Tuvieron un papel relevante en causas de corrupción tan sonadas como la que investigó a finales de los 80 la relación de los policías José Amedo y Michel Domínguez con los GAL, uno de los principales escándalos del Gobierno de Felipe González, o en el macrojuicio por los atentados yihadistas del 11-M, celebrado hace ya 18 años. La acusación popular, rara avis del derecho español, ha emergido en el último año como actor fundamental de la actividad judicial. Las principales investigaciones abiertas en este momento que cercan al Ejecutivo de Pedro Sánchez por afectar a personas de su entorno más cercano, así como al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz , a quien su Gobierno nombró, están impulsadas por...
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