El fallo Levinas y el rol de la Ciudad de Buenos Aires en la organización nacional
Recientemente, en el fallo Ferrari, María Alicia c/ Levinas, Gabriel Isaías s/incidente de incompetencia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) declaró que "el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) es el órgano encargado de conocer en los recursos extraordinarios que se presenten ante la justicia nacional ordinaria de la ciudad". En otras palabras, las causas que tramiten en la Justicia Nacional, antes de acceder a la CSJN mediante el recurso extraordinario federal, deberán pasar por el TSJ de la Ciudad de Buenos Aires, agregando una instancia más antes de llegar a la Corte.
La jerarquización de la autoridad del TSJ por sobre la Justicia Nacional equipara a la Ciudad de Buenos Aires con las provincias en el manejo de la administración de justicia, conforme a lo establecido en el artículo 5 de la Constitución Nacional. Asimismo, la Corte se impuso un límite en la interpretación de las normas de derecho común, competencia que corresponde a las provincias, según lo dispuesto en el inciso 12 del artículo 75 de la Constitución Nacional.
Las controversias que genera este fallo están relacionadas con su impacto en los plazos procesales, la recarga y desconcentración de tareas del TSJ y la CSJN, las dificultades procesales que conlleva la tramitación cruzada de expedientes entre dos justicias con normas y sistemas distintos, y las incertidumbres que este cambio genera para quienes trabajan en y con la Justicia Nacional.
Sin embargo, para comprender este fallo en profundidad, es necesario analizarlo con perspectiva histórica. La federalización de la Ciudad de Buenos Aires significó, tras un largo período de luchas internas, la consolidación del poder nacional sobre las provincias. Muchos años después, su autonomización buscó recorrer el camino inverso, bajo la premisa de que el creciente poder adquirido por el presidente de la Nación amenazaba la república y las libertades individuales.
Actualmente, en la Ciudad de Buenos Aires conviven una justicia nacional con competencia ordinaria (civil, comercial, laboral y penal), producto de la federalización de Buenos Aires, y una justicia local con competencias contencioso-administrativas, tributarias, penales, contravencionales, de faltas y de relaciones de consumo. Esta situación anómala no se ajusta a la Constitución y, como señala el fallo, constituye un "desajuste institucional grave".
Las tensiones del federalismo han estado en el corazón de la historia argentina, con unitarios que lucharon por un gobierno central con sede en Buenos Aires y federales que buscaban una mayor autonomía provincial. Desde la Revolución de Mayo, han existido conflictos entre Buenos Aires y las provincias. Rivadavia intentó sin éxito centralizar el poder en Buenos Aires en 1826, lo que derivó en el liderazgo de Rosas sobre el interior. En 1852, Urquiza, con el apoyo de Uruguay y Brasil, derrotó a Rosas en la Batalla de Caseros, pero debió enfrentarse nuevamente a Buenos Aires en 1859 en la Batalla de Cepeda para lograr su incorporación a la unión nacional mediante el Pacto de San José de Flores.
Posteriormente, en 1861, la Batalla de Pavón consolidó el poder nacional centrado en Buenos Aires bajo Mitre. Finalmente, en 1880, en la Batalla de los Corrales Viejos, el gobierno nacional, liderado por Roca, se impuso sobre Buenos Aires, consolidando su poder sobre el puerto y convirtiéndola en la capital de la República.
Por más de un siglo, la Ciudad de Buenos Aires estuvo bajo el control presidencial, lo que otorgaba una fuente significativa de poder político. La Reforma Constitucional de 1994 buscó corregir esta situación mediante la autonomía de la ciudad, la creación del Consejo de la Magistratura, la figura del jefe de Gabinete y la regulación de los Decretos de Necesidad y Urgencia, con el objetivo de reducir la injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial y Legislativo.
El fallo Levinas reitera lo ya expresado por la CSJN en Bazán (2019) y otros precedentes, denunciando el "inmovilismo" de los poderes políticos y la "omisión legislativa", recordando que la organización del Poder Judicial es responsabilidad del Congreso según el inciso 20 del artículo 75 de la Constitución Nacional.
Algunos juristas, junto con la disidencia del juez Rosenkrantz, cuestionan si el inmovilismo político justifica la modificación de las competencias de los tribunales nacionales, dadas las implicancias para el desarrollo de los procesos judiciales. No obstante, la CSJN simplemente aplicó el artículo 129 de la Constitución Nacional, que otorga a la Ciudad de Buenos Aires un régimen de gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción.
Más allá de estos debates, en tiempos de "achicamiento del Estado", es fundamental que los argentinos y sus dirigentes logren construir consensos para concretar el demorado traspaso de la justicia y demás competencias nacionales a la ciudad. El fallo Levinas representa un paso más en el fortalecimiento del federalismo, la forma en que nuestra república organiza el poder para asignar responsabilidades y evitar abusos. No es la concentración de poder lo que ordenará el país, sino su legítimo y correcto uso por parte de cada institución creada por el pueblo argentino en la Constitución Nacional.