Ataque a la presidenta del Poder Judicial: La JNJ evalúa suspender y destituir a Janet Tello y otros 4 jueces supremos
La Junta Nacional de Justicia, que preside el ex procurador Gino Ríos Patio, estaría evaluando suspender y destituir a la presidenta del Poder Judicial, la jueza suprema Janet Tello Gilardi por un supuesto error que ella y otros cuatro jueces supremos habría cometido al resolver un proceso de carácter laboral como integrantes de la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema.
De acuerdo con fuentes de La República, por 4 votos contra 3, el pleno de la JNJ decidió abrir proceso inmediato disciplinario de destitución a los jueces supremos Janet Tello Gilardi, Carlos Calderón Puertas, Omar Toledo Toribio, Ricardo Corrales Melgarejo y Liliana Dávila Broncano. Hasta el 31 de diciembre de 2024, ellos integraban la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema.
Tello Gilardi es hoy la presidenta del Poder Judicial y se ha enfrentado al gobierno de Dina Boluarte y el Congreso de la República, en defensa de la independencia y autonomía de los magistrados. En tanto, Ricardo Corrales es el actual presidente de la Corte Superior de Junín. Los demás magistrados siguen en la Corte Suprema. La decisión de la Junta les será notificada en las próximas horas.
Interés políticos buscarían coaccionar al Poder Judicial
El procedimiento disciplinario inmediato fue promovido por la consejera, ex congresista y ex jueza, María Teresa Cabrera Vega, presidenta de la Comisión de Procesos Disciplinarios de la JNJ, contando con el respaldo de Víctor Chanduvi Cornejo, Germán Serkovic Gonzales y Ríos Patio. Chanduvi fue decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO).
Los consejeros Francisco Távara Córdova, Jaime de la Puente Parodi y Rafael Ruiz Hidalgo votaron en contra del proceso disciplinario inmediato concebido para casos de grave corrupción pública de notorio impacto en la opinión pública que no se observa en este caso. Las fuentes consultadas por La República hablan de interés políticos detrás de esta decisión.
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Todos los siete consejeros estuvieron de acuerdo en iniciar un proceso disciplinario para el esclarecimiento de los hechos. En donde se generó discrepancia es utilizar el proceso disciplinario inmediato. Los tres consejeros que votaron en contra señalaron que se debía realizar una investigación preliminar que permita conocer lo sucedido e identificar responsabilidades. Es lo que se ha hecho, en otros casos similares. El despacho de la presidenta del Poder Judicial no realizó comentarios para está nota.
En el proceso inmediato todo se decide en 10 días. Los cinco jueces supremos investigados tendrán ese plazo para presentar sus descargos, luego de lo cual, el consejero instructor presentará una propuesta de sanción a favor o en contra de la destitución y otra sanción menor. Además, en cualquier momento se puede plantear la suspensión inmediata y urgente de los cinco magistrados investigados, que deberán alejarse del Poder Judicial. La Junta ya están discutiendo esta posibilidad.
Janet Tello, una jueza incómoda para el poder
Las fuentes de La República indican que la jueza suprema y presidenta del Poder Judicial se ha vuelto incómoda para los grupos corruptos que controlan el Ejecutivo y el Legislativo y tendrían gran influencia en la Junta Nacional de Justicia. "Le pediría a la presidenta Dina Boluarte que dejemos de estar calificando labores. En La Libertad, hemos tenido un mensaje de unidad que la presidenta, quizá porque no estuvo en el país, no se ha enterado, para mejorar las unidades de flagrancia; no echarnos las culpas, probablemente todos tengamos alguna responsabilidad", cuestionó Janet Tello, a las criticas de la mandataria al sistema judicial.
En otro momento, Janet Tello declaró que la presidenta Boluarte debe estar mal asesorada, porque en un momento donde requerimos que todos los poderes del Estado estemos unidos para hacer frente a problemas mayores, ella, de repente, se está ensimismando en asuntos que todos tenemos que responder cuando hay alguna investigación. Los funcionarios estamos siempre bajo la atenta mirada del ojo ciudadano. Todos estamos sometidos a investigaciones, al ojo crítico, a saber responder también. Rendir cuentas".
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La presidenta del Poder Judicial también ha criticado al parlamento por las leyes a favor del crimen organizado. “Le digo a los señores del Congreso. Si nosotros tenemos 3 mil causas a octubre, se dicta la ley (32130) y ahora tenemos más de 14 mil causas en la Sala Penal Permanente, algo no está bien. Tienen que escucharnos. Tienen que escuchar la voz de los jueces que aplicamos las normas.
También se ha opuesto a restablecer los jueces sin rostro que actuaron durante la dictadura de Alberto Fujimori. “Ya la experiencia la tuvimos para juzgamientos en casos de terrorismo. Fracasó. Se consideró que la garantía de la administración de justicia es que el ciudadano, el procesado, quien fuera, necesita saber quién es el juez que está juzgando. Estoy en contra. Sería inconstitucional porque hay una garantía del juez natural (...) la garantía es para las personas, de la independencia, de la imparcialidad. ¿Yo cómo sé quién está detrás de una luna o de una careta?
Un error judicial y responsabilidades individuales
La investigación disciplinaria iniciada por la JNJ contra Tello Gilardi y otros cuatro jueces tiene que ver con uno de los más de 11 mil expedientes que resolvió la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de naturaleza laboral. Para resolver esta cantidad de expedientes, los cinco jueces se dividen los procesos. Un magistrado estudia el caso y elabora un proyecto de sentencia que expone, luego a sus colegas. A este magistrado se le conoce como ponente y si todos concuerdan con el proyecto firman dando su conformidad y convirtiendo, de esa manera, ese documento en una sentencia judicial.
"Un tribunal supremo trabaja sobre el principio de confianza, pues sería materialmente imposible que todos los magistrados conozcan el detalle de cada expediente. Para eso, el artículo 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que el ponente responde por los datos y citas consignados u omitidos en su ponencia, que se convirtió en una sentencia.
En este caso, la JNJ cuestiona a los mencionados jueces supremos invocar una norma derogada en la sentencia. La investigación disciplinaria preliminar permitiría conocer el detalle del caso e identificar al ponente, que sería el único responsables del error cometido, no sus demás colegas que firmaron por el principio de confianza.
Sin embargo, la mayoría de los consejeros votaron por iniciar el procedimiento disciplinario inmediato. Este proceso se resuelve en 10 días. La presidenta del Poder Judicial y sus colegas deben estar siendo notificados de la decisión en las próximas horas. Luego tendrán 10 días para presentar sus descargos y pedir una audiencia pública. Durante este plazo, los consejeros pueden disponer la suspensión en el ejercicio de sus funciones del magistrado investigado y al concluir el plazo resolverán cual es la sanción a imponer.