Filtrar no es revelar secretos

Llénalos de noticias incombustibles. Sentirán que la información los ahoga, pero se creerán inteligentes. Les parecerá que están pensando.

Ray Bradbury

Miguel Ángel Rodríguez es un bocachancla, un manipulador y un macarra de la comunicación, pero es evidente que no delinquió al pasar a los periodistas correos, evidentemente autorizados por el justiciable, y llamarlo a declarar como testigo sólo fue otro artificio propagandístico socialista que les explota en las manos. Insisto en que no entiendo el desastre de estrategia jurídica seguido por el Gobierno y su partido, porque les dan para el pelo una vez tras otra y no por sorpresa, no, con razones que cualquier conocedor incluso somero del Derecho Penal puede prever. Inadmitidas las querellas, denegada la anunciada contra Aldama y una detrás de otra. 

Que MAR había manipulado a los periodistas pasándoles información sesgada, la que le interesaba, no admitía duda. El jefe de Gabinete de Ayuso hizo creer a los periodistas que se dejaron y que no confirmaron en otra fuente, cosa que debería ser sagrada en la profesión, que el correo de respuesta de la Fiscalía (correo 2) era el correo inicial. Ocultó en efecto la solicitud inicial por parte del abogado del novio de Ayuso (correo 1), el que contenía la frase dinamita “se han cometido en efecto dos delitos fiscales”. No lo pasó porque le perjudicaba y eso no entraba en su papel. Manipulación de manual. Ahora bien, llamarlo a declarar al Tribunal Supremo como si esa filtración sesgada, con permiso de la parte, fuera equiparable a la presunta revelación de secretos que habría cometido el fiscal general del Estado, obligado a secreto y conocedor de estos por su condición de autoridad, es mear fuera del tiesto y darle una baza gratuita a MAR. Que iba a salir del Supremo tan pichi era cantado porque jurídicamente no podía ser de otro modo. ¿A qué venderle al personal que sus actos podrían ser delictivos o que podrían imputarle o que podrían siquiera intervenirle el teléfono? Créanme que me pasmo cuando veo tomar esos derroteros locos porque me hace pensar que si te defiendes en el tribunal para ganar en la opinión pública es porque no tienes medio de ganar en el tribunal. 

Así que claro que MAR ha confesado haber filtrado ese correo. Sabe perfectamente que no hay reproche penal posible. No lo sabe porque nadie le cuente secretos ni porque el malvado juez esté comprado para darle la razón; lo sabe porque sabe que el artículo 417 del Código Penal, que recoge el delito de revelación de secreto por funcionario, consiste en desvelar datos que hayas conocido en tu condición de funcionario, en el ejercicio de tus funciones y sabe que el contenido que él vehiculó con autorización no afectaba a ningún derecho fundamental del justiciable. Además, es consciente de que el interesado puede elegir revelar lo que le dé la gana y a través de quien quiera. 

Cosa absolutamente distinta es la que se le investiga al fiscal general y que en resumidas cuentas consiste en saber si desveló datos conocidos con motivo de su cargo -así fue, puesto que él mismo los pidió como fiscal general a sus subordinados fiscales que estaban obligados a dárselos- y, además, se investiga si ese contenido del correo 1 que afectaba al derecho de defensa, a la presunción de inocencia y a la confidencialidad del abogado fue revelado a terceras personas. Los indicios obtenidos por el juez, incluidos los contenidos en el móvil de Lobato, apuntan a que esta revelación sin duda se produjo dado que es hecho constatado que esos datos secretos llegaron a Moncloa y a los periodistas. La madre del cordero está en saber si la revelación de secretos tuvo como destinatario al Gobierno y si éste fue el que se lo pasó a los periodistas y ellos al Gobierno o si los periodistas lo recibieron de la FGE y Moncloa también. Las horas son las horas. La lógica es la lógica. En caso de adverarse el trayecto entre la Fiscalía General del Estado y el Gobierno estaríamos ante la utilización de una institución con fines puramente partidistas mediando la comisión de delito, algo muy parecido a lo que Fernández Díaz hizo con la Policía. Así que de cosa baladí nada de nada. Y si se trataba de desmentir una información sesgada, como le dije al propio García Ortiz, bastaba con un comunicado hiperescueto: “La Fiscalía no ha ofrecido ningún acuerdo a Mengano y, como es habitual, se ha limitado a abrir la vía solicitada por el abogado de la defensa”. Chimpún. Eso es lo que yo le hubiera recomendado si hubiera sido su Dircom. 

Este asunto judicial es el que peor pinta en este momento para los intereses del Gobierno. El cambio de terminal realizado por el fiscal general, además de poco honorable desde su posición, supone un indicio en su contra. Hacer desaparecer sus comunicaciones de esas fechas, sabiendo como sabe que eso se sabría, solo puede significar que estimó que era más peligroso que se encontraran que intentar borrarlas, y lo más peligroso que podrían contener, desde luego, serían comunicaciones con miembros del Gobierno o sus asesores. Nadie contaba con el móvil de Lobato, nadie se imaginaba que había ido al notario, nadie podía suponer que eso se conocería. Y es que en temas penales es difícil controlarlo todo.

El cruce de lo encontrado en el móvil del exlíder socialista con las comunicaciones conocidas por los móviles de los otros fiscales va estrechando el círculo sobre Álvaro García Ortiz. El hecho de que haya adoptado medidas aparentemente idóneas para sortear la acción de la Justicia no solo no ayuda sino que habrá abundado en la determinación del instructor de llegar a la verdad y no dejar que se lo impidan con añagazas impropias de un servidor público defensor de la legalidad. Me duele decirlo pero es así. Lo mismo que nunca le pediría a un fiscal que no hiciera su trabajo por tratarse de un amigo o conocido, tampoco se puede pretender que un periodista haga dejación por tal motivo. Los colegas no tienen de qué preocuparse. El Tribunal Supremo es muy consciente de que tiene que investigar lo sucedido sin acercarse lo más mínimo a nada que vulnere el secreto profesional. Usará todos los demás medios a su alcance, que son muchos. Es difícil sustraerse a ellos, los delincuentes lo saben, los narcos lo saben, si bastara con cambiar de terminal fíjense qué papelón tendrían los propios fiscales. Tampoco juega a favor de la versión oficial que todos los que hablaron con Lobato al respecto hayan ido desfilando fuera de Moncloa.

Dicho lo cual, Miguel Ángel Rodríguez, continúa jugando a un juego que no debiera servir en una democracia. Sus declaraciones a la salida del tribunal son infumables. «El fiscal general del Estado tiene que ser juzgado y condenado de manera ejemplar“ es una aserción que, desde luego, no se hubiera atrevido a hacer ante el juez. Si Álvaro García Ortíz es juzgado, lo decidirán los jueces. Si Álvaro García Ortiz es condenado, lo decidirán los jueces. No compete a ningún ciudadano, y menos al que trabaja para un político, pronunciarse sobre ello. Tampoco a Bolaños o al presidente del Gobierno, por cierto. Las condenas en un estado democrático no son ejemplarizantes sino atinentes a hechos y a tipos y fijadas en sus penas. Me metería más con el malvado MAR, fíjense que exigió que me echaran de Telemadrid, pero tampoco es mi trabajo vengarme. Ni amigos ni enemigos. El compromiso del periodista es otra cosa. 

Espero de paso haber contribuido a aliviar las inquietudes y preguntas que el ministro Puente se hacía ayer en las redes sociales entiendo que en tanto que político, al que interesa seguir embrollando la cosa, porque como jurista no comprendo que no conozca la respuesta. Filtrar información privada con permiso no es revelar secretos conocidos por razón del cargo. Una frase que las encierra a todas, lo demás es montar el lío.