María Jesús del Barco: "Los jueces estamos habituándonos a los ataques. No deberíamos normalizarlo"

La presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco, pide para este 2025 un deseo "que no cuesta dinero": respeto institucional. La también juez decana de Madrid denuncia en entrevista a LA RAZÓN que los jueces siguen siendo el blanco de innumerables ataques desde la esfera del Ejecutivo y que, pese a que cada vez son más continuados, no pueden acostumbrarse a ellos. Reclama mayor pedagogía desde el CGPJ para que se conozca el desempeño de los togados y apela a un gran pacto político en materia de Justicia para reducir la carga de trabajo y crear más plazas de jueces.

- Las críticas de 'lawfare' desde el Gobierno a la esfera judicial son una constante. ¿Cómo se interpretan estos reproches? ¿Temen que se terminen normalizando?

-El Gobierno ha asumido en su lenguaje el 'lawfare' y la misma terminología despectiva que hasta ahora venía siendo utilizada por los condenados por el 'procés'. Lo cierto es que estos ataques permanentes han ido a más y se ha puesto de relieve desde el momento en que comenzó, fundamentalmente, la investigación por Juan Carlos Peinado de unos hechos aparentemente delictivos en los que aparece como presunta autora de los mismos la mujer del presidente del Gobierno (Begoña Gómez). Los jueces estamos casi habituándonos a esto. No deberíamos normalizarlo, como tampoco debería normalizarse en la sociedad ni por los responsables políticos utilizar este tipo de lenguaje. Es muy peligroso. Deteriora la convivencia.

Los jueces somos responsables y sabemos que no estamos exentos de crítica. Pero esto no es una crítica, esto es un ataque permanente y constante porque las resoluciones de los jueces en la investigación de determinadas personas que estarían dentro del ámbito de la denominada 'corrupción política', resultan molestas. Pero el Estado de Derecho funciona y la Ley es igual para todos.

- ¿Por qué cree que se producen estas acusaciones tan duras contra la carrera judicial justo ahora?

- Creo que es por la labor que los jueces están realizando, porque están instruyendo causas en las que aparecen como presuntos autores personas vinculadas al círculo más íntimo del presidente del Gobierno. Se trata de deslegitimar y desprestigiar la labor del juez ante la posible evolución de estos procedimientos penales en los que pueda llegar a formularse una acusación por hechos delictivos concretos.

- ¿Cree que comentarios como el de Joaquim Bosch acerca de que los jueces tienen ideología, fomentan la desconfianza de la ciudadanía en la judicatura?

- Creo que los jueces tenemos que ser muy cautos y muy prudentes cuando hacemos determinadas manifestaciones públicas. No estamos para repartir carnés de ideología, ni de la buena ni de la mala. Nos tenemos que limitar a aplicar nuestras resoluciones y, en el caso de que tengamos ideología política, lo que tenemos que tener claro, y creo que es así en el 99% de los casos, es que tenemos que dictar resoluciones al margen de ella. Ponernos un impermeable y que no cale. Si el señor Bosch dice esto habrá que preguntarle si él cuando dicta sus resoluciones lo hace de acuerdo a su ideología. Creo que este tipo de mensajes hace daño a la imagen de independencia de los jueces, pero allá cada uno.

- ¿Qué opinión le merece la amnistía y toda la reforma del Código Penal encaminada a librar a los socios independentistas del Ejecutivo?

- El Código Penal es el instrumento que tiene el Estado para castigar. Por eso, para delimitar qué hechos son constitutivos de delito, debe hacerse siempre con rigor y con criterios legales. Derogar un delito como la sedición y modificar la tipicidad de la malversación de caudales públicos no puede obedecer a un interés político concreto. Con respecto a la amnistía, desde mi asociación (APM) nos hemos manifestado en numerosas ocasiones y así lo hemos hecho cuando hemos ido a Europa. Nuestra Constitución no la permite la amnistía. Es cierto que en otras de nuestro entorno europeo sí se permite, pero nuestro texto constitucional no.

La Comisión de Venecia hablaba del necesario consenso entre las fuerzas políticas. Sin embargo, hemos visto que aquí se ha aprobado por una mayoría del 51 frente a un 49% en el Congreso de los Diputados y se ha rechazado en idénticos términos en el Senado. Creo que esto ha dividido más que unido. Trasladar al ciudadano la idea de que el político es inmune, que puede hacer lo que quiera si interesa en un momento determinado su voto, y que entonces no existe delito alguno, es un mensaje muy peligroso y que crea una diferencia esencial de los ciudadanos ante la ley.

[[QUOTE:PULL||| No me gustaría que calara la idea de que los jueces no somos independientes. Sería muy importante que desde el nuevo Consejo se cometa esta labor de pedagogía ]]

- ¿Qué cree que va a decir la Justicia Europea sobre la amnistía a la malversación? ¿Considera que se está dañando la imagen de la Justicia en España ante la UE?

- Como respeto siempre la independencia judicial, no voy a manifestarme sobre lo que creo que va a decir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Lo que sí que me parece un poco lamentable es que tengamos que estar acudiendo permanentemente a Europa en defensa del Estado de Derecho ante los ataques y el deterioro institucional que estamos viviendo.

- ¿Cree que muchas veces las críticas calan en la sociedad porque no se hace la suficiente pedagogía sobre el trabajo de los jueces?

- Me gustaría que no calara en la sociedad la idea que algunos quieren transmitir de que los jueces de este país no actuamos con la absoluta independencia, pero es verdad que ha fallado mucho la pedagogía y la comunicación. Y falla desde que llega Carlos Lesmes y quita la figura del portavoz del Consejo, ya que dejó de explicarse a los ciudadanos el por qué de determinadas sentencias, o nuestra labor. Creo que el ciudadano debe saber también que trabajamos con una escasez de medios tremenda que hace que no podamos dictar nuestras resoluciones en plazo, y que si las cosas salen adelante, muchas veces es por el esfuerzo que se hace.

Este año se prevé que se pongan un 19% más de sentencias que el año anterior. Estamos hablando de un sistema judicial completamente saturado, que no se corresponde con una creación de órganos judiciales ni con una convocatoria de plazas de oposición libre para juez y, sin embargo, el trabajo sigue saliendo adelante. Sería muy importante que desde el nuevo Consejo se cometa esta labor de comunicación. Los jueces no tenemos que estar haciendo hilos en redes sociales de lo que hacemos. Esto tendría que ser una labor institucional.

- Tras su renovación, el CGPJ está centrado ahora en nombrar más de un centenar de vacantes, pero parece que algunos de estos nombramientos, como es la presidencia de cuatro salas del Tribunal Supremo, está costando. ¿Teme que se puedan alargar durante meses?

- Es necesario proceder al nombramiento de las cuatro presidencias, que son muy importantes y espero que lleguen a un acuerdo. No sé si esto va a ser fácil, pero espero que sean nombramientos acertados y que se fundamenten en el mérito y la capacidad de personas nombradas. Si no es posible ahora alcanzar inmediatamente el acuerdo para las cuatro presidencias, a lo mejor sí sería preciso empezar con los nombramientos de otras plazas de magistrados del Tribunal Supremo. Esperemos que haya acuerdo cuanto antes y veamos ese arranque del Consejo en esta labor esencial.

- Su decisión, en calidad de juez decana de los juzgados de Madrid, de permitir en tres ocasiones a Begoña Gómez el acceso al juzgado por el garaje ha sido criticada por algunos ciudadanos que ven trato de favor. ¿Qué les diría?

- No me gusta hablar de aquellos asuntos que tengo que conocer por mi condición de juez, en este caso como decana, en cualquier caso la respuesta es muy sencilla. Con el caso de la entrada de Begoña Gómez he hecho lo mismo que hago siempre cuando se me solicita por cualquier ciudadano -generalmente de relevancia pública-, entrar por un lugar diferente a la entrada general del público, y es solicitar un informe a la Policía sobre si existe algún riesgo para la seguridad de esta persona.

En este caso los diferentes informes dicen que existe ese riesgo y creo que no debe ponerse en ningún caso en riesgo ni la integridad de la señora Begoña Gómez ni de ningún ciudadano que acuda a los juzgados. Cuando el informe policial dice que no existe ninguno, esa persona entra por la entrada general. Siempre se toma una decisión objetiva y de acuerdo con un dato objetivo. Nada más.

[[QUOTE:PULL|||El fiscal general del Estado, por el bien de la institución, debió dimitir cuando el Supremo abrió causa contra él]]

- La causa contra el fiscal general será una de las más relevantes en 2025 y puede que termine en procesamiento. ¿Cuándo debería dimitir?

- Desde el día 16 de octubre cuando la Sala Segunda del Tribunal Supremo decide abrir la causa por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos en el que aparece como investigado el fiscal general del Estado, por el bien de la institución, en ese momento debió dimitir.

- También ha levantado ampollas que acuse en representación del Ministerio Público la 'número dos' de la institución. ¿Qué imagen da con ello la Fiscalía?

- Creo que el daño que se está causando a la institución es enorme y va a ser muy difícil que se recupere. El fiscal está sometido al principio de legalidad y así debe actuar ante los tribunales. Lo que se está produciendo ahora deteriora esa imagen del fiscal. Cómo no va a chocar a un ciudadano que quien debe ejercer la acción penal frente a él si comete un delito esté también investigado. No olvidemos que la Fiscalía actúa en esa estructura jerárquica. Resulta un poco triste la situación porque cada día en este país los fiscales están trabajando desde la absoluta profesionalidad, responsabilidad y ajenos a este tipo de actuaciones. Por lo tanto, la institución está por encima de las personas y debe actuarse siempre en consecuencia.

[[QUOTE:PULL|||Aún no hemos cobrado la parte proporcional de subida de las pagas extras. El pacto con el Gobierno fue nefasto]]

-La carrera judicial sigue afrontando la gran problemática del colapso de casos. El año pasado, el Tribunal Supremo concluyó que el CGPJ no había regulado la carga laboral de los jueces. ¿Ha habido alguna mejora al respecto?

- De momento, más allá de los grupos de trabajo, no se ha evolucionado mucho. Cuando se fijen estas cargas de trabajo tendremos que compaginarlo con la función esencial que desempeñamos de derecho a la tutela judicial efectiva que tienen los ciudadanos. Es evidente que hay que incrementar el número de órgano judiciales. El Consejo ha cifrado en 421 el número de juzgados que debían crearse ahora. Debe mantenerse una tasa, como dice el propio Consejo, de 350 plazas convocadas cada año de oposiciones. Este año se han convocado 120.

Al final nuestra responsabilidad nos lleva, en muchas ocasiones equivocadamente, a trabajar mucho más. El sobreesfuerzo que los jueces están haciendo cada día debería ser la excepción y no la norma. Hay juzgados en Madrid que están citando juicios para septiembre del año 2016 y juzgados de lo Social en Sevilla que están señalando para 2028 o 2029. El derecho a la tutela judicial efectiva es el derecho a una respuesta en un tiempo y un plazo. Una justicia que llega tarde es menos justa.

- El año pasado la carrera judicial desconvocó una huelga general tras el compromiso del Gobierno de una subida salarial. ¿Lo ha cumplido?

- Efectivamente en mayo de 2023 otras asociaciones judiciales suscribieron un pacto con el Ministerio de Justicia en el seno de la Mesa de Retribuciones. La APM consideró entonces que era un mal pacto y, viendo cómo se han desarrollado los acontecimientos, lo sigue diciendo. Según los estudios que hicimos las propias asociaciones judiciales, la pérdida de poder adquisitivo rondaba un 20% desde el año 2003, que se aprobó la ley de retribuciones. Sin embargo, se pactó una subida del 6,5%.

Pero, dado que no existen Presupuestos Generales del Estado, aún no hemos cobrado la parte proporcional de subida de las pagas extras del año 2023 y de 2024. Además, en ese pacto se hablaba de crear grupos de trabajo para subir el pago de las guardias, pago de los trienios y de los grupos de población. Un incremento salarial en estas partidas que, a día de la fecha, no se ha avanzado lo más mínimo y hace más de un año de ese acuerdo. Por lo tanto, creo que el pacto fue nefasto.

- Uno de los grandes problemas actuales es de la 'okupación'. ¿Qué se puede hacer desde los juzgados para agilizar la respuesta contra este fenómeno?

- Desde el punto de vista judicial, más allá de la carencia de medios materiales y el retraso en las resoluciones, poco más podemos hacer. Sucede que tenemos una legislación que en muchas ocasiones dificulta el desahucio ante el 'okupante' y frente al inquilino que, entrando a vivir en la vivienda con un contrato, ha dejado de pagar la renta. Dejar sobre los hombros del particular, sea una persona física o una entidad, la labor que debe hacer el Estado no está favoreciendo nada los contratos de alquiler. Me temo que hay que buscar la raíz del problema y no hacer mensajes que sean simplemente pura demagogia.

-¿Qué deseo pide en este año que empieza para lograr un mejor funcionamiento de la Administración de Justicia?

- De cara al 2025 me gustarían varias cosas. Algunas no cuestan dinero: es el respeto institucional, el respeto a la separación de poderes y actuar todos juntos para el fortalecimiento del Estado de Derecho. Si vamos a lo material, me gustaría que existiera un pacto para la Justicia entre los dos principales partidos del arco parlamentario, el Partido Popular y el PSOE. Que fueran capaces de ver cuáles son los problemas reales que tiene la Administración de Justicia para elaborar unas leyes procesales eficientes, e impulsar una convocatoria continuada de esas 350 plazas de oposición al año.

Hacer lo posible con los mecanismos legales para que baje el índice de litigiosidad, para que haya unos órganos judiciales dotados de medios materiales suficientes y con una planta de jueces titulares que hayan accedido a la carrera judicial por los mecanismos legamente establecidos: la oposición libre y en cuarto turno. Sin trampas y sin puertas de atrás.