Las acusaciones "dan por hecho" que García Ortiz irá a juicio por el "cúmulo de indicios" de la filtración de los datos del novio de Ayuso
El fiscal general del Estado cambió de móvil una semana después de que se le imputase ante el Tribunal Supremo por la supuesta revelación de datos reservados y privados del novio de Isabel Díaz Ayuso y antes, concretamente siete días, de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realizase, a petición del instructor, una entrada y registro en su despacho para incautar sus dispositivos y volcar los correos electrónicos de su cuenta.
Fuentes cercanas al caso explican a LA RAZÓN que era un iPhone, propiedad de la Administración, con capacidad para albergar dos tarjetas telefónicas y, por tanto, un par líneas telefónicas, una de su número de teléfono personal y otra del profesional de la que es titular la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda.
Estas dos SIM se extrajeron del iPhone que utilizaba el 23 de diciembre para introducirlas y pasar a usarse en un nuevo dispositivo, esta vez un Samsung, que fue el que los agentes hallaron en la Fiscalía General del Estado.
En la acusación popular, según ha podido saber este diario, no descartan que aparezca el móvil que usaba Álvaro García Ortiz en los días en que se fraguó el comunicado por el que se le investiga por un delito de relevación de secretos en el que se daba cuenta de las conversaciones de cara a alcanzar un pacto de conformidad que mantuvieron el fiscal de delitos económicos de la Fiscalía Superior de Madrid Julián Salto y el abogado de Alberto González Amador, la pareja de la presidenta madrileña, dirigidas a que el empresario admitiese la comisión de dos delitos fiscales para evitar una condena a prisión.
Al ser un dispositivo móvil propiedad de la Administración, apuntan las fuentes consultadas, se tendría que haber devuelto y cabe la posibilidad que, de ser un modelo nuevo, que es lo habitual en los que se entregan a cargos tan altos del Estado, no haya sido destruido, como ocurre con los que ya tienen años, y este en algún lugar edificio público o en manos de otro funcionario.
En este escenario, lo normal es que el móvil haya sido formateado antes de pasar a manos de otro empleado público, pero, confirma un perito informático consultado, que la Guardia Civil dispone de programas informáticos, de origen israelí, que podrían recuperar total o parcialmente los datos que albergaba antes de ser “limpiado”.
Habrá que esperar a que el magistrado Ángel Huerta se pronuncie sobre la posibilidad de dar orden a los investigadores para que rastreen el paradero del dispositivo que falta o que reclame a Hacienda explicaciones para saber qué ha sido de este.
Una de acusaciones populares ya lo ha pedido este mismo sábado. Manos Limpias ha reclamado al instructor que dirija un oficio al Ministerio de Hacienda para que “se entregue” a la secretaría de la Sección Penal del alto tribunal el terminal “a los efectos de acordar su inspección y análisis” y se informe de “la persona o personas responsables del formateo o borrado de los datos” del móvil que falta “o si este ya fue” devuelto “formateado o borrado”.
Lo que está claro es que, a la vista de lo que evidenció la UCO, el cambio de terminal no concuerda con las explicaciones dadas desde la Fiscalía General, cuando alegaron, como publicó este diario, que se sometió el contenido del móvil a un borrado por razones de seguridad y protección de datos. Ahora se ha sabido que el teléfono que se encontró no es el mismo.
En cualquier caso, es preciso recordar que en nuestro país no es delito el autoencubrimiento, lo que implica que no puede ser castigado penalmente que uno mismo proceda al borrado de pruebas que le incumplan. En cambio, si una tercera persona interviene y colabora en el borrado de pruebas que salpican a una tercera persona, sí que se enfrentaría a consecuencias penales en lo que correspondería con un delito de encubrimiento.
En la acusación popular tienen claro, en base a los que se desprende de la instrucción desarrollada hasta ahora, que el fiscal general tendrá que ir a juicio por el “cúmulo de indicios de peso” y las “repetidas contradicciones en las que ha caído” que le señalan como la persona que presuntamente habría filtrado los correos electrónicos intercambiados entre el fiscal Salto y la defensa de González Amador y que acabaron publicados en prensa.
No creen que fuera el propio García Ortiz quien se lo hiciese llegar al medio que lo publicó, sino que todo apunta, según fuentes de la acusación, a que lo trasladó a “altas personalidades de Moncloa o del Gobierno” y que, después, desde ahí fluyó hasta la prensa.
Por ello, la clave está, explican, en recuperar el contenido del móvil en paradero desconocido que revelaría si hay algún mensaje entre algún alto cargo del Ejecutivo y García Ortiz en el que se envían los correos del novio de Ayuso y el fiscal de delitos económicos, y aclararía cómo se habría producido esta supuesta revelación de secretos.