La reforma del PSOE para liquidar el «caso Begoña Gómez» irrumpe en el CGPJ
La reforma legal promovida por el PSOE para liquidar la investigación a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, limitando el margen de maniobra de las acusaciones populares llega al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El órgano de gobierno de los jueces tiene previsto debatir en el próximo Pleno, que se celebrará el día 29, una posible respuesta del órgano de gobierno de los jueces a la proposición de ley socialista reclamando que en el proceso de tramitación se escuche la voz del CGPJ, algo que no es preceptivo al no tratarse de un anteproyecto de ley proveniente del Gobierno (en cuyo caso el Consejo sí debe informar, aunque su dictamen no es concluyente).
Según las fuentes consultadas, el bloque conservador ya intentó en el Pleno celebrado el pasado miércoles sacar a colación esta cuestión –aunque no figuraba en el orden del día, a última hora se incluyó en ruegos y preguntas–. Sobre la mesa, un duro comunicado reclamando que no se silencie al CGPJ en la tramitación de una ley de este calado, con repercusiones tanto en la normativa procesal como en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), en la medida en que la reforma expulsa de la instrucción de las causas judiciales a la acción popular (lo que obliga a archivar las causas en las que la Fiscalía no acuse y no existe acusación particular) y avala la recusación de magistrados por sus opiniones políticas (cuando la formación afectada sea parte del procedimiento).
Fuentes del CGPJ justifican la necesidad de informar sobre la proposición de ley –que ha puesto en contra a todas las asociaciones judiciales– en el hecho de que la reforma tiene «una gran profundidad» y afecta tanto al Código Penal como a la Ley de Enjuiciamiento Criminal o la LOPJ. Además, hacen hincapié en las consecuencias judiciales de esa reforma en la medida en que la disposición primera de la proposición socialista que las modificaciones que recoge «serán de aplicación a los procesos en curso en el momento de la entrada en vigor» de la ley orgánica. «El Consejo no puede permanecer silente», insisten.
A petición de la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, los vocales que promovían ese comunicado aceptaron diferir ese debate para el próximo Pleno, en el que según se les garantizó se incluirá en el orden del día. Según esas mismas fuentes, al menos los diez vocales conservadores y la presidenta de la institución están dispuestos a respaldar ese paso al frente del Consejo para que su valoración jurídica sobre la reforma no se silencie.
Sin embargo, fuentes del sector de sensibilidad progresista no lo tienen tan claro y muestran abiertamente sus reticencias sobre la «oportunidad» de la iniciativa. Sobre todo, ponen de manifiesto que con la ley en la mano –al no tratarse de un proyecto de ley del Gobierno– el informe del CGPJ no resulta preceptivo. Y subrayan, más allá de esa función consultiva del Consejo que no incluye las proposiciones de ley, que la capacidad legislativa corresponde a las Cortes.
Según estas mismas fuentes, el Consejo dispone de otros mecanismos para explicitar su criterio jurídico sobre la reforma, pudiendo solicitar al Congreso o al Senado que recabe su opinión durante la tramitación parlamentaria (en el caso de la Ley de Amnistía, por ejemplo, fue el Senado –donde el PP tiene mayoría– quien reclamó al Consejo un informe).
La iniciativa se produce en un momento en el que el Gobierno de Pedro Sánchez ha redoblado sus ataques a los jueces. En este caso, ha sido el magistrado del Tribunal Supremo (TS) Ángel Hurtado –quien investiga por revelación de secretos al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración de datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso– a quien el Ejecutivo ha puesto en la diana, como antes al juez Juan Carlos Peinado, instructor del «caso Begoña Gómez» (abocado al archivo si finalmente entrara en vigor la reforma socialista).
Esos ataques al Tribunal Supremo han causado un «profundo malestar» en el CGPJ, según fuentes de este organismo, que hacen hincapié en que se trata de comportamientos «reiterados» desde el Gobierno que, según exponen, ponen en entredicho la independencia judicial (desde Moncloa se ha llegado a acusar a Hurtado de imputar sin pruebas a Álvaro García Ortiz).
Para hacer frente a estas acometidas dialécticas, explican fuentes del Consejo, ya se han producido contactos entre vocales de uno y otro signo que consideran que de esta forma se socava la confianza ciudadana en la Justicia a la par que se debilita la apariencia de imparcialidad de jueces y tribunales. Desde el sector conservador, no obstante, no esconden su escepticismo sobre la posibilidad de que el CGPJ de un paso al frente porque, afirman respecto a sus compañeros progresistas, «la sombra de Bolaños es alargada».
La presidenta del Consejo y del Tribunal Supremo ya salió al paso el pasado diciembre de las palabras de Pedro Sánchez sobre la supuesta «connivencia» del PP con los jueces. Perelló –que esta semana tendrá en Barcelona la oportunidad de defender la independencia judicial en el acto de entrega de despachos a la nueva promoción de jueces– ya puso de relieve entonces a través de un comunicado que es precisamente la independencia judicial «lo que garantiza que la potestad jurisdiccional y la política discurran por caminos separados». La presidenta del Consejo reclamó que se deje trabajar a los jueces «sin presiones directas ni indirectas de ningún grupo de poder, público o privado».