Las pruebas recogidas por la UCO que desmienten la versión de Ábalos en el Supremo

José Luis Ábalos aseguró durante su declaración ante el Tribunal Supremo como imputado en el “Caso Koldo” que se limitó a firmar “una orden ministerial” para la compra de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes que dirigía y no “dio ninguna orden a nadie”.

La auditoría interna realizada por el actual ministro del ramo Óscar Puente lo contradice y también lo declarado por el que fuera su subsecretario de Estado, Jesús Gómez.

Por un lado, el informe que analizó los contratos evidenció que el exministro no firmó una sola orden ministerial para hacer efectiva la adquisición del material sanitario, sino dos, con un margen de apenas 38 minutos.

El 20 de marzo de 2020, Ábalos autorizó a las 19:55 horas la adjudicación de la compra de cuatro millones unidades de mascarillas y, poco después, a las 20:33 horas, remitió una nueva orden firmada por él que anulaba la anterior y en la que se regulaba la adquisición y distribución de ocho millones de mascarillas.

Gómez declaró sobre ello que el cambio repentino en la cuantía que fue la antigua mano derecha de Ábalos como ministro, Koldo García, el que puso sobre la mesa que la sociedad proveedora, la empresa de la trama, Soluciones de Gestión, “suministraba ocho millones o nada”. El que era entonces número tres de Transportes entendió, como recoge la auditoría, que esta era una “decisión que venía avalada por el ministro, pues, de hecho, la nueva orden para adquirir un máximo de ocho millones de mascarillas vino firmada por él”.

El informe señaló, al respecto, que esta modificación “no se ajusta los criterios exigibles en una tramitación de estas características” por no venir “adecuadamente resuelta la justificación del alcance de emergencia” en relación con la nueva cifra de mascarillas a adquirir. Dado que, un día antes, los técnicos estimaron la necesidad para los siguientes quince días en cuatro millones de unidades.

La contratación de Jéssica en empresas públicas

Ábalos negó al magistrado Leopoldo Puente que hubiese informado a Koldo de que a Jéssica Rodríguez, con la que el exministro mantuvo una “relación extramatrimonial”, se le hubiese terminado su contrato en la empresa pública Ineco, que depende el ministerio que dirigía, en febrero de 2021. Aseguró que recordaba que ocurrió “al revés” y que habría sido el que fuera su principal asesor el que le informó porque “mantenía una relación de amistad” con ella.

Sin embargo, los chats intervenidos, demuestran lo contrario. Es Jéssica quien escribe a Ábalos para hacérselo saber. “Buenas, el domingo termino en INECO. Me han mandado un mail que tengo que devolver el material al responsable”. Al momento, Ábalos le reenvía una captura de este mensaje a su asesor, sin más contexto, a lo que Koldo contesta, “Madre mía, ya lo avisé. Esto es demasiado, hay que pasarla a otro sitio y luego vuelve, lleva 18 meses”.

Fue también cuestionado sobre si “tuvo algo que ver” con que esta mujer obtuviese, después, un “segundo empleo” en la Administración, que firmó el 2 de marzo de 2021 esta vez como administrativa en Tragsatec. Ábalos lo negó y llegó a decir que “ni lo sabía”. Afirmó también que creía que su trayectoria en el sector público terminó en Ineco, y deslizó que tuvo que ver con que su relación terminó a “últimos de noviembre o diciembre de 2019” y en ese momento ya no estaban juntos.

El piso que pagaba un socio de Aldama y no Koldo

El que fuera “número tres” del PSOE afirmó que el abono de la renta de 2.7000 del alquiler del piso en que vivía Jéssica en el céntrico edificio Torre Madrid de la capital “es una cuestión que siempre asumió Koldo” y afirmó que “se imaginaba” que su asesor “la ayudaría” en el pago y ella también “aportaría algo”. “No lo sé exactamente”, apuntó.

La vivienda fue ocupada por esta mujer durante más de dos años, de marzo de 2019 y hasta septiembre de 2021, pese a que Ábalos afirmó que sabía que se trataba “en principio de una estancia provisional”, y el arrendamiento, como rastreo la UCO, era desembolsado por un socio de Aldama, Luis Alberto Escolano, por un montante total superior a 88.000 euros. Admitió, además, el exministro que “le suena haber coincidido” con Escolano “alguna vez”, aunque negó haberlo “tratado”. El instructor no ocultó y así se lo hizo saber “lo extraño” de su versión: “que su asistente, amigo de ella, pagara las rentas de esta señora, que tenía una relación personal con usted”.

La empresa que "no conoce", pero se fotografió con su presidente en el ministerio

José Luis Ábalos negó ante la Sala de lo Penal que conociese o tuviese relación de algún tipo con la empresa de telecomunicaciones Sortis.

Una de las varias empresas que Víctor de Aldama vinculó con el pago de comisiones ilegales a cambio de la concesión de adjudicaciones públicas como parte de la primera remesa de elementos probatorios que entregó al instructor del "caso Koldo" en el alto tribunal.

Una afirmación que queda cuestionada con la fotografía, que llevó el portavoz de Aldama, Ramón Bermejo, a un plató de televisión en la que salen el exministro y el presidente de Sortis, Israel Pilar Ortiz, posando, uno al lado del otro, ante un cuadro, en el pasillo de la sede de Transportes que antecede al despacho de Ábalos.

Como figura en la documentación que puso el empresario en manos del magistrado, a Sortis se le concedió en 2021 un contrato de 1,8 millones de euros con Correos, para que le ofreciese asesoramiento técnico permanente, y se firmó durante la presidencia de Juan Manuel Serrano Quinta, que antes había sido jefe de Gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. A cambio, Koldo García percibió –según el expresidente del Zamora CF– de esta compañía 10.851 euros a través de una mercantil vinculada a Ortiz, concretamente, Instalibero District.