La tramitación del amparo de Delgado por la anulación de su ascenso anticipa un nuevo enfrentamiento del TC con el Supremo
El Tribunal Constitucional (TC) se dispone esta semana a admitir a trámite el recurso de amparo presentado por Dolores Delgado contra la decisión del Tribunal Supremo (TS) que anuló su ascenso a la máxima categoría de la carrera fiscal al apreciar "desviación de poder" en la propuesta de su nombramiento como fiscal togada que trasladó el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al Consejo de Ministros en octubre de 2022.
Según las fuentes consultadas, aunque la ponencia de la magistrada Concepción Espejel se muestra contraria a la admisión, al no apreciar ninguna cuestión de trascendencia constitucional en la demanda de amparo y no apreciar vulneración alguna de sus derechos fundamentales en la resolución del alto tribunal, la mayoría progresista se decantará por su admisión, alineándose con un informe en sentido contrario presentado por la magistrada María Luisa Segoviano, expresidenta de la Sala Social del Supremo, que sí aprecia una especial trascendencia constitucional que justificaría su tramitación al tiempo que equipara este supuesto con la también petición de amparo solicitada por el fiscal Eduardo Esteban tras la anulación por partida doble de su nombramiento como fiscal de Menores. Una situación que, señalan fuentes del bloque conservador de la corte de garantías, "no tiene nada que ver" con el amparo que reclama la exministra de Justicia con Pedro Sánchez y exfiscal general del Estado.
En todo caso, la tramitación de ambos amparos anticipa otro enfrentamiento con el Tribunal Supremo, a quien ahora el TC puede cercenar su capacidad para revisar los nombramientos del fiscal general del Estado, que además llegó a anular también el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática.
Pero en esta ocasión, el amparo solicitado por la antecesora de García Ortiz se dirige contra la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que en noviembre de 2023 anuló su propuesta de designación, que avaló después el Consejo de Ministros, como fiscal togada, lo que supuso su ascenso a la máxima categoría de la carrera fiscal. Y es que los magistrados apreciaron "desviación de poder" en la decisión de García Ortiz en la medida en que consideraron que ejerció unas potestades administrativas "para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico".
Según concluyó el Supremo, el objetivo del fiscal general del Estado con esa resolución fue asegurar a Dolores Delgado su promoción a la máxima categoría de la carrera fiscal tratando de llenar lo que entendía una carencia de la legislación en vigor (que una fiscal general saliente no adquiriese la condición de fiscal de Sala, como el Gobierno había intentado sin éxito garantizar por ley en marzo de 2022 con una enmienda a la ley concursal).
De esta forma, según dictaminó el Supremo, se apartó "de la finalidad propia de la potestad de resolver convocatorias para plazas del Ministerio Fiscal, cuyas vacantes deben proveerse fundamentalmente con arreglo al criterio del mérito". El TS ordenó retrotraer las actuaciones al momento anterior al que García Ortiz elevó al Consejo de Ministros su propuesta, obligando por tanto a realizar una nueva propuesta ajustada a Derecho.
El alto tribunal daba así la razón al fiscal Luis Rueda, también candidato al puesto de fiscal togado, que fue apoyado por la mayoría del Consejo Fiscal, órgano consultivo del fiscal general cuyo posicionamiento, no obstante, es preceptivo pero no vinculante. Los seis vocales de la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) respaldaron su candidatura, mientras que la de Delgado fue avalada por los dos consejeros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y por la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, y la jefa de la Inspección, María Antonia Sanz, vocales natos de la institución y cargos de confianza de García Ortiz.
Ahora, la previsible decisión de admitir a trámite el recurso de amparo de Dolores Delgado contra ese varapalo a su sucesor abre la puerta a que el tribunal que preside Cándido Conde-Pumpido revise su doctrina sobre la capacidad jurisdiccional del Tribunal Supremo de revisar los nombramientos del fiscal general del Estado si el Pleno, de mayoría progresista, aprecia finalmente una vulneración de sus derechos fundamentales, lo que abriría un nuevo enfrentamiento entre el TC y la cúspide de la pirámide jurisdiccional de nuestro país, desde la que históricamente se ha reprochado al TC que actúe en determinados asuntos como una segunda instancia de revisión de las decisiones del Supremo asumiendo competencias que no le corresponden.