Nueva medida de Hacienda: hay que declarar los pagos con tarjeta si superan esta cantidad
Una de las funciones esenciales de la Agencia Tributaria es garantizar que tanto las personas como las entidades cumplan con sus responsabilidades fiscales, asegurándose de que se abonen los impuestos correspondientes. Este esfuerzo no solo tiene como propósito combatir el fraude fiscal, sino que también es fundamental para la redistribución de la riqueza, un mecanismo clave que permite financiar servicios públicos imprescindibles, como la sanidad, la educación y las infraestructuras.
Con este compromiso, el gobierno español está desarrollando un nuevo real decreto que establecerá mayores exigencias de información para las entidades financieras a partir de 2025.
Este nuevo reglamento, enmarcado dentro de los esfuerzos por modernizar y reforzar el control fiscal, exigirá a las empresas emisoras de tarjetas de crédito, débito y otros medios de pago, como tarjetas virtuales o de prepago, presentar informes detallados sobre las operaciones de sus clientes. Según ha publicado ''EL PERIÓDICO'', esta medida introduce una nueva declaración anual que las entidades emisoras deberán presentar en 2026, desglosando las operaciones que, en conjunto, superen los 25.000 euros anuales por tarjeta. Esto se aplicará a cualquier tipo de tarjeta: crédito, débito, prepago, monedero, tarjetas digitales, tarjetas para compras en línea, entre otras, independientemente de la moneda utilizada.
¿Qué significa esto para empresas y autónomos?
El informe incluirá información relevante como la identificación del titular de la tarjeta (ya sea una persona física o una empresa), el número total de cargos realizados durante el año y el importe global de estas operaciones, tanto de compras como de retiradas de efectivo.
El objetivo principal de esta medida es supervisar las grandes transacciones realizadas mediante sistemas electrónicos, combatiendo el blanqueo de capitales y el fraude fiscal. Estos problemas han cobrado mayor importancia debido al auge de los pagos digitales y la globalización económica.
Tras haberse sometido a un proceso de consulta pública, el proyecto del real decreto será enviado próximamente al Consejo de Estado para obtener el informe preceptivo. Una vez cumplido este trámite, se espera que sea aprobado por el Consejo de Ministros en un plazo breve, permitiendo su entrada en vigor.
La primera declaración en virtud de esta normativa se llevará a cabo en 2026, cubriendo las operaciones realizadas durante 2025. Además de esta declaración anual, el decreto también contempla que las entidades financieras reporten de forma mensual a la Agencia Tributaria todos los cobros realizados por empresarios o autónomos a través de tarjetas o aplicaciones de pago móvil, como Bizum o PayPal, sin importar el coste.