Especialistas cuestionan uso de las redes sociales por parte del Ministerio del Interior: “Representa una censura a la prensa”
Una investigación de La República reveló que el Ministerio del Interior ha adoptado como práctica rutinaria negar la veracidad de las notas periodísticas que evidencian las falencias en su gestión. Al menos en diez ocasiones, la cuenta oficial de X de esta cartera ha catalogado de “falso” informes de distintos medios que, en realidad, son auténticos. Este hecho fue comentado por especialistas internacionales y nacionales de fact checking, quienes alertaron que se trata de una actividad imparcial y que distorsiona la realidad.
Martín Slipczuck, periodista argentino y coordinador del portal de verificación de datos Chequeado, compartió su perspectiva sobre la manipulación de información ejercida por distintos grupos de poder y, en este caso, por la cuenta institucional del Ministerio del Interior. Al respecto, señaló que la imposición de una posverdad desde portales institucionales y oficiales del Estado es una realidad ineludible en la mayoría de los países de la región y del mundo.
"Muchos políticos utilizan cuentas aliadas en redes sociales para manipular los datos"
"Muchos políticos utilizan no solo su posición en el Estado, sino también cuentas aliadas en redes sociales para manipular los datos a favor de narrativas que buscan instalar. Esto no es algo nuevo. En Argentina, por ejemplo, es común citar casos de desinformación durante la última dictadura militar o en la guerra de Malvinas, que ocurrió hace más de 40 años. Sin embargo, las redes sociales han ampliado la cantidad de información disponible y, con ello, la propagación y velocidad de la difusión de desinformación", explicó.
Slipczuck también advirtió que esta práctica responde a un patrón de posverdad adoptado por otros Estados en perjuicio de la democracia, como el que ahora replica el Ministerio del Interior. Para el periodista, esto representa un claro ejemplo de cómo se puede utilizar la verificación de datos para reforzar narrativas que distorsionan la realidad.
"La investigación muestra algo que ha ocurrido en los últimos años en la región: varios Estados no solo buscan regular la desinformación o la verificación de datos, sino que también emplean estas prácticas de manera sesgada, en favor de sus propios intereses. Ha habido experiencias similares en Argentina, Brasil o México. Definitivamente, el caso de Perú llama la atención por la manera en que intentaron imitar esta forma de hacer periodismo, pero la aplicaron sin transparentar un método claro, de forma parcializada para defender intereses propios e, incluso, publicando supuestas verificaciones que no eran ciertas", afirmó.
"El análisis de la información que hacen los chequeadores debe ser independiente"
Por su parte, Olivia Sohr, directora de impacto y nuevas iniciativas del portal Chequeado, también brindó su opinión al respecto. Sohr detalló que el trabajo de verificación de hechos no puede ser realizado por cualquiera, sino que debe estar a cargo de periodistas que han pasado por procesos de evaluación rigurosos.
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"El análisis de la información que hacen los chequeadores debe ser independiente, justamente para evaluar la veracidad de los contenidos de manera imparcial. Para esto, quienes formamos parte de la red internacional de chequeadores (IFCN) pasamos por un proceso riguroso anual en el que analizan nuestro contenido y nuestro método para verificar que no seamos parciales", señaló.
En esa línea, la periodista y socióloga argentina consideró que lo realizado por el Ministerio del Interior no constituye una verdadera verificación de datos, sino una forma de comunicación institucional que resulta nociva para la democracia. "Si es un órgano de gobierno quien está evaluando los contenidos, se trata más bien de una forma de comunicación institucional, ya que no hacen un chequeo independiente de los contenidos. El uso del formato de los chequeadores es peligroso, dado que confunde a las audiencias. Lo que hace un órgano de gobierno no es fact-checking", concluyó.
"Esta mala práctica estigmatiza y viola los derechos humanos"
En tanto, José Flores Vargas, presidente del Comité de Ética Gremial de la Asociación Nacional de Periodismo (ANP), calificó de "irresponsable" la actitud adoptada por el equipo de comunicación de esta entidad, pues considera que busca manipular la narrativa oficial a su favor. Además, señaló que las instituciones públicas tienen serios problemas de comunicación y que, al no poder mantener un diálogo adecuado con la ciudadanía, recurren a la represión.
"Me parece irresponsable que una institución del Estado, como el Ministerio del Interior, utilice la verificación de datos para manipular la información y desacreditar a los medios de prensa. Eso no es ético. ¿Dónde quedan los valores que el Gobierno dice defender ante la ciudadanía? Más aún cuando la inseguridad en el país es un problema cotidiano. El Gobierno no muestra eficiencia ni eficacia en sus acciones y, como consecuencia de un problema tan grave, las críticas son frecuentes. Esto los lleva a responder de manera hostil en sus redes sociales para descalificar la información de los medios porque se sienten atacados. Otro problema es que no saben comunicar de manera adecuada a la opinión pública. Actúan con una actitud represiva, evaden su responsabilidad y minimizan la gravedad de los hechos que ocurren en el país", declaró Flores.
El comunicador sostuvo que esta postura fomenta la censura y la desacreditación del periodismo. Asimismo, enfatizó que la Defensoría del Pueblo debería pronunciarse sobre la instrumentalización de la verificación de datos por parte del Ministerio del Interior.
"Por supuesto que esto representa una censura a la prensa. La Defensoría del Pueblo debería manifestarse al respecto. Es evidente que una institución del Estado mantiene esta mala práctica de verificación de datos. Prácticamente, el Ministerio del Interior está tergiversando una herramienta que responde a un principio básico del periodismo. La ANP está en contra de esta práctica (...)", opinó.
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Finalmente, Flores advirtió que, a largo plazo, esta práctica podría configurar una violación al derecho a la libertad de expresión de los periodistas que fiscalizan a las instituciones públicas.
"El mal uso de esta herramienta de comunicación implica riesgos, como el cercenamiento de la libertad de expresión o la censura. Esta mala práctica estigmatiza y vulnera los derechos humanos. La verificación de datos institucional, cuando se usa para desacreditar u ocultar información, representa una amenaza para la sociedad y para la labor de los medios de comunicación en la lucha contra la desinformación. Las instituciones públicas podrían convertirse en aliadas de la desinformación si continúan utilizando sus cuentas oficiales de esta manera. Es algo preocupante (...)", concluyó.