Torres, el eslabón más débil del «caso Koldo» en el Gobierno
El Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto a prueba su causa fundacional –llegó al poder a lomos de una moción de censura a Mariano Rajoy por la sentencia de la «trama Gürtel»– con su primer caso de corrupción. Uno especialmente trascendente porque afecta al tuétano de la estructura del Gobierno y del PSOE de la «era Sánchez», personificada en la figura de José Luis Ábalos, quien fuera todopoderoso secretario de Organización y el ministro con la cartera con más presupuesto a cuenta del erario público. En cuanto se hizo pública la detención de su mano derecha, Koldo García, desde el PSOE se actuó de manera fulminante para cortar toda vinculación con Ábalos: se le conminó a dejar su escaño y, ante su negativa, se le expulsó del Grupo Parlamentario Socialista y se le abrió un expediente de suspensión de militancia que aún hoy no se ha resuelto. El objetivo de Ferraz y, por extensión, de Moncloa era levantar un cortafuegos en torno a su figura para circunscribir toda la responsabilidad de la trama a la figura del ministro y a su cartera de Transportes.
Desde entonces, se han dado pasos, inculpatorios y exculpatorios hacia su persona, pero nunca se ha aceptado que la vinculación con el «caso Koldo» fuera más allá de sus dominios en el Gabinete. Sin embargo, hay otros cargos socialistas que tuvieron contacto con la trama y ante el avance de las investigaciones, fuentes consultadas por este diario muestran su preocupación por que pueda llegar a afectar a ministros y cargos en ejercicio. En concreto, los temores se concentran en el titular de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que entonces ejercía como presidente de Canarias y que llegó a contratar con la trama durante la pandemia. Las citadas fuentes le consideran el eslabón más débil dentro del Gobierno en lo que respecta al «caso Koldo» porque podría aflorar su propio «caso mascarillas» y hay algunas adjudicaciones bajo sospecha.
Incluso el propio Ábalos se queja en privado, en su entorno y círculos menos cercanos, de que él se ha convertido en el «chivo expiatorio» para tapar los desmanes que se produjeron en otras administraciones socialistas. El exministro critica el trato recibido por su partido y de quienes eran sus más estrechos colaboradores. Es una bomba de relojería por la información que atesora, la clave es si está desactivada o a punto de estallar. De ahí que en la última etapa desde el Gobierno se haya optado por una actitud apaciguadora, una suerte de pacto de no agresión, secundada por el partido, que todavía no ha resuelto el expediente de expulsión que se le abrió hace meses.
Tal como publicara este diario, Torres reconoció a Hacienda en 2022 que adquirió a Soluciones de Gestión –la empresa del «caso Koldo»– 4,7 millones de mascarillas, de las cuales 837.800 resultaron defectuosas. El documento al que tuvo acceso a este diario evidenciaba que el Gobierno de Torres era conocedor de que la Agencia Tributaria rastreaba ya hace tres años todo lo relacionado con la mercantil de la que es dueño Luis Cueto. Las sospechas que se ciernen sobre el ministro de Política Territorial no se limitan a cargos socialistas, también desde el actual Ejecutivo insultar, formado por Coalición Canaria y el PP, trasladan sus recelos sobre algunas adjudicaciones de la etapa de Ángel Víctor Torres. «Saldrán más cosas», anticipan, dispuestos a colaborar con la Justicia en todo lo que sea menester.
Varios son los contratos bajo la lupa y varias las adjudicaciones que coinciden temporalmente con viajes de Koldo García a las islas. Hay correos, tal como ha publicado «El Confidencial», en poder de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que demuestran que el hoy ministro ordenó a su consejero de Sanidad en 2020 que abonara a la trama corrupta dos facturas por valor de 11,8 millones de euros una semana después de que la mano derecha de Ábalos intermediara. La relación fluida entre Koldo García y Torres también quedó acreditada en conversaciones de WhatsApp publicadas en «El Mundo».
Torres ha desfilado en dos ocasiones por la «comisión Koldo» en el Senado; la última esta misma semana para negar cualquier vinculación con la trama y circunscribir todos los pagos a las empresas de la misma dentro de la legalidad. Además, el ministro busco desmentir las acusaciones que Víctor de Aldama ha vertido contra él, asegurando que le pidió una comisión de 50.000 euros a modo de mordida. «Espero que se demuestre que eso es verdad, con pruebas y evidencias de que yo he pedido mordidas y he pedido estar en pisos con señoritas. Espero que los grupos políticos que han sido voceros de una acusación falsa y difamatoria se disculpen. Es imposible de probar porque nunca pasó, buscan hacer daño político y familiar», señaló.
La posición de defensa es cerrada y numantina. En el Gobierno se defienden de todas estas acusaciones vertidas por el «nexo corruptor» asegurando que se trata de un «ataque político», pero hay quien ve al político canario «abrasado» y cree que su confirmación como líder del PSOE en el archipiélago que Pedro Sánchez certificó este domingo es una «trampa» para el Gobierno y para el partido. Se da la circunstancia, además, de que el «caso Koldo» no es el único que cerca a Torres y su etapa al frente del Gobierno de Canarias. Recientemente, el Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife ha finalizado la investigación de una segunda pieza del conocido «caso Mediador», centrado en una presunta extorsión a ganaderos con problemas legales. La trama, que trascendió a los medios en su vertiente más sórdida por las actividades del conocido coloquialmente como el «tito Berni», señala al exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo y al exdirector de Ganadería del Gobierno de Canarias, Taiset Fuentes. Las investigaciones aportan una serie de indicios que, en opinión de la jueza, vinculan a los investigados con delitos de cohecho, estafa y revelación de secretos. «Está más que achicharrado», tercia un dirigente canario.