Los oligarcas rusos se juegan sus yates de lujo en el Tribunal Supremo

Es una derivada más de la invasión rusia de Ucrania que arrancó en el primer trimestre de 2022 y una de las medidas de la Unión Europea fue imponer sanciones y embargos económicos a decenas de jerarcas vinculados al Kremlin. En España la Marina Mercante inmovilizó entonces varios yates de lujo vinculados a oligarcas rusos y ahora su futuro está en manos de los magistrados del Supremo: el tribunal ha admitido a trámite el recurso de la empresa propietaria del 'Valerie', vinculado por las autoridades a Sergey Chemezov, director de la principal empresa rusa de defensa y exportación de armas. La sentencia, que aún tardará unos meses, decidirá si las acusaciones europeas sobre la propiedad de estos yates son suficientes para mantenerlos inmovilizados durante años en puertos como el de Barcelona.

El caso que ha llegado hasta la sala tercera del Tribunal Supremo es el del yate 'Valerie', ahora bautizado como 'Meridian A'. Valorado en 140 millones de dólares y con 85 metros de eslora, esta embarcación de superlujo ha sido propiedad de varias sociedades, algunas 'offshore', vinculadas siempre a altos cargos de Rostec, el conglomerado estatal ruso del sector de la defensa y el armamento que ha adquirido todavía más protagonismo en la economía de Moscú desde el comienzo de la invasión y la guerra.

Primero fueron empresas ligadas a un directivo de la firma y después a Anastasia Ignatova, hijastra de Sergey Chemezov, máximo dirigente de Rostec y empresario muy cercano a Vladimir Putin. La Marina Mercante, dependiente del Ministerio de Transportes, tomó nota de que tanto Ignatova como el yate fueron incluidos en las listas de sanciones que la Unión Europea detalló en 2022 para personalidades cercanas al Kremlin y ordenó la inmovilización de la embarcación en el Puerto de Barcelona.

No fue el único yate de lujo vinculado a oligarcas rusos que quedó varado en un puerto español tras el comienzo de la guerra. “Tenemos que actuar de manera contundente con Putin, con su régimen y con los oligarcas”, dijo Pedro Sánchez poco después. Hasta cuatro embarcaciones de superlujo fueron retenidas, algunas de manera temporal, en puertos de Catalunya y Balears. Un quinto yate, el 'Tango', vinculado con un magnate del aluminio cercano a Putin, fue directamente incautado a petición de los Estados Unidos. En Barcelona, además del 'Valerie', las autoridades registraron en su momento la presencia de otros megayates vinculados a Andrei Molchanov, Roman Abramovich, el expresidente del Chelsea, que se tuvo que apartar del club en cuando comenzaron los anuncios de sanciones, o el magnate Mijaíl Dmítrievitch.

El caso del 'Meridian A' vinculado a Chemezov, según ha podido comprobar elDiario.es, acabó en los tribunales. La empresa que, sobre el papel, es propietaria del barco, recurrió la decisión de la Marina Mercante y la posterior negativa de Transportes a levantar el cepo con una alegación principal: que el yate no es, en realidad, propiedad de la hijastra del director general de Rostec, a pesar de lo que dicen las autoridades europeas. Desde el entorno de los propietarios del barco se ha rechazado hacer valoraciones del proceso a preguntas de elDiario.es

La primera sentencia llegó del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en abril de este año. Los jueces rechazaron el recurso de la empresa Sulberg Services Limited, como ya habían hecho dos años antes con su petición de medidas cautelares para liberar el barco, y establecieron que “la administración española venía obligada a acordar la inmovilización del buque”. En el fondo de la parte jurídica del caso están las directrices europeas de 2014 sobre el conflicto bélico en Ucrania, actualizadas en 2022 y que incluyen a Anastasia Ignatova como objeto de sanciones, entre ellas como propietaria del Valerie.

La sociedad Sulberg que ha puesto en marcha la batalla legal para sacar el buque del Puerto de Barcelona denuncia que, tras varios recursos y peticiones, las últimas listas actualizadas de empresarios rusos bajo sanción por la situación de Ucrania sigue manteniendo a Anastasia Ignatova, pero que también reflejan que el barco ya no es suyo sino que la mujer “era”, en pasado, su propietaria.

Esta alegación ya fue rechazada por el TSJM. La Abogacía del Estado, a lo largo del proceso, ha explicado que tiene “serias dudas” sobre la documentación que se ha presentado para acreditar que la hijastra de Chemezov vendió el yate. Dudas “en cuanto a su veracidad y realidad” incluso sobre los pagos ya que, dijo la Abogacía, todo se había hecho “ a través de una entidad financiera rusa que pudiera tener vinculación con el gobierno ruso y los oligarcas de dicha nación”.

Para la Abogacía del Estado es “absolutamente impreciso” decir que, en general, la Administración haya admitido que el yate ya no tiene ninguna vinculación con el oligarca. El Supremo ha aceptado estudiar el caso con el objetivo de determinar si la atribución de la propiedad por parte de estas resoluciones europeas es suficiente o si España debería investigar por su cuenta quién está detrás del yate para, en la práctica, proceder a su inmovilización.

De 'Valerie' a 'Meridian A'

El Valerie comenzó su particular viacrucis en Barcelona en los astilleros para yates de lujo de la firma MB92, donde se encontraba sometiéndose a reparación en febrero de 2022. Poco después, cuando dejó de abonar los costes de esos trabajos, fue trasladado a uno de los amarres del pequeño y exclusivo muelle de Marina Vela (aunque los grandes yates atracan habitualmente en la más lujosa Marina Port Vell).

En octubre de ese mismo año la propiedad cambió el nombre del barco a Meridian A y trató de sacarlo así de Barcelona, pero las autoridades lo evitaron. Desde entonces, el enorme yate sobresale entre las demás embarcaciones de Marina Vela.

Una de las grandes incógnitas durante estos años es quién asume el coste de los amarres y a cuánto ascienden. Tanto las concesionarias de los puertos como el ministerio de Transportes aseguran que no cargan con la factura. “Los costes del amarre, como el resto de los gastos subsidiarios, corresponden al propietario o armador del buque”, sostienen fuentes del Ministerio de Transportes.

Es decir, que son los titulares los que pagan. Y si no abonaran el alquiler, la marina de atraque podría solicitar un “embargo preventivo” de la embarcación en los juzgados. De hecho, el pasado mes de julio el yate Lady Anastasia, con el nuevo nombre de Vita Nova, se trasladó de Mallorca al Puerto de Valencia –previa autorización del Estado– para rebajar esa factura, según el Gobierno.

En el caso del Meridian A, Marina Vela alega que por protección de datos no puede desvelar cuánto cobra por el amarre ni cuál es la empresa concreta que abona el montante. Otros puertos, como Port Tarraco de Tarragona, tienen las tarifas públicas. Así se puede deducir que al yate Crescent, vinculado a un exjefe de gabinete de Putin, Igor Sanovich Sechin, de 135 metros de eslora y un valor de 600 millones, le tocaría abonar más de 150.000 euros por semestre.

Por contra, en cuanto al yate Tango, es el gobierno de Estados Unidos quien debe asumir el alquiler de su amarre en Palma, ya que está incautado y no inmovilizado. Por ahora trata sin éxito de venderlo. Según Diario de Mallorca, la factura superaría los 20 millones de euros.