Sánchez se da dos semanas con Puigdemont para sacar el decreto ómnibus
El Gobierno cree que es posible conseguir un resultado distinto presentando el mismo decreto ómnibus en el Congreso de los Diputados que decayó esta semana. Un movimiento arriesgado. Desde que el pasado miércoles recibiera un duro batacazo en la Cámara Baja, Pedro Sánchez trata de imponer un relato que pasa por endosar toda la responsabilidad del rechazo a las medidas sociales al Partido Popular. Para ello, Moncloa ha impuesto el compás de espera, evitando ejercer las herramientas a su alcance –el BOE– para revertir inmediatamente la bajada de las pensiones o la subida del transporte público, entre otras iniciativas, para intentar así desgastar al PP. Sin embargo, el Ejecutivo no es ajeno a la presión. Las miradas, también las de sus socios de investidura y de los sindicatos, se dirigen insistentemente hacia el Gobierno para que reaccione, exigiendo acelerar los pasos que va a desplegar para recuperar las medidas que decayeron. Sin poder zafarse de esta presión, en Moncloa confirman que volverán a presentar un decreto ómnibus con las principales iniciativas que fueron rechazadas. «No se va a filetear», resuelven.
Esta decisión supone un desafío directo a PP y Junts que en las últimas horas han pedido a Sánchez que trocee el decreto, esto es, que separe las medidas en diferentes paquetes para poder garantizarse su apoyo. Si no mezcla pensiones con otras iniciativas, tendría asegurados los votos de estos dos partidos, que se demostraron imprescindibles el pasado miércoles. Sin embargo, los planes del Ejecutivo no pasan por satisfacer sus exigencias. No quieren proyectar que se pliegan y van a reincidir en la estrategia de utilizar un solo decreto para acumular medidas de diversa índole. Así lo confirmó el presidente del Gobierno, ayer, durante su visita a Fitur en Ifema. «¿Por qué se tiene que votar en contra de ello –del paquete social–? ¿Qué lógica política, qué fin político explica hacer eso? Yo apelo de nuevo a la responsabilidad de las organizaciones políticas que votaron en contra, al sentido común y al que podamos sacar un real decreto ley ómnibus, que es un escudo social que se necesita en nuestro país, porque, al fin y al cabo, lo que estamos haciendo es redistribuir los frutos del crecimiento en favor de la mayoría social», aseguró el presidente a los medios.
«Hay muchas medidas sociales en ese real decreto ley –el que decayó–. Evidentemente las más llamativas, por el número de personas afectadas, son las pensiones, es el transporte público gratuito, pero hay otras muchas también, que negociamos con todos los grupos parlamentarios que quisieron apoyarlas a finales de diciembre». Y aquí está la clave. Aunque la estrategia política del Gobierno sea poner toda la atención pública en el PP, al que acusan de causar «dolor social», en privado con quien se negocia es con Junts. El decreto estaba trabajado con los de Carles Puigdemont y tenía garantizado su apoyo a finales de año, tal como reconocen fuentes gubernamentales. Por tanto, no hay discrepancias en el fondo, el contenido está pactado y no deberían tener «problemas» para aprobarlo; sí lo hay en las formas y ahí es donde se enfoca ahora el PSOE, en tratar de reconducir la relación con Junts para que reactive el entendimiento que Puigdemont dio por suspendido hace una semana en Bruselas y pueda así avalarlo en el futuro.
En el Ejecutivo se dan dos semanas de margen para la reconexión con Junts. El margen que existe para que en las pensiones de febrero sus perceptores no lleguen a ver reflejada la bajada de sus prestaciones. Cuando el decreto decayó las órdenes de pago ya estaban emitidas para este mes de enero, por lo que el efecto se produciría ya el próximo mes. También el 2 de febrero es la fecha que han elegido los sindicatos para sus movilizaciones. El órdago del Gobierno cuenta con cierto margen, por tanto, porque no se quiere llegar hasta las últimas consecuencias del mismo: que haya una caída efectiva en los ingresos de 12 millones de pensionistas y que estos acaben responsabilizando al Gobierno de ello.
Pese a las apelaciones directas al PP en público, Sánchez tiene claro que el éxito del decreto pasa por la mayoría habitual. La de la investidura y la que debe garantizarle también unos Presupuestos Generales del Estado en el futuro. Por ello, trocear el decreto social tampoco era una opción. De hacerlo, comprometería al resto de sus socios que exigen que se apruebe tal como está para asegurar que también prospere la parte relativa al escudo social. Lo que no estará incluido es la cesión del palacete al PNV. Paradójicamente y pese a acaparar la atención y los argumentarios, el traspaso es lo único que no ha decaído con el decreto, porque los jeltzales aprovecharon el mes en vigor del mismo para proceder a formalizar la propiedad y sus efectos jurídicos son ya irrevocables.