Bruselas analiza el polémico registro de viajeros español para averiguar si choca con la normativa europea de protección de datos
La Comisión Europea ha iniciado un análisis sobre el polémico registro de viajeros implementado por el Gobierno español, rechazado por hoteles, agencias de viajes y plataformas de alojamiento turístico al considerar que vulnera la normativa europea de protección de datos por la cantidad de datos sensibles y personales que exige recabar a las empresas y por el aumento de carga administrativa que supone. Precisamente, la investigación de Bruselas tiene como objetivo determinar si el registro, que entró en vigor el 2 de diciembre de 2024, cumple con la normativa comunitaria en materia de protección de datos. Así lo ha confirmado el comisario europeo de Justicia, Michael McGrath, en una respuesta escrita a la eurodiputada de Renovar Europa, Raquel García-Hermida.
El nuevo registro consiste en la aplicación del Real Decreto 933/2021 y obliga al registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor. Se exigen los datos de la empresa, los datos del establecimiento, los datos del viajero y los datos de la transacción. Algunos de los datos que deben dar de los clientes son nombre y apellidos, sexo, DNI, nacionalidad, fecha de nacimiento, lugar de residencia habitual, teléfonos, correo electrónico, número de viajeros y relación de parentesco (en el caso de que alguno sea menor de edad).
Según el Gobierno, la medida busca reforzar la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada. Sin embargo, García-Hermida ha cuestionado si este “registro masivo” respeta el principio de proporcionalidad, tal como exige la legislación europea. En la respuesta escrita a la que ha tenido acceso Servimedia, el responsable de Justicia de la UE, señala que la Comisión tiene conocimiento del real decreto 933/2021 que regula este nuevo registro, "y lo está evaluando a la luz de la legislación de la UE en materia de protección de datos".
McGrath reconoce que, en ciertos casos, el tratamiento de datos personales puede ser necesario para que las empresas turísticas ejecuten contratos con sus clientes, pero subraya que la UE aboga por reducir la carga administrativa en un 25%, sin comprometer los objetivos políticos de las iniciativas.
Críticas al "Gran Hermano turístico"
En su pregunta parlamentaria, la eurodiputada García-Hermida sostiene que en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada transnacional, "los Estados miembros harían mejor en centrarse en la aplicación y el cumplimiento de las leyes de seguridad europeas, y en financiar adecuadamente a agencias como Europol y Eurojust, en lugar de implementar medidas de seguridad falsas".
A la espera del pronunciamiento de Bruselas, el sector turístico español ha mostrado su rechazo al registro, calificándolo de perjudicial para las empresas. Durante la reciente feria de turismo Fitur, las principales asociaciones de agencias de viajes -Acave, CEAV, Fetafe y UNAV- presentaron al Gobierno un manifiesto conjunto para exigir la retirada de la normativa.
Según estas asociaciones, la nueva normativa que les obliga a proporcionar más información de datos de los clientes "está colapsando sus medios administrativos, además de que existen muchos problemas operativos en la aplicación de la misma". Critican que a raíz del decreto, deben hacer "gestiones que requieren ampliar horarios de trabajo o contratar a profesionales exclusivamente dedicados a esta función, lo cual exige una inversión económica fuera del alcance de muchas de estas empresas.
A todo ello hay que sumar los problemas técnicos y operativos de la plataforma del Ministerio del Interior". Las agencias también temen por culpa de la medida "una seria afectación comercial". "Los mercados internacionales están mostrando su preocupación por el elevado volumen de datos personales que el Ministerio del Interior exige comunicar, así como por el tratamiento que se realizará de los mismos. Concretamente, se teme una caída de ventas y que desvíen reservas a otros destinos, con el consiguiente debilitamiento de España como destino, con especial afectación al turismo de eventos", añaden en el manifiesto.