Se reactiva el "caso Pegasus": el juez pide a Francia toda la información del software y a Israel que declare su responsable
El juez que investiga en la Audiencia Nacional el "caso Pegasus", José Luis Calama, ha emitido una orden europea de investigación dirigida a la justicia de Francia para que le hagan llegar toda la información que sobre el software israelí hayan obtenido durante la investigación, aún en curso, del espionaje que sufrieron varios dirigentes políticos galos, como adelantó LA RAZÓN.
El instructor de la causa en nuestro país que indaga en el acceso ilegítimo que sufrieron en sus móviles con Pegasus miembros del Gobierno de Pedro Sánchez quiere que haya un intercambio más amplio de información con Francia para conocer el contenido de la información que les facilitó la empresa israelí propietaria, NSO Group.
El juez Calama coloca como necesidad prioritaria para el avance de la investigación el poder acceder a los datos que esta compañía hizo llegara las autoridades francesas sobre el mecanismo control interno que tiene el programa informático de espionaje
Así como un detalle más amplio de las investigaciones técnicas que llevó a cabo la Agencia Nacional Francesa de Seguridad de los Sistemas Informáticos (ANSSI). La petición va dirigida, concretamente, al vicepresidente de la División Económica y Financiera del Tribunal Judicial de Paris que instruye la causa homóloga en el país vecino.
Al mismo tiempo, el titular del Juzgado de Instrucción número 4 ha emitido otra comisión rogatoria a las autoridades judiciales de Israel para reiterar la necesidad de contar con la información que ya solicitó a NSO Group en mayo de 2022. El juez Calama reclama también al país de Oriente Próximo que tramite la declaración como testigo del director general de la tecnológica. El objetivo de estas dos diligencias es poder identificar a los autores del espionaje que sufrieron los móviles del presidente del Gobierno y de los ministros de Defensa, Margarita Robles; Interior, Fernando Grande-Marlaska y Agricultura, Luis Planas.
En su auto, el instructor deja patente que la información que ya facilitaron las autoridades judiciales francesas no aporta ninguna novedad sobre los datos que han podido ser extraídos de los teléfonos infectados, tal y como puso de manifiesto el Centro Criptológico Nacional en varios informes.
Principalmente, detalla el juez, porque el código dañino empleado no deja registro alguno de su actividad en el sistema de los teléfonos, más allá de la cantidad de datos extraída y que fue, seguidamente, enviada a sus servidores. Por esta vía es, por tanto, técnicamente imposible conocer nada sobre cuál fue la información a la que pudieron tener acceso los atacantes que utilizaron Pegasus contra el Ejecutivo.
Desde la división del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) especializado en asuntos informáticos explican que Pegasus, por el tipo de spyware comercial que es, hace prácticamente imposible identificar, utilizando medios técnicos, de quién partió el ataque. Lo que coincide, expone el juez Calama citando los informes de inteligencia, en los ataques de los que fueron víctimas los dispositivos utilizados por miembros de nuestro Consejo de Ministros y los de los políticos franceses es la infraestructura utilizada y el uso de un correo electrónico concreto.