El juez invocó la "dificultad" del "entorno social y cultural" de Aldama para autorizar una baliza en su Audi
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, instructor del "caso hidrocarburos", autorizó en julio del pasado año -a petición de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil- la instalación de una baliza de seguimiento en un Audi A8 propiedad de Víctor de Aldama al descartar otras medidas por "la dificultad que ofrece el entorno social y cultural en que el objetivo desarrolla su vida", así como por las cautelas adoptadas por la supuesta trama de fraude del IVA en relación con sus comunicaciones.
Así lo pone de manifiesto el magistrado en un auto del pasado 17 de julio en el que da el visto bueno a la medida, al considerarla proporcional e idónea para los fines pretendidos (avanzar en la investigación del supuesto fraude tributario de más de 180 millones de euros entre 2022 y 2024).
En esa resolución, incorporada al sumario del caso, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el instructor pone de relieve -tres meses antes de ordenar la detención de Aldama, que se encontraba en libertad por el "caso Koldo"- "las dificultades para adoptar otras medidas de investigación menos gravosas para el investigado, por la dificultad que ofrece el entorno social y cultural en que el objetivo desarrolla su vida, así como las cautelas adoptadas en el uso de los medios de comunicación". Unos condicionantes que, según Pedraz, hacían "inviable la utilización de otros medios de investigación menos gravosos para los derechos fundamentales".
Finalmente el instructor acordó la medida, tras ponderar los principio de necesidad y excepcionalidad, pero tras matizar que resultaba "aconsejable" no agotar el plazo máximo de tres meses que permite la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) para este tipo de actuaciones policiales. Gracias a ese seguimiento del vehículo, expresó el titular del Juzgado de Instrucción número 5, se podría "obtener información trascendental para la finalidad de esclarecer los hechos".
En ese auto, Pedraz apuntaba incluso a un posible tráfico de drogas al asegurar que la medida estaba "directamente relacionada con la investigación de delitos de tráfico de
drogas y blanqueo de capitales en el seno de organización criminal".
Pedraz ordenó tres meses más tarde la detención de Aldama y de su socio Claudio Rivas, entre otros, a quienes envió a prisión provisional, que el comisionista sorteó en noviembre del pasado año tras su confesión en la Audiencia Nacional ante el juez del "caso Koldo", Ismael Moreno, involucrando a ministros y altos cargos del PSOE en la presunta trama de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas.
Apenas dos semanas después, Pedraz estrechó aun más el cerco sobre Aldama autorizando a la Guardia Civil a instalar un software, entre el 31 de julio y el 31 de agosto, que permitiese "de forma remota y telemática" y "sin conocimiento" del empresario, extraer toda "la información contenida o almacenada" en su móvil, "autorizando el uso de los códigos obtenidos en el registro remoto" para poder así así acceder "a los repositorios de internet". Con este dispositivo, el juez daba el visto bueno a la extracción del contenido de la memoria del teléfono y de las tarjetas SIM o de memoria. Idénticas medidas aprobó en relación al socio de Aldama, el empresario Claudio Rivas.
Sin embargo, un mes después, el 26 de agosto un nuevo mandamiento judicial, que deja constancia de la prórroga de esas medidas, deja constancia de que "hasta el momento por parte de la Dirección General de la Guardia Civil no ha sido viable la instalación del software que permita de forma remota y telemática, el examen a distancia y sin conocimiento de sus usuarios, y la extracción de información contenida o almacenada en los teléfonos que se solicita".
Finalmente, el instructor acordó el cese de las intervenciones telefónicas el 23 de octubre del pasado año, 15 días después de la detención de Aldama y de acordar su ingreso en prisión provisional como el supuesto cabecilla, junto a Claudio Rivas, del fraude del sector de hidrocarburos. Para entonces, según reseñó, ya no era "necesario conocer el contenido de las referidas comunicaciones para avanzar en la investigación".
Esas escuchas telefónicas permitieron constatar, por ejemplo, el uso "habitual y constante" de aplicaciones VozIP para comunicarse entre los integrantes de la trama, "incluso para acordar citas
y reuniones entre ellos". Y es que en esas intervenciones "no consta ninguna llamada entre los principales investigados".
"A pesar de no existir ninguna comunicación registrada en la interceptación de las comunicaciones" de Aldama, la UCO puso de relieve al juez "la estrecha relación" que mantenía con Claudio Rivas, constatada a través de "numerosas reuniones entre ellos y con otros miembros destacados de la presunta organización criminal, así como con personas dispuestas por la misma para consecución de los fines defraudatorios".
Según la UCO, Aldama era "un miembro imprescindible para el funcionamiento de la organización criminal investigada por sus vinculaciones y estructura empresarial, contactos, control y la labor de
conseguidor que desempeña en todas las áreas de actuación de la estructura criminal investigada, logística, fiscal, bancaria e inmobiliaria". Sin su presencia, dejaba claro, "la organización no tendría capacidad operativa al no existir otro miembro con los contactos necesarios para sustituirle, por lo que quedaría inoperativa".