El Gobierno ya estudia transferir un fuero clave y un fallo puede cambiar el 90% de las causas laborales y comerciales

El Gobierno Nacional está estudiando la modalidad para traspasar la Justicia Nacional a la esfera del Tribunal Supremo de Justicia de la CABA (TSJ), el máximo órgano judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A modo de simplificación: la CABA es el único distrito subnacional que no tiene una esfera judicial unificada para tratar todos los temas que no sean de orden federal. Al ser constituida su autonomía a partir de la Constitución Nacional en 1994, la Ciudad quedó al pendiente de que la política resuelva el traspaso de la Justicia Nacional, que interviene en apelaciones de las causas penales, comerciales, civiles y laborales.

Lo que la política demoró durante estos años parece haberse acelerado con un fallo clave que publicó la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 27 de diciembre. Se trata de la denominada Causa Levinas.

Con los votos de Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, se determinó que el TSJ es el órgano encargado de operar ante los recursos extraordinarios presentados ante la Justicia Nacional y que "debe concentrar las facultades jurisdiccionales en torno al derecho local (no federal), al igual que lo hacen los tribunales superiores de las demás 23 provincias.

Cómo podría realizarse el traspaso de la Justicia Nacional a CABA

El proceso del traspaso no será sencillo. Tanto la Casa Rosada como en Uspallata (la sede del Ejecutivo porteño) están de acuerdo en realizarlo, aunque no existe un plazo específico ni una modalidad puntual.

"Es muy complejo todo. Estamos estudiando porque todo requiere análisis", dijo a El Cronista una altísima fuente del Ministerio de Justicia de la Nación.

Lo que se espera es en avanzar con convenios específicos en cada uno de los cuatro fueros que componen a la Justicia Nacional. "Se está buscando avanzar en ese sentido", desprendió un funcionario que trabaja en eso.

"Hay una incómoda convivencia entre justicia local y nacional residual (que siempre estuvo destinada a "localizarse" en CABA), pero, inevitablemente, requiere leyes de ambas jurisdicciones para transicionar", afirmo un constitucionalista consultado al respecto. Por ejemplo, deben firmarse convenios y resolverse ciertos derechos salariales adquiridos.

Vinculado al tema de los convenios, fuentes oficiales confirmaron a El Cronista que está avanzada la transferencia para el fuero laboral, una de las áreas más jugosas de todas las que están en juego. Esperan que este proceso se pueda materializar este año. Así, se ratifica que el traspaso se hará como un goteo y no con una transferencia de todas ellas al unísono.

Los efectos que pueden esperarse

Mientras no suceda esto, las causas de estos tipos deberán sumar una instancia más. Antes del fallo de la Corte Suprema, las causas iban desde la Cámara Nacional a la Corte Suprema. Ahora deberá sumarse una instancia más: la del Tribunal Supremo de Justicia. "El efecto es muy potente para la patria litigante y los judiciales de apelaciones", indicaba un referente del sector.

"Esta decisión tiene que ser legalmente acatadas por los tribunales y esto conduce a que los abogados y abogadas tengamos que estar más atentos. A partir de este momento, toda sentencia de una cámara nacional solo puede ser apelada a través del recurso de inconstitucionalidad de la Ley 402 al TSJ de la CABA", declaró el titular del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra.

Ante esto, la situación promete espiralizarse. O al menos eso avisan diferentes actores, como la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) y la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), esta última a cargo de Julio Piumato.

Los magistrados cuestionaron la habilitación del TSJ para revisar fallos de las Cámaras Nacionales. "No existe base legal para atribuir esta potestad al TSJ porteño", subrayaron, destacando que el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación solo prevé el Recurso Extraordinario Federal para impugnar dichas sentencias.

En tanto, desde el sindicato judicial afirmaron a El Cronista que prevén tomar mayores acciones en febrero, cuando estén presentes más actores judiciales.

"Afecta a las garantías de todos los ciudadanos. Este fallo legisla algo que el Poder Judicial que no puede hacer. Reinstala un concepto de centralismo porteño no conocido hasta ahora. Estando el 90% de las empresas teniendo en la CABA, toda la vida útil de las empresas pasaría por la justicia comercial en la Ciudad, así como las relaciones laborales del 90% de los argentinos", indicó Piumato en diálogo con El Cronista.

Circunvalando este cimbronazo que se produjo en el ámbito judicial aparecen las especulaciones de diferentes actores políticos. Y es que después del fallo del otro día, la Corte firmó otra decisión en la que le envió al Tribunal Superior de Justicia de CABA un incidente de la Causa Correo que inició la familia de Mauricio Macri. En la esfera porteña, ese expediente tiene mayores probabilidades de salir favorable para el expresidente.

El TSJ tiene a varios integrantes ligados al PRO. De sus cinco integrantes, hay tres con una ligazón evidente al oficialismo porteño. Una es Inés Weinberg, presidenta del cuerpo y que fue la candidata de Macri para la Procuración General de la Nación. Santiago Otamendi fue secretario de Justicia durante la presidencia macrista. Mientras que Marcela De Langhe fue presidenta del Instituto de Seguridad Pública de la Policía Metropolitana durante el paso de Guillermo Montenegro como funcionario porteño.

Uno de los funcionarios porteño clave que se refirió al respecto del traspaso es el ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia: "A 30 años de la Reforma Constitucional que estableció nuestra autonomía, la Corte Suprema de Justicia sienta un nuevo precedente que nos equipara a las otras 23 provincias y demuestra que confían en la Ciudad y en su Justicia".