-Télam (ahora llamada APE S.A.U.), Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), Fabricaciones Militares, Contenidos Públicos, Educar, Radio y Televisión Argentina (RTA) y la AGP. Aunque la de Télam se aceleró por cuestiones políticas, las demás tenían cuestiones contables que hicieron más fácil la transición.

Aún quedan en ese listado tres empresas ferroviarias clave: ADIF S.E. (encargada de las obras de infraestructura ferroviarias de todo el país), FASE (el holding que engloba a los directores que planifican las políticas de los trenes) y SOFSE (la compañía encargada de administrar las líneas regionales, de larga distancia y del AMBA). "Estas son estructuras particularmente complejas, llenas de irregularidades y por eso tardan", afirman.

Al listado se le suma COVIARA (Construcción de Vivienda para la Armada), la empresa pública que construye, compra y adjudica viviendas para el personal militar. Caso diferente es lo que sucede con Casa de Moneda: el Gobierno ni busca convertirla en Sociedad Anónima porque directamente quiere cerrarla, tal y como se anunció en octubre y razón por la cual Milei designó a un interventor a 180 días para que lo efectúe.

La misión específica para la conversión a Sociedades Anónimas recae en la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, que está a cargo del abogado Diego Chaher. Esta se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Economía, de Luis Caputo.