Pedraz levanta el secreto en la causa de los hidrocarburos tras entregar a Aldama el móvil clave

El magistrado Santiago Pedraz ha levantado el secreto de sumario en la causa abierta por la trama de los hidrocarburos después de facilitarse a Víctor de Alama el contenido de su teléfono móvil. Fuentes jurídicas confirman a LA RAZÓN que el magistrado que instruye la trama del fuel ha acordado esta medida que venían solicitando imputados como el dueño de Villafuel, Claudio Rivas y su hermana María Luisa Rivas, entre otros. No obstante, seguirá manteniendo bajo secreto la pieza en la que custodia el contenido del teléfono del comisionista.

En su auto, el magistrado explica que, en el estado en el que se encuentran la causa "ya no puede dar ocasión a interferencias o manipulaciones dirigidas a obstaculizar la investigación", por lo que han desaparecido los motivos que le llevaron a acordar el secreto. Por todo ello se autoriza el acceso del sumario a las partes para que tengan conocimiento de las actuaciones.

Precisamente, la diligencia se acuerda después de que el magistrado haya subido a la plataforma el volcado del teléfono de Aldama. Tal y como desveló este medio, el cabecilla de la trama Koldo ha podido tener acceso al terminal que contiene un terabyte de datos que amenazan a Moncloa. El propio conseguidor ha deslizado en alguna ocasión que este dispositivo, que le incautó la UCO tras su detención en octubre, contiene pruebas que evidenciarían sus contactos con las altas esferas del Ejecutivo.

La trama del fuel

El procedimiento, que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, investiga un fraude al fisco que en su origen se cifró en 182 millones de euros. El estallido de la causa se produjo el 7 de octubre y en el marco de la misma se detuvo a 14 personas y se efectuaron 11 entradas y registros. Entre los cabecillas de esta presunta red se encuentran Aldama y su socio Rivas, a quienes se les investiga por delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública. Ambos fueron detenidos y enviados a prisión provisional.

Aunque Pedraz ha revocado las medidas, en los respectivos autos de prisión les situó como responsables de una presunta organización criminal que estaría integrada por otro escalafón de cooperadores y un tercero de testaferros, a quienes situaron en los órganos de administración de las sociedades implicadas. La causa, que ha detectado transferencias al extranjero por importe de 73 millones de euros, investiga la presunta mediación de Aldama con el Ejecutivo para que éste concediera una licencia como operadora de hidrocarburos a Villafuel, mercantil de Claudio Rivas.

En diciembre la Guardia Civil detuvo a una nueva tanda de implicados, entre los que se encuentran Carmen Pano y su hija. La empresaria confesó en entrevista al diario The Objective que en octubre de 2020 llevó 90.000 euros en un sobre a la sede del PSOE en Ferraz. Tanto Pano como el resto de detenidos quedaron en libertad tras declarar ante la Guardia Civil, por lo que no pasaron a disposición judicial.