Democracia defectuosa
Existe una organización llamada Transparencia Internacional. Es el principal indicador mundial de corrupción en el sector público. Examinan a más de cien países. Debido a las actividades conocidas del Gobierno de Sánchez en 2024, España ha bajado al puesto 16 de 27 en la Unión Europea, empatando con Chipre y República Checa. Esto coloca a nuestro país entre las llamadas «democracias defectuosas». Pero, dadas las noticias que van saliendo en lo que llevamos de 2025 es posible que España baje mucho más, quizá a «democracia solo en el nombre».
El descenso de categoría no es extraño. Tenemos en curso la trama del exministro Ábalos y Koldo, las acusaciones de Víctor de Aldama, el trampolín profesional de Begoña Gómez, y la corrupción sinfónica de David Sánchez, que ya no hace falta que sepa dónde estaba su oficina ni a qué se dedicaba.
No acaba ahí. Es lógico que a un observador internacional que no esté intoxicado por la polarización patria, el caso del Fiscal General del Estado le parezca de manual. Uno de esos que sirven de ejemplo para mostrar la necesidad de que no exista injerencia del poder ejecutivo en el judicial, la importancia de la independencia de los jueces, y la conveniencia de que haya una policía profesional y honrada.
La secuencia es tan definitoria que se hace difícil argumentar que el fiscal deba seguir, o que, como pidió Sánchez, haya que pedirle perdón. Cada día que pasa la incriminación avanza, no lo contrario. El borrado de los emails de la cuenta personal desmonta el argumento de que borró los mensajes del móvil siguiendo un protocolo. Su comportamiento confirma las sospechas: la banda se activó para derribar a una rival política utilizando los instrumentos estatales y la prensa amiga. Eso motivó la filtración desde la Fiscalía a Moncloa y de ahí a un periodista.
Entre medias se produjo la orden a Lobato, del PSOE madrileño, para que sacara la «noticia» en la Asamblea de Madrid en plena discusión con Ayuso. Esto provocó que la denuncia por revelación de datos personales se pusiera en marcha. Solo podía haber una fuente y un objetivo del presunto delito. Bolaños lo desveló muy pronto: había que ganar la batalla del relato a la Puerta del Sol. Quedaba pendiente el punto de fuga, pero solo había uno posible.
Las noticias se fueron sucediendo, desde un abandono rápido de un partido del Atleti para pasar la información, a la purga de Lobato, que pasó por el notario para certificar que él no había sido el delincuente. Por eso el 16 de octubre pasado el fiscal general fue imputado. Ese día, García Ortiz borró hasta en dos ocasiones todos sus wasaps del móvil y cambió de terminal. Cuando aparecieron las protestas por destrucción de pruebas, el fiscal alegó con altanería que seguía un protocolo y que lo hacía porque quería.
Tras la constatación del borrado, el número 1 salió en los medios diciendo que había que pedir perdón a García Ortiz por las acusaciones proferidas por «asociaciones ultras», la oposición y la prensa. Pero la UCO no se detuvo y verificó con las empresas que los wasaps se podían rescatar. Fue entonces cuando el fiscal borró su cuenta privada de correo electrónico, usada presuntamente para hablar con otros miembros de la cúpula sanchista. El objetivo fue hacer desaparecer todas las huellas posibles y dejarlo a la pericia de la UCO y de los técnicos de
Google, Vodafone y Movistar. La presunta destrucción de pruebas está recogida en el Código Penal, donde yo no entro. No sabremos cuál será el siguiente paso, sin embargo es evidente que el fiscal se inmola para proteger al grupo.
En suma, a un Gobierno que tanto le gusta alardear de ser la vanguardia del progreso universal le tendría que preocupar que España sea catalogada de «democracia defectuosa» por su culpa. Estaría bien que el dogma progresista contuviera también el concepto de «dimitir por servicio público».