Estos son los cambios laborales en Perú este 2025: ¿qué falta para que se aprueben?
El año 2025 inicia con la discusión de importantes reformas en el ámbito laboral peruano, las cuales prometen cambiar aspectos clave como la Remuneración Mínima Vital (RMV), los derechos de negociación colectiva y las condiciones de los trabajadores bajo el régimen CAS. Sin embargo, muchas de estas propuestas aún enfrentan desafíos en su implementación y aprobación.
A continuación, conoce a través de expertos los principales cambios propuestos y los puntos críticos que se deben resolver para que sean efectivos en el país durante el año.
Aumento de la Remuneración Mínima Vital: efectos y cambios previstos en 2025
Desde el 1 de enero de 2025, la Remuneración Mínima Vital (RMV) en Perú subió de S/ 1.025 a S/ 1.130. Este incremento, anunciado por la presidenta Dina Boluarte, implica ajustes significativos en diversos beneficios laborales:
- Asignación Familiar: se actualiza al 10% de la RMV, equivalente a S/ 113.
- Vales de alimentos: el límite máximo para prestaciones alimentarias no podrá superar 2 RMV.
- Gastos de movilidad: el tope diario no sustentado con comprobantes será el 4% de la RMV.
- Trabajo nocturno: el pago mínimo por horario nocturno sube a un 35% adicional sobre la RMV.
- Regímenes especiales y formativos: estos también se ajustarán para que los beneficiarios no perciban menos de la nueva RMV.
Adicionalmente, las contribuciones mínimas a EsSalud se incrementan, dado que se calcula el 9% de la RMV como base. Según Alexandra Ortiz, especialista laboral, en declaraciones para La República, este aumento responde a la necesidad de actualizar los estándares laborales, aunque advierte que no será suficiente para cubrir las brechas de empleo formal en el país.
Negociación colectiva y nuevos derechos laborales: avances y obstáculos
El Congreso aprobó el 28 de diciembre de 2024 un dictamen que elimina restricciones para la negociación colectiva en el sector público, derogando el artículo 28° de la Ley 32103. Esto permitirá a los sindicatos negociar mejoras laborales con impacto económico, siempre dentro de los límites presupuestarios establecidos por cada entidad.
Esta medida sigue a un proceso histórico que comenzó en 2022 con el primer convenio colectivo centralizado estatal, que benefició a trabajadores de los regímenes 276, 728, CAS, y otros, con un monto total de S/ 830 millones. Sin embargo, especialistas como Alejandra Dinegro señaló para La República que aún existen vacíos en la norma, y se debe garantizar que estos acuerdos respeten los convenios internacionales de la OIT ratificados por el Perú.
Por otro lado, las propuestas para ampliar la protección laboral de madres y padres trabajadores, aprobadas inicialmente en 2024, han enfrentado retrocesos. El Ejecutivo devolvió estos proyectos al Congreso debido a posibles impactos negativos en la productividad y su viabilidad económica, argumentando que no todas las medidas eran compatibles con la seguridad social en salud.
Reglamento de la Ley CAS: principales modificaciones y desafíos
El régimen CAS también enfrenta cambios importantes. A finales de 2024, la PCM publicó un proyecto de reglamento que introduce modificaciones clave al Decreto Legislativo N.º 1057, entre las que destacan:
- Reserva de plaza: los trabajadores CAS designados a cargos de confianza podrán suspender su contrato mientras desempeñan estas funciones.
- Duración de contratos: los contratos anteriores a marzo de 2021 serán permanentes, mientras que los posteriores serán temporales, con renovaciones de hasta tres años.
- Clasificación de puestos: se establecen categorías específicas como coordinador, especialista, analista y asistente, eliminando la ambigüedad en las funciones.
Además, la Ley Nº 32223, promulgada el 31 de diciembre, refuerza estas disposiciones al permitir que trabajadores CAS asuman cargos de confianza y se reconozcan certificados de experiencia laboral. No obstante, expertos como Christian Sánchez, exministro de Trabajo en declaraciones para La República, advierten que estas reformas son insuficientes para solucionar los problemas estructurales del empleo público en el Perú.