Decano del CAL, Raúl Canelo: “Se pretende amedrentarnos con esta denuncia, lo que quieren es que nos callemos”
-Ustedes han denunciado que el gobierno los amenaza por haberse reunido con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ¿qué ocurrió?
Sí, tuvimos una reunión a convocatoria de la Comisión Interamericana. Me imagino que dentro de sus funciones está informarse de lo que pasa en los distintos países. Acudimos a la reunión, vía Zoom, con el director de Ética del Colegio. Nosotros lo que hemos hecho es ratificar lo que hemos venido diciendo desde hace muchos meses, que hay un conjunto de leyes emanadas por el Congreso que son antitécnicas, no sé si son bien o mal intencionadas, lo cierto es que el resultado es negativo. Son leyes que, desde mi punto de vista, en algunos casos han favorecido la corrupción, en otros casos han atentado contra la división de poderes y en otros casos han sido inconstitucionales.
-Situaciones contra las que se han pronunciado abiertamente en contra…
El colegio ha tomado la decisión de iniciar una acción de inconstitucionalidad; además, desde el momento que se quiso modificar la Constitución a través de un proyecto de la exfiscal y ahora congresista, Gladys Echaís, que quiso intervenir a la Junta Nacional de Justicia, también dijimos que técnicamente eso tampoco es correcto. Y todo esto lo fuimos informando a la Comisión Interamericana. La reunión se desarrolló como un conversatorio, dimos nuestros puntos de vista, que son los mismos que hemos dado en nuestros comunicados. Concluyó la reunión con una pregunta de un miembro de la Comisión consultando si habíamos sido objeto de algún tipo de acoso. Le dijimos que no.
-Pero al Gobierno no le gustó lo que informaron.
El Ministerio de Justicia emitió un comunicado al que no le he dado mayor importancia, puesto que es su punto de vista. Pero con sorpresa vemos que la directora de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, la señora Farfán, ha presentado una denuncia ante la Comisión de Ética del propio Colegio de Abogados. Y aunque ahora ellos dicen que no, es denuncia. Me denuncian a mí; a la vicedecana, la doctora Milagros Terry; y al director de Ética, el doctor Mauro Leandro, porque supuestamente habríamos actuado sin autorización de la asamblea, y, porque hemos faltado a la verdad, en tanto que no es cierto que se esté afectando la institucionalidad del país.
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-¿Qué les responde?
Nosotros lo que podemos decir es que el decano, de acuerdo al estatuto, encarna al Colegio de Abogados; es elegido en una elección de todos los abogados de Lima, y por supuesto que tiene derecho a opinar. El decano tiene libertad de pensamiento, y tiene libertad de expresión de acuerdo a la Constitución. No tengo que pedir permiso a una asamblea para opinar. Y finalmente, es obvio que yo represento a los abogados, pero no necesariamente es la opinión de todos los abogados, porque esto no es un tema de un referéndum o algo por el estilo, simplemente es la opinión del decano y de la directiva, en todo caso.
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-¿Se suele pedir autorización de la Asamblea para dar información, como en este caso a la CIDH?
Nunca, jamás. No es ni una práctica ni hay obligación de hacerlo. Y en cuanto a la falta de verdad de la institucionalidad del país, ya el Poder Judicial, el Ministerio Público, los miembros de la Junta de Justicia salientes que en su momento también cuestionaron todo lo que venía haciéndose, van en la misma línea. O sea, no hemos dicho nada más allá de lo que corresponde. Pero es más, CONFIEP, la Sociedad Nacional de Industrias, la Sociedad Nacional de Pesquería, las MYPES, transportistas informales, expresaron su preocupación también por las leyes, especialmente sobre el crimen organizado, que ha beneficiado, como todos sabemos, a algunos investigados por corrupción, y también se ha beneficiado la delincuencia común. Es por eso que los gremios privados, empresariales, estuvimos también con el Colegio de Ingenieros, con un representante, el vicedecano, si no mal recuerdo. Entonces estamos acogiendo lo que la sociedad civil tiene como preocupación. Hay un problema de inseguridad ciudadana, de sicariato. Acaban de matar a un abogado hace unos días en su despacho. Están también los panaderos, los bodegueros…
-Esto ya se ha generalizado.
Y estas leyes no están atacando efectivamente la criminalidad. Haciendo un paréntesis está la preocupación de UNICEF porque se pretende procesar a adolescentes de 16 años como si fuesen adultos, en tribunales de adultos. Eso no es posible por los tratados internacionales, sobre todo la Convención de los Derechos del Niño y Adolescente. Nuestra preocupación siempre ha sido técnica, no ha sido política. Nunca hemos cuestionado a los políticos en tanto políticos, sino en tanto que jurídicamente han estado actuando, diríamos, antitécnica e incorrectamente.
-Y es cierto que el Ejecutivo no ha observado esas leyes, más bien ha aprobado muchas con prontitud.
No ha observado esas leyes a pesar de que nosotros nos hemos pronunciado técnicamente. Luego viene esta denuncia, que nosotros hemos hecho público. Entendemos, sentimos, yo personalmente siento que se pretende amedrentar a través de esta denuncia sin mayor fundamento; y lo que quieren es que nos callemos, me imagino. Luego, he tomado nota de que la señora Farfán ha salido en un medio televisivo a señalar que esto se debe a que no hemos dialogado. En realidad, nosotros nos hemos pronunciado, hemos pedido reuniones con el Congreso, hemos enviado a reconocidos abogados. Por ejemplo, cuando se ha debatido el tema del terrorismo urbano, nosotros exigimos ir al Congreso y nos recibieron. Enviamos al doctor Nakazaki, al doctor Carlos Rivera y al doctor Lamas Puccio, para que vayan todos los pensamientos, y todos coincidieron en que la ley del terrorismo urbano no corresponde. Siempre hemos estamos actuando técnicamente, no políticamente. Defendemos la Constitución y la ley. También dicen que no hemos conversado con ellos, pero el gobierno no ha mostrado apertura al diálogo. Y en todo caso, no conversar con ellos no es una falta.
-El Colegio de Abogados de Lima es una institución independiente, autónoma, ¿no?
Así es, pero es una institución que depende del Ministerio, tal o cual. No hay una relación de funcionalidad. Insisto en que lo que nosotros decimos es una referencia técnica, jurídica, no política. Yo soy profesor de varias universidades y mi vida siempre ha sido profesional y académica, no politizada. Entonces no hay que pedirle permiso a nadie, ni estatutariamente ni legalmente. Creo que la funcionaria está poco enterada, no ha revisado el estatuto, no sabe qué es un colegio de abogados y debe hacer una revisión de estas normas para denunciarnos. Creo que es una denuncia sin fundamento.
¿Esta práctica va contra la libertad de expresión?
Claro, definitivamente. En la Constitución y en un estado democrático se respeta la libertad de pensamiento, la libertad de opinión y la libertad de expresión. Como decano, con mayor razón, tengo todo el derecho de exponer mis ideas y no necesariamente todos coincidirán, pero nadie me puede decir que tengo que pedir permiso para opinar y expresarme.
-Denunciarlos ante el Comité de Ética es una práctica que usted ha tildado de dictadorcilla, que no corresponde a una democracia.
Lo que he dicho es que esta actitud, y entiendo que el Ministerio de Justicia es el Gobierno y en consecuencia la titular del gobierno es la presidenta Dina Boluarte, lo que están haciendo con esta práctica es un remedo de lo que está haciendo este señor Maduro en su país y, curiosamente y paradójicamente la posición oficial del gobierno peruano es rechazar las actitudes de este señor dictador, pero ellos están haciendo de dictadorcillos acá.
-¿Ustedes le han dicho a la CIDH que no hay un balance en las relaciones del Congreso y el Ejecutivo en la realidad, lo que afecta nuestra democracia?
Lo que le hemos dicho a la Comisión Interamericana y, le hemos puesto el ejemplo concreto de la ley que le resta facultades a la Fiscalía y le da facultades de investigación con cierta autonomía a la Policía Nacional, sobre todo en los temas de flagrancia, pero que, además, establece que jueces y fiscales tienen que, uno pedir y el otro ordenar la detención necesariamente cuando la policía alguien en flagrancia. Y si no lo hace, el juez y el fiscal podrían ser denunciados y condenados por 12 años de prisión. Eso es un absurdo, porque mañana a usted, ciudadana, yo policía la sindico, por la razón que fuera, justa o injusta, imaginémonos que sea un acto arbitrario, que de hecho sucede -acabamos de ver un policía que han matado a quemarropa a un cuidador de carros-. Yo digo, esta señora es narcotraficante, lo encontré en flagrancia vendiendo droga, y no es cierto, pero el fiscal, así no encuentra elementos, tiene que pedir la detención, y el juez, así no encuentra elementos, tiene que ordenar la prisión preventiva. Esto es un absurdo.
-Y puede utilizarse políticamente también, ¿no?
Lo que es peor, acabamos de ver a este policía que ha matado a quemarropa, si no es encontrado en las 48 horas ya no es flagrancia. Y cuando lo encuentren, no se puede ordenar hoy, por las modificaciones legislativas, la prisión preventiva. O sea, este señor puede ir matando a quien le dé la gana, porque no va a ser detenido, va a ser procesado sin ser detenido, porque no hay prisión preventiva. Entonces, es un error. El Congreso no ha pensado, con el apuro que han hecho las leyes. No han consultado a los técnicos, y nosotros, más allá de que, no sé si hay algún interés político en eso, que de pronto lo hay, pero desde el punto de vista técnico, eso es peligroso para la democracia, peligroso para la lucha contra la criminalidad, son leyes antitécnicas, a eso me refiero.
-¿Qué le parece que el Ejecutivo no lo corrija, pese a que el Congreso le ha enviado la autógrafa ya hace más de 20 días?
Nosotros queremos apoyar. Hemos dicho en nuestro caso, somos 50.000 abogados activos, 100.000 abogados inscritos, de esos muchos son expertos y están dispuestos a colaborar, tenemos un montón de profesores, académicos…
-El premier ha dicho que todavía no lo promulgan porque está pidiendo opiniones ¿se la ha pedido al Colegio de Abogado de Lima?
No, no, aún no, espero que la pida, encantadísimo de colaborar con el premier. Lo conozco, nos ha visitado cuando cumplimos 220 años y se le comentó la posibilidad de intercambiar opiniones, pero ahora nos lanza el Gobierno esta denuncia. Nosotros, a raíz de esto, nos hemos visto en la necesidad de informar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que estamos siendo amedrentados. Y le comento que el artículo 63 del reglamento de la Comisión Interamericana, señala que aquellas personas que han tenido audiencia con la Comisión no pueden ser objeto de amedrentamiento, de amenazas o persecuciones, o sea, ya el Estado peruano ahí está en falta. Invoco pues al buen criterio de las autoridades, pues nosotros estamos de buena fe queriendo colaborar. No venimos a hacer actividad política, nosotros somos un gremio, y nuestros cuestionamientos son estrictamente referidos a la Constitución y la ley.
-¿Cuál es su posición desde sobre esa corrección?
Se refiere al tema de la flagrancia. Evidentemente tiene que establecerse la detención en casos de no flagrancia. Es verdad que ha habido también algunos excesos y abusos con respecto a algunos detenidos, sobre todo en su dignidad, porque incluso al más criminal tiene que respetarse sus derechos fundamentales. Una persona detenida no puede ser objeto de escarnio. Recordemos que una persona que está en proceso todavía es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces también habría que invocar a las autoridades a que cuando actúen, -llámese la policía, llámese la fiscalía y los propios jueces- respeten la presunción de inocencia y la dignidad del ser humano. Esas detenciones teatrales tampoco son correctas. Entrar, exponer a las personas en paños menores, en pijamas o cosas por el estilo, resulta denigrante. Pero sí tiene que haber prisiones preventivas en casos delicados, como un criminal en serie, un grave caso de corrupción, pero respetando siempre la dignidad de la persona.
-La recomendaría a la presidenta que la promulgue de una vez.
Sí, por supuesto, eso es necesario, urgente, porque si no la criminalidad sigue avanzando. Miren el caso de ese policía que ha disparado a quemarropa. Si no lo han detenido, cuando lo encuentren no lo pueden detener.
-Tal como está se benefician los mismos que dictaron la norma.
Claro, los congresistas que han promulgado esta ley están pensando en ellos, en lo que les puede pasar, porque hay 90 congresistas investigados por la Fiscalía. Entonces están pensando en ellos, y se olvida que el Perú no son los 90 congresistas. Somos los ciudadanos de a pie que necesitamos de una protección jurídica del Estado, de la Policía, de la Fiscalía, del propio Poder Judicial, que es un poder del Estado que equilibra, que debe ser respetado, no puede ser pisoteado.
-¿El Colegio de Abogados ha iniciado alguna investigación a Jorge Torres Saravia, sindicado de liderar una supuesta red de prostitución en el Congreso, ya que la comisión ad hoc que se creó prácticamente lo ha blindado?
La Fiscalía tiene toda la potestad, y de hecho ya están en investigación, han allanado las oficinas de este señor para encontrar las evidencias respectivas. En todo caso, este es un tema que está en pleno desarrollo, las investigaciones determinarán el grado de responsabilidad, y eventualmente, dependiendo de los avances y en la medida que alguno de los implicados, llámese congresista, llámese funcionario, sea miembro de la Orden, y esté involucrado y genere un desprestigio a la profesión del abogado, la Comisión de Ética tiene facultades para que incluso de oficio pueda accionar contra quien le hace daño a la imagen de los abogados.
-¿Cómo ve la reciente destitución del doctor Manuel Burga quien era director del Lugar de la Memoria e Inclusión Social? Muchos han señalado que es una arbitrariedad y que están tratando de cambiar la historia de los años de violencia política, de arreglarla a los intereses de un sector.
Funcionalmente seguramente han actuado conforme a su reglamentación y pueden cambiar a los funcionarios que ellos consideran, por gente amiga. Esa es una decisión gubernamental que le corresponde al sector correspondiente. Sin embargo, el señor Burga aparentemente no ha dado motivo ni justificación alguna para una destitución, lo cual más bien parecería una decisión política. Esto me parece altamente dirigido a la forma para la cual se ha construido este museo. La memoria de los pueblos no puede desaparecer. Los actos arbitrarios, abusivos, violatorios de derechos fundamentales no pueden olvidarse así nomás. Es necesario tener en el colectivo la idea clara de que no se pueden violar los derechos fundamentales y este museo servía para ese objeto.
-El Ejecutivo ha comenzado sesiones descentralizadas para debatir la propuesta de la presidenta Boluarte sobre la pena de muerte para violadores de menore. ¿No es innecesario ya que nos lo impiden los acuerdos internacionales que hemos suscrito?
Bueno, eso es una letanía y yo creo que es un claro distractor. Todos sabemos que internacionalmente eso no es posible. Si el Perú renunciara al Pacto de San José estaríamos al mismo nivel de estas repúblicas bananeras o de estas dictaduras como el caso de Venezuela, como el caso de Nicaragua. El sistema interamericano de defensa de los derechos humanos corresponde a una sociedad democrática evolucionada. La criminalidad no se combate con la pena de muerte. Hay todavía rezados en algunos países, pero los más adelantados han eliminado la pena de muerte. Si bien es cierto que en Estados Unidos todavía hay algunos estados que la mantienen, pero está clarísimo que la pena de muerte no ha solucionado los problemas de criminalidad ni siquiera en esos países.
Y legalmente no podemos tampoco por los convenios a los que estamos suscritos.
No, y renunciar a estos convenios simplemente nos convertiría en una paria internacional. No tiene sentido. Justamente la mayoría de los países que están vinculados tanto a la Corte de Estrasburgo, en Europa, como al Pacto de San José, en América son países que tienen una vocación claramente democrática.